Desde hace más de 80 años, en el sur del estado se fabrican muebles de madera que han formado parte de hogares y negocios en México En Concordia, trabajar la madera forma parte de la historia local. Durante más de ocho décadas, generaciones de artesanos han desarrollado y perfeccionado técnicas para convertir distintos tipos de madera en muebles, una actividad que hoy forma parte de la identidad del municipio. En la Plazuela Morelos, ubicada en el centro histórico, una silla mecedora gigante de madera, de aproximadamente 3.5 metros de altura, representa este legado cultural y da la bienvenida a turistas y locales. En Mesillas, la capital del mueble de Sinaloa, se concentran más de 25 mueblerías y alrededor de 40 talleres. Aquí, los artesanos transforman maderas como cedro, caoba, parota y encino en una amplia variedad de muebles con propuestas coloniales, rústicas, minimalistas y contemporáneas. Entre las maderas utilizadas destaca el venadillo, también conocido como caoba del Pacífico, cuyo uso forma parte de la herencia forestal de la zona. Esta madera nativa se distingue por sus vetas y tonalidades cálidas, que pueden ir del café rojizo a matices vino o morados y adquirir distintas tonalidades con la luz. Sus líneas naturales hacen que cada pieza conserve características propias de la madera con la que fue elaborada, por lo que no existen dos exactamente iguales. A lo largo del proceso de fabricación, que incluye el corte, labrado, ensamblaje y acabados finales, se involucra a carpinteros, pintores y tapiceros, quienes forman parte de una cadena de valor local. Su oferta incluye comedores, recámaras, alacenas, cómodas, roperos, salas y artículos decorativos, a los que se incorporan materiales como tapices, pieles, cristales y herrería, para desarrollar distintos acabados y responder a las necesidades y preferencias de cada cliente. Asimismo, la durabilidad es otro aspecto característico de la producción local. En distintos hogares de la zona, piezas elaboradas hace años continúan en uso y, cuando es necesario, se restauran para prolongar su vida útil. Esta práctica permite conservar muebles que hablan del cuidado puesto en su elaboración y de las habilidades técnicas necesarias para fabricarlos. Los diseños y materiales se han diversificado, pero el trabajo de la madera continúa siendo el eje de una actividad que ha sabido ensamblar lo mejor de las técnicas tradicionales con nuevas propuestas. Esta evolución le ha permitido adaptarse a las tendencias actuales sin perder el vínculo con sus raíces. Esta industria también ha encontrado nuevos espacios para impulsar su trabajo. En 2019 se llevó a cabo la primera edición de Expo Mueble Concordia, un escaparate creado para dar visibilidad al talento de los productores locales. En aquella primera edición participaron siete expositores locales; para 2025, la cifra superó los 40 expositores y el encuentro recibió a más de 5,000 visitantes. Además, el municipio conserva atractivos históricos, gastronómicos y naturales que le han valido el reconocimiento como Pueblo Señorial de Sinaloa. En su centro histórico destacan el Templo de San Sebastián, la Casa de Piedra y el Museo Regional MURCO; el pan artesanal elaborado en hornos de leña es un imperdible de su cocina, mientras que en sus alrededores se encuentran Copala, con un pasado minero, Aguacaliente de Gárate, con aguas termales, y El Palmito, para la observación de aves y el senderismo. En Concordia, la madera forma parte de su identidad y de la vida cotidiana. Conocer su historia y el trabajo de los artesanos permite acercarse a una parte de la cultura local construida alrededor de este oficio.
La "trampa" de los parquímetros privatizados: del abuso municipal al histórico fallo contra Doups Holdings Por Redacción El modelo de privatización del espacio público a través de concesiones de parquímetros ha demostrado ser, en diversos municipios del país, una bomba de tiempo financiera para las arcas públicas. Un patrón recurrente ejecutado por empresas concesionarias —como el caso de Iberparking S.A. de C.V. y firmas afines— consiste en firmar contratos leoninos a largo plazo (de 10 a 30 años) con ayuntamientos salientes. Cuando la presión social o las irregularidades obligan a los gobiernos locales a suspender o cancelar el servicio, las empresas desencadenan una ofensiva de demandas administrativas y arbitrajes para exigir indemnizaciones millonarias por "ganancias no percibidas". Casos como los de Tecate (donde el ayuntamiento terminó pactando un finiquito de 98 millones de pesos), Ensenada, Ciudad Valles y Cuautla exhiben cómo el cobro por estacionarse en la vía pública se convierte en un mecanismo de litigio estratégico en perjuicio de los ciudadanos. El precedente histórico: la CDMX vence reclamo de $600 MDP bajo el TLCAN Frente a esta dinámica de presiones judiciales por concesiones revocadas, la Ciudad de México acaba de sentar un precedente legal trascendental a nivel nacional e internacional en la defensa del interés público. Un Tribunal Arbitral internacional emitió su fallo a favor del Gobierno de la Ciudad de México en el litigio promovido por la empresa estadounidense Doups Holdings LLC, la cual reclamaba un pago de más de 600 millones de pesos al amparo del marco de protección a inversiones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). La controversia se originó tras la resolución iniciada en 2022, cuando las autoridades capitalinas revocaron las concesiones para la operación de parquímetros que habían sido otorgadas a la empresa Pagomet. Ante la cancelación, la firma pretendió llevar el conflicto al terreno del arbitraje internacional bajo el argumento de una supuesta expropiación indirecta. Sin embargo, el Tribunal Arbitral desestimó las pretensiones de la compañía extranjera al determinar que carecía de jurisdicción para resolver el fondo de la controversia. Un blindaje para los municipios de México Este fallo sienta una lección jurídica fundamental para los ayuntamientos que actualmente enfrentan chantajes judiciales o demandas millonarias por la cancelación de parquímetros: Límites a los arbitrajes abusivos: Demuestra que las empresas concesionarias no pueden utilizar los tratados internacionales ni los tribunales de arbitraje como un "seguro de cobro" automático cuando sus concesiones son revocadas por incumplimientos o interés público. Soberanía en la gestión del espacio público: Reafirma la facultad de los gobiernos locales para regular, sancionar o retirar concesiones viales sin que ello implique una indemnización multimillonaria obligatoria si el procedimiento se ejecuta con rigor técnico y legal. Un alto al negocio del litigio: Pone un freno al modus operandi donde el verdadero negocio de la concesión no era la recolección de monedas en la calle, sino la demanda millonaria posterior contra el erario municipal. El esquema operativo atribuido a la empresa Iberparking S.A. de C.V. (y sus filiales/asociadas) consiste en obtener concesiones a largo plazo (de 10 a 30 años) para gestionar parquímetros en calles públicas de diversos municipios. Cuando surgen controversias sociales, cancelaciones por la vía política o incumplimientos en la entrega de calles/permisos, la empresa recurre a demandas administrativas, de amparo y reclamos millonarios de indemnización contra los ayuntamientos. Casos documentados en México Se tiene registro formal de al menos 4 a 5 casos principales en los que Iberparking ha participado en litigios o disputas de concesión con gobiernos municipales: Tecate, Baja California: Conflicto: Tras una consulta ciudadana en la que casi el 90 % de la población rechazó el cobro de la vía pública, el ayuntamiento buscó cancelar la concesión otorgada a la empresa. Resultado/Demandas: La empresa inició procesos legales de los cuales derivó un acuerdo de rescisión indemnizatoria. El Municipio terminó pactando el pago de un finiquito de 98 millones de pesos diferido en 13 años para poder recuperar el control de los parquímetros. Ensenada, Baja California: Conflicto: El XXII Ayuntamiento otorgó la concesión a Iberparking. Diversos sectores impugnaron el proceso por considerar que violaba el Reglamento de Estacionamiento de la vía pública. Resultado/Demandas: La empresa promovió juicios de amparo en tribunales federales para defender su contrato y frenar las revocaciones intentadas por la administración municipal. Ciudad Valles, San Luis Potosí: Conflicto: Años de protestas de ciudadanos y comerciantes locales por cobros indebidos, fallas operativas e inmovilización de vehículos ("arañas") sin criterio claro. Resultado/Demandas: Tras incumplimientos administrativos y la resistencia del municipio a ampliar el polígono de cobro, la empresa entabló recursos de exigencia legal para reclamar la vigencia del contrato o exigencias económicas de indemnización. Cuautla, Morelos: Conflicto: La empresa ingresó para instalar parquímetros en la vía pública argumentando problemas de vialidad. Sin embargo, la zona contaba con un decreto presidencial de Zona de Monumentos Históricos. Resultado/Demandas: Un juzgado de distrito ordenó el retiro de dispositivos. A raíz de la suspensión de operaciones, se generó un litigio prolongado en el que Iberparking demandó al ayuntamiento por cobro de daños e incumplimiento de contrato. El "Modus Operandi" detectado Firma de concesión desventajosa: Conseguir la aprobación del Cabildo en administraciones salientes para operar las calles comerciales clave por plazos muy extensos. Tensión social e incumplimiento municipal: Provocar el descontento de la ciudadanía (por colocar inmovilizadores o tarifas altas), lo que obliga al presidente municipal en turno a suspender o rescindir el contrato. Litigio estratégico / Extorsión contractual: Ante el incumplimiento o revocación decretada por el Ayuntamiento, la concesionaria activa demandas administrativas/judiciales demandando el pago de ganancias estimadas no percibidas a lo largo de los años pactados. En muchos casos, los municipios prefieren liquidar indemnizaciones millonarias con recursos públicos antes que enfrentar el embargo de sus cuentas. ¿Cómo lograron firmar estos contrato? La desproporción de estos contratos y la prisa con la que fueron aprobados por Cabildos salientes sugiere la presencia de pactos opacos o presuntos actos de corrupción en perjuicio del erario La irracionalidad de los contratos: Ningún gobierno local actuando de buena fe y en defensa del interés público firmaría voluntariamente una concesión a 20 o 30 años que incluya cláusulas de indemnización multimillonaria, entrega total de las mejores calles comerciales y sanciones desmedidas para el municipio en caso de rescisión. El patrón del "madruguete": Muchas de estas concesiones se aprobaron en sesiones de Cabildo a puerta cerrada, de último minuto o durante las semanas de transición de administraciones salientes, lo que en el ámbito de la fiscalización pública es un indicador clásico de acuerdos al margen de la ley. El verdadero negocio no era el servicio: Cuando una empresa diseña un contrato blindado para ganar más dinero demandando al Estado por su cancelación que cobrando monedas en el parquímetro, la estructura contractual responde a un diseño de captura del presupuesto público. Instrucción para Google Vids: Crea un video promocional dinámico de 30 a 45 segundos para redes sociales basado en la siguiente nota informativa. Usa frases cortas en pantalla, voz en off clara y estilo de evento deportivo de rodeo CASOS IBERPARKING Y DOUPS HOLDINGS ¿El negocio de los parquímetros es cobrar por estacionarse... o demandar a los municipios? ¿El negocio de los parquímetros es cobrar por estacionarse... o demandar a los municipios? En México, diversas empresas han aplicado un patrón: firman concesiones a 20 o 30 años y, cuando el ayuntamiento o los vecinos cancelan el servicio, exigen indemnizaciones millonarias con dinero público. Ocurrió en Tecate, donde el municipio terminó pagando 98 millones de pesos tras cancelar la concesión. Un esquema que también ha generado fuertes litigios en Ensenada, Cuautla y Ciudad Valles. Pero este negocio acaba de recibir un golpe histórico. La Ciudad de México logró frenar una demanda de más de 600 millones de pesos interpuesta por la empresa estadounidense Doups Holdings bajo el amparo del TLCAN. El Tribunal Arbitral falló a favor del gobierno capitalino tras la revocación de concesiones a la operadora Pagomet, determinando que carecía de jurisdicción. Un precedente clave para todo el país: el espacio público no puede utilizarse como un cheque en blanco para exprimir los presupuestos municipales. Cláusulas leoninas, plazos a 30 años y beneficios unilaterales: todo apunta a que estos contratos no se firmaron pensando en la movilidad, sino al amparo de la opacidad y el amasiato político
Por: Martín Lazo Cuevas En el complejo ajedrez de la geopolítica de la información, con frecuencia asistimos a fenómenos donde la distancia geográfica y el prestigio institucional terminan convertidos en mamparas para la reproducción de discursos locales. El más reciente informe del laboratorio de investigación del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de California en Berkeley, enfocado en las agresiones a periodistas y defensores en México, constituye un ejemplo fehaciente de esta dinámica. Lo que a primera vista se presenta con la pátina de la rigurosidad científica y la imparcialidad metodológica del Norte Global, revela al desmenuzarse una coincidencia casi milimétrica, frase por frase y concepto por concepto, con la narrativa de la oposición política nacional. Resulta indispensable señalar el desatino metodológico que significa pretender encuadrar la realidad mexicana dentro de moldes anglosajones y parámetros judiciales extranjeros. En la arquitectura legal e institucional de México, la existencia probada de un delito, la determinación de la calidad de víctima y la atribución de culpabilidades a un victimario requieren de un proceso penal conducido formalmente a través de carpetas de investigación ante la fiscalía correspondiente y respaldado por una sentencia firme emitida por el Poder Judicial. Sin embargo, en el documento emitido por Berkeley no existe referencia contundente a expedientes judiciales ni a procesos penales concluidos que determinen la autoría directa o instigación de los gobiernos federal o estatales en los crímenes relatados. Esa omisión de la verdad jurídica no es casual; responde a la adopción ciega de un conteo de hechos aislado que sustituye el debido proceso por el señalamiento político. Al asumir como verdades axiomáticas las premisas que durante más de seis años ha repetido la alianza opositora —integrada por los partidos del antiguo régimen—, la academia estadounidense demuestra una miopía estructural. Se ignora que a partir del año 2018 México inició un cambio de paradigma democrático donde, por primera vez en la historia moderna, el pueblo obtuvo acceso directo a la información pública mediante las conferencias matutinas, rompiendo el monopolio de la verdad que ejercían las élites económicas, los consorcios mediáticos y los grupos editorialistas tradicionales. Interpretar el derecho de réplica y el combate a la desinformación como un simple "hostigamiento" o "estigmatización" es asumir la postura defensiva de quienes perdieron el privilegio de imponer la agenda nacional sin contrapeso alguno. La conferencia matutina no nació para perseguir, sino para desmantelar las calumnias e intenciones de una narrativa corporativa que históricamente operó al servicio del poder financiero. Cuando una universidad extranjera omite este contexto de democratización informativa y decide articular su diagnóstico con los mismos adjetivos de la oposición política derrotada en las urnas, su neutralidad académica queda seriamente comprometida. La investigación social deja de ser un ejercicio objetivo para convertirse en la caja de resonancia de un proyecto político en retirada.
CIUDAD DE MÉXICO, 29 de septiembre de 2026. Del 15 al 18 de octubre se llevará a cabo la séptima edición del festival Rodeo Saltillo 2026, un encuentro cultural, deportivo y gastronómico que reunirá a más de mil 200 líderes del sector ganadero y participantes de distintas regiones del país. Durante la presentación oficial en la capital mexicana, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y autoridades estatales destacaron que el evento busca consolidar la identidad norteña e impulsar el desarrollo turístico y económico de la región. El festival estrenará como recinto el complejo Expo Coahuila, un espacio desarrollado con una inversión superior a los 270 millones de pesos sobre los antiguos terrenos de la feria local. La infraestructura albergará competencias en la Arena Ocho Segundos —incluidos el Open Rodeo, el Super Bowl de monta de toros y el Rodeo de las Estrellas—, además de la Convención Nacional Ganadera, la XXXV Exposición Nacional Angus y la competencia gastronómica Champion del Grill. La oferta musical en el Teatro del Pueblo incluirá presentaciones de agrupaciones y solistas del género regional mexicano, banda y country. El elenco está conformado por Pesado y La Casetera (jueves 15), Julión Álvarez y Costumbre (viernes 16), Banda El Recodo y Sólido (sábado 17), concluyendo el domingo 18 con la participación del cantante estadounidense Brett Young en su primera actuación en territorio mexicano, junto a la agrupación Heartland. Entre las atracciones complementarias figuran el área infantil Pequeño Oeste, el espacio de maridaje Wine Garden Food Court y el pabellón comercial Distrito Vaquero. La comercialización de las entradas se encuentra disponible a través del portal en línea JR Ticket y en sucursales físicas autorizadas.
El estado mexicano y sus instituciones, en especial las relacionadas con los ámbitos judicial, de salud, agraria y comunitaria, entre otras, en los años recientes en lugar de avanzar ha retrocedido en el fomento y procuración de los derechos de los hablantes de lenguas indígenas, tanto en la Ciudad de México como en el resto del país. En el marco del Día Internacional del Traductor e Intérprete, la Organización de Traductores Intérpretes Interculturales y Gestores en Lenguas Indígenas A.C (OTIGLI A.C), advirtió que la reducción en el número de hablantes de lenguas indígenas en México y de solicitudes de servicios de traductores indígenas en ámbitos mencionados, son muestra de los anterior En conferencia de prensa, Fausto de Jesús González, Guillermo Alejo y María López, integrantes del consejo de OTIGLI A.C, aseguraron que por lo anterior es necesario ”redireccionar” la política gubernamental con respecto a la defensa de las lenguas indígenas, ya que la imagen de defensa y respeto a las comunidades y grupos indígenas que presenta el gobierno mexicano no se traduce en resultados ni hechos concretos. A continuación el texto del comunicado entregado por OTIGLI A.C en dicha conferencia de prensa: En el marco del Internacional del Traductor, la Organización de Traductores Intérpretes Interculturales y Gestores en Lenguas Indígenas A.C. OTIGLI A.C. hace un llamado a las instituciones públicas de la Ciudad de México y de todo México a garantizar, en la práctica, los derechos lingüísticos de los pueblos y comunidades indígenas. La diversidad lingüística de nuestro país constituye una riqueza cultural y un elemento fundamental de la identidad de los pueblos indígenas. El marco jurídico mexicano reconoce el derecho de las personas hablantes de lenguas indígenas a comunicarse en su propia lengua y establece obligaciones para que puedan acceder plenamente a los servicios públicos, a la justicia y otros ámbitos sin que la lengua constituya una barrera. La Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, reconoce el derecho de toda persona hablante de una lengua indígena a comunicarse en ella, tanto en el ámbito público como privado. Asimismo, establece el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a acceder a la jurisdicción del Estado en su lengua y dispone que las autoridades responsables de la procuración y administración de justicia provean lo necesario para que sean asistidos gratuitamente por intérpretes y defensores con conocimiento de su lengua y cultura. La legislación específica de la Ciudad de México, también establece que las lenguas indígenas nacionales habladas en la capital del país son válidas, al igual que el español, para asuntos y trámites públicos y reconoce el derecho de las personas hablantes de lenguas indígenas a acceder a los servicios públicos en sus propias lenguas, con derecho a intérprete o traductor. Desde el plano institucional y legislativo han mostrado interés en el tema; sin embargo, no son suficientes cuando no se aterrizan a la realidad y persisten prácticas de racismo estructural, que impiden el pleno cumplimiento de estos derechos, por lo que consideramos necesario visibilizar los siguientes retos que persisten en la práctica: Insuficiencia de intérpretes y traductores para determinadas lenguas y, particularmente, para algunas variantes lingüísticas. Falta de compromiso de las instituciones Públicas para la formación especializada a intérpretes y traductoras en el ámbito de justicia, salud, administrativo, comunitario y derechos humanos. Dificultades en la contratación y pago oportuno de los servicios profesionales. Falta de reconocimiento suficiente de la responsabilidad profesional que implica interpretar o traducir en contextos donde están en juego derechos fundamentales. Necesidad de fortalecer la perspectiva intercultural de las instituciones públicas. La existencia de un marco jurídico que reconoce este derecho constituye un avance fundamental; el desafío es asegurar que ese reconocimiento se traduzca en prácticas institucionales efectivas y accesibles para las personas y comunidades indígenas. Hoy reconocemos especialmente a quienes contribuyen a que las lenguas indígenas estén presentes en los tribunales, fiscalías, defensorías, hospitales, escuelas, instituciones públicas y demás espacios donde se ejercen derechos lingüísticos. La interpretación y traducción en lenguas indígenas no es un favor ni una concesión: es una herramienta para hacer efectivos derechos reconocidos jurídicamente. Desde OTIGLI A.C. reiteramos nuestro compromiso con la profesionalización, dignificación y reconocimiento de las personas intérpretes y traductoras de lenguas indígenas y con esto incidir en la construcción de instituciones públicas verdaderamente interculturales. “Ninguna lengua debe ser una barrera para ejercer un derecho.” Por la dignificación de quienes interpretan y traducen nuestras lenguas indígenas de México. “EL PODER DE LA PALABRA INDIGENA” Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2026.
CIUDAD DE MÉXICO, 29 de septiembre de 2026. El Estado mexicano obtuvo un laudo favorable en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, tras desestimarse en su totalidad la demanda interpuesta por la empresa estadounidense Doups Holdings LLC, que reclamaba más de 600 millones de pesos amparándose en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El Tribunal Arbitral determinó que carecía de jurisdicción para resolver el fondo de la controversia, iniciada en 2022 tras la revocación de concesiones para la operación de parquímetros en la Ciudad de México a la empresa Pagomet por parte de la Secretaría de Movilidad local. De acuerdo con el fallo expedido este mes de septiembre, la firma demandante incurrió en incumplimientos procesales y de acreditación técnica antes de recurrir al arbitraje, concluyendo el órgano resolutor en los siguientes puntos específicos: Estatus jurídico: Doups Holdings LLC aceptó ser considerada con personalidad jurídica mexicana respecto de su inversión. Titularidad de activos: La demandante no demostró el control sobre la filial Pagomet ni acreditó el derecho a reclamar pérdidas ajenas como propias. Sanción económica: El tribunal condenó a Doups a reembolsar a México un monto superior al millón de dólares por concepto de gastos y costos procesales. La estrategia de litigio fue ejecutada por la Secretaría de Economía a través de la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional, en coordinación con la Subsecretaría de Comercio Exterior, la firma legal Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP y la Secretaría de Movilidad de la capital. El expediente del caso quedó habilitado para consulta pública en la plataforma digital del CIADI.
TOLUCA, Estado de México, 25 de septiembre de 2026. La Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al presidente municipal y al secretario del Ayuntamiento de un municipio mexiquense abstenerse de incurrir en actos que impidan el desempeño del cargo a una regidora, tras modificar una sentencia del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM). Durante la resolución del Juicio de la Ciudadanía 170/2026, el órgano jurisdiccional federal determinó que la instancia local incurrió en omisiones al no establecer garantías de protección a favor de la edila, aun cuando en la primera instancia se comprobaron acciones dirigidas a limitar sus atribuciones. Aunque el pleno confirmó la inexistencia de violencia política por razón de género al no hallar elementos específicos vinculados a esta categoría, las magistradas integrantes del tribunal precisaron que la acreditación de una afectación al desempeño público requiere de forma obligatoria un mecanismo de tutela ejecutiva. El fallo vincula de manera directa a los funcionarios municipales denunciados para garantizar la vigencia de los derechos político-electorales de la integrante del cabildo. Al respecto, el órgano colegiado puntualizó los siguientes aspectos normativos del caso: Medidas preventivas: La ausencia de una falta sancionable en materia de género no exime a las autoridades de adoptar prevenciones para evitar la reincidencia de bloqueos administrativos. Efectividad del cargo: El desahogo extemporáneo de las solicitudes que originaron la denuncia no extingue la necesidad de fijar criterios de protección para el ejercicio constitucional de la regidora. El expediente formó parte de los 29 medios de impugnación resueltos en la jornada, la cual incluyó 15 juicios de la ciudadanía, 13 juicios generales y un juicio de revisión constitucional electoral.
CIUDAD DE MÉXICO, 28 de septiembre de 2026. Un total de 1.3 millones de personas se incorporaron a la fuerza laboral en México entre agosto de 2025 y agosto de 2026, lo que elevó la Población Económicamente Activa (PEA) a 62.6 millones de personas, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) presentados este lunes por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Durante la conferencia matutina del Ejecutivo Federal, las autoridades laborales atribuyeron las cifras a los cambios normativos que obligan a que el incremento al salario mínimo se mantenga de forma continua por encima del índice inflacionario. El titular de la STPS, Marath Baruch Bolaños López, informó que con los reajustes salariales el poder adquisitivo pasó de 0.8 a 1.9 canastas básicas, con la proyección de alcanzar las 2.5 canastas en 2030. Asimismo, la participación económica de las mujeres se situó en 41% —un incremento de 2.2 puntos porcentuales conforme a la Encuesta Intercensal 2025—, mientras que el porcentaje de la población que labora más de 48 horas semanales cayó de 27.1% a 22.2% en el quinquenio reciente. Respecto a las modalidades de contratación y derechos laborales, la dependencia reportó los siguientes avances al cierre de agosto de 2026: Plataformas digitales: 199,454 trabajadores registrados con acceso completo a la seguridad social y 1,772,296 con cobertura por riesgo de trabajo. Jornada laboral: Aprobación de la reducción gradual de la semana laboral de 48 a 40 horas, con una proyección de alcance para 13 millones de asalariados. Sector agrícola: Puesta en marcha del Centro de Atención Integral para Trabajadores Agrícolas en San Quintín, inicio de registro de empresas en la plataforma VELAGRO para aguacate e implementación del Certificado Laboral para la Agroexportación, obligatorio a partir del 1 de octubre de 2026 para cerca de 200,000 jornaleros. Finalmente, sobre el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el funcionario detalló que el esquema acumula una inversión histórica de 177 mil millones de pesos para atender a 3.6 millones de beneficiarios (58% mujeres y 42% hombres), de los cuales 619 mil fueron incorporados durante la administración actual mediante un presupuesto de 44 mil millones de pesos. Siete de cada diez egresados del programa se encuentran integrados al mercado laboral o en formación académica.
25 mil mexicanos disfrutaron poesías de tres mil declamadores. Ciudad de México.- Con la participación de 3 mil declamadores que "revivieron" a los poetas de Centroamérica y el Caribe, como José Martí, Roque Dalton, Nicolás Guillén, Otto René Castillo, entre otros, el Movimiento Antorchista Nacional realizó la IV Jornada Nacional de Declamación que se realizó el domingo 27 de septiembre en los 32 estados del país y que reunió a más de 25 mil mexicanos que sintieron el poder transformador de la poesía en los escenarios preparados para el encuentro cultural. Declamar a los grandes poetas, recordar sus poesías en verso o en prosa, es una de las formas eficaces para conmover a los mexicanos que presenciaron y escucharon a los declamadores; es tocar las fibras de sus sentimientos y hacerlos reflexionar sobre temas como el amor o desamor, la justicia o la injusticia, sobre la vida y la muerte, sobre la naturaleza y también sobre la lucha que deben librar los pueblos, educados y organizados, para liberarse de la opresión en que viven. "La poesía es el lenguaje del alma que despierta y transforma conciencias", señaló Homero Aguirre, vocero nacional antorchista. Desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde; desde Baja California o Sonora, pasando por el centro del país, en la Ciudad de México, el Estado de México o Puebla, hasta llegar a Yucatán o Tabasco, miles de niños y jóvenes, amas de casa, maestros, campesinos y obreros se convirtieron en recreadores de la palabra escrita, en el vehículo del lenguaje poético que llegó a la mente y los sentimientos de los asistentes. Hoy los declamadores como los poetas, “cantaron en divino verso lo que no logramos entonar los de hoy; nuevas constelaciones darán otro destino a sus almas inquietas... Mañana los poetas seguirán su camino, y al oír nuestro canto, echarán a los vientos nuestra vieja ilusión. Y ante la eterna sombra que surge y se retira, recogerán del polvo la abandonada lira y cantarán con ella nuestra misma canción"; versos del poeta jalisciense, Enrique González Martínez. La edición número cuatro de la Jornada Nacional de Declamación tuvo más afluencia que la edición anterior, tanto en los participantes como en el público asistente; Antorcha, con estas jornadas culturales, reafirma su labor educativa y organizativa de los mexicanos para que se den cuenta de la actual situación política y económica en la que vivimos y que todos "pongamos manos a la obra para que más mexicanos se sumen al proyecto político de Antorcha y juntos conquistar el poder político del país y dede ahí comenzar a construir una patria justo y más equitativa para la clase trabajadora, finalizó el vocero Homero Aguirre Enríquez. Por su parte, la Comisión Nacional Cultural del Antorchismo agradeció la participación y la organización de estos encuentros en todos los estados; al mismo tiempo informó que en los próximos días se hará pública la convocatoria de otra jornada cultural que se realizará en el mes de octubre. Antorcha, desde hace 52 años, impulsa y promueve el arte y la cultura como una forma de construir seres humanos cultos y sensibles ante el dolor ajeno, y para que estén preparados para que podamos construir, entre todos, una sociedad de paz y justicia social.
TIJUANA — El Sindicato de Telefonistas de la Baja California y Sonora (SINDETEL) emitió una convocatoria para llevar a cabo una manifestación pacífica y presencial este miércoles 30 de septiembre a las 10:00 a. m. La movilización se realizará de manera simultánea en cuatro municipios de la región: Tijuana, Mexicali, Ensenada y San Luis Río Colorado. De acuerdo con la convocatoria sindical, la concentración está dirigida a personal activo, trabajadores afectados, empleados fuera de turno laboral y jubilados de la organización. Las sedes fijadas para la protesta son las inmediaciones del Edificio Pío Pico de Telnor en Tijuana, el Edificio Árbol en Mexicali, el Edificio Bahía en Ensenada, y las oficinas de ventas de Avenida Hidalgo y Calle Quinta en San Luis Río Colorado. Para la jornada de movilización, el sindicato estableció un código de vestimenta que requiere uniforme completo para los trabajadores activos y afectados, mientras que para los jubilados se solicita camisa blanca con pantalón de mezclilla o pantalón azul o negro. En sus lineamientos organizativos, la dirigencia sindical exhortó a los participantes a mantener la unidad, organizarse de forma ordenada y evitar caer en provocaciones durante el desarrollo de la protesta.
CIUDAD DE MÉXICO — El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que expide la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales. La votación en lo general concluyó con 115 votos a favor y uno en contra, mientras que las reservas en lo particular se avalaron con 113 votos a favor. El nuevo ordenamiento establece la distribución de competencias entre los tres niveles de gobierno e integra los cinco dominios de bienestar animal: nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado mental. La legislación, compuesta por seis títulos y 125 artículos, contempla la creación de una estrategia nacional, un programa especial, planes estatales, el subsistema de información, el registro nacional de animales de compañía y el padrón de personas infractoras. Asimismo, el dictamen reforma diversas disposiciones de las leyes federales de Sanidad Animal y de Cine y el Audiovisual, además de las leyes generales de Vida Silvestre, del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de Protección Civil. El marco normativo regula el uso y trato de especies en investigación y enseñanza mediante un proceso de transición para cesar su empleo en dichas actividades. También fija disposiciones para el manejo, transporte, comercialización y exhibición de animales en zoológicos, acuarios, granjas didácticas, espectáculos, producciones audiovisuales y actividades de abasto, exigiendo instalaciones adecuadas, medicina preventiva, enriquecimiento ambiental y protocolos de emergencia. En materia de responsabilidad, el ordenamiento fija la tutela responsable para animales de compañía y señala que quienes incurran en maltrato o abandono deberán asumir los costos de atención veterinaria, rehabilitación y resguardo. Además, las modificaciones en lo particular reservadas por la asamblea incluyeron las cabalgatas como actividad sujeta a regulación por parte de las entidades federativas y estipularon que los espectáculos públicos deben apegarse al bienestar animal según la naturaleza y características de cada especie. Durante la presentación del dictamen, la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático citó datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de 2021, los cuales indican que el 69 por ciento de los hogares en el país contaba con una mascota, sumando cerca de 80 millones de animales. Por parte de las comisiones dictaminadoras y los grupos parlamentarios se señaló que la reforma da cumplimiento al mandato constitucional de prohibición del maltrato animal, mediante la asignación de obligaciones a las autoridades federales, estatales y municipales.
A la Comunidad Universitaria de la Universidad de California, Berkeley A los Medios de Comunicación Nacionales e Internacionales Al Pueblo de México y a la Opinión Pública Internacional se dirige a la opinión pública para fijar una postura firme y categórica frente al reciente informe divulgado por la Universidad de Berkeley en relación con el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018–2024). 1. La elaboración unilateral de narrativas y el sesgo metodológico Consideramos fundamental señalar el riesgo y la intencionalidad política detrás de los informes que, desde el extranjero y de manera unilateral, systematizan únicamente información pública parcial para construir narrativas predeterminadas. Este tipo de documentos no constituye una investigación imparcial ni profunda de la realidad mexicana, sino el procesamiento sesgado de datos para abonar a la estrategia mediática internacional de la derecha. Esta narrativa busca deslegitimar y atacar a los gobiernos de izquierda y a los proyectos populares humanistas que colocan el bienestar del pueblo por encima de los intereses fácticos, oligárquicos y corporativos. 2. El origen de la transformación: la ruptura con el viejo régimen Para entender el México actual, hay que recordar el detonante histórico de este cambio: la lucha encabezada por Andrés Manuel López Obrador contra la "mafia del poder" y el establecimiento conservador. En 2018, de manera pacífica pero decisiva, el pueblo de México volcó su voto masivo en las urnas para poner fin al modelo neoliberal representado por la alianza entre el PRI y el PAN (el PRIAN), un régimen que supeditó la soberanía nacional y los bienes públicos a intereses políticos, económicos y eclesiásticos en detrimento de las mayorías. Con la llegada de la Cuarta Transformación, se constituyó un nuevo interés colectivo donde el mandato proviene del pueblo y no de las élites. 3. La impunidad heredada y el papel histórico de un Poder Judicial subordinado Es rotundamente falso e insostenible atribuir la responsabilidad estructural de la violencia o la impunidad al gobierno que asumió el mandato en 2018 para corregir, precisamente, el desastre humanitario heredado de las administraciones anteriores. La violencia y la impunidad en México tienen sus raíces directas en la "guerra contra el narcotráfico" iniciada en sexenios pasados y en la cooptación de las instituciones por parte del crimen organizado y la delincuencia de cuello blanco. Durante décadas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial en su conjunto no impartieron justicia al pueblo; por el contrario, funcionaron como una trinchera de impunidad y protección para los grandes intereses económicos y políticos, bloqueando systematically los derechos y las demandas de la ciudadanía. 4. La imperante Reforma al Poder Judicial: fin al control fáctico y transnacional Ante esta realidad, la Reforma al Poder Judicial se convirtió en una necesidad imperante e impostergable para el país. Esta transformación constitucional vino a poner fin al control estricto que ejercían sobre la justicia los poderes económicos fácticos y la agenda internacional de la derecha. Al democratizar la elección de los juzgadores y devolverle al pueblo el control sobre sus instituciones de justicia, México ha roto el cerco normativo con el que corporaciones y grupos de poder subordinaban la soberanía nacional a intereses transnacionales. La reforma no debilita la justicia: la emancipa de los poderes que antes la compraban. 5. Defender la soberanía informativa, el derecho de réplica y el proyecto humanista La violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos es un problema doloroso y complejo que el gobierno atendió desde la raíz, combatiendo sus causas sociales y reforzando los esquemas de protección. Pretender acusar al Estado mexicano de estas agresiones es una falsedad que oculta la realidad histórica y desvirtúa la labor del movimiento humanista. Es necesario puntualizar la naturaleza del debate público durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador. Frente a las campañas sistemáticas de descalificación, montajes y mentiras orquestadas por una prensa acostumbrada a los privilegios del pasado y por voceros del periodismo neoliberal —sectores desplazados e inconformes por haber perdido el control de la agenda pública—, el presidente jamás recurrió al uso de la fuerza pública, a la censura ni a crímenes de sangre. Por el contrario, desde la tribuna de las conferencias matutinas, el presidente ejerció de manera democrática y transparente su derecho de réplica, utilizando el lenguaje directo e inteligible del pueblo para desmantelar las falsas narrativas. En el viejo régimen neoliberal no existía la rendición de cuentas ni el diálogo llano; los gobernantes se escondían del escrutinio y la comunicación oficial era escasa, manipulada e impenetrable. El remanente conservador nunca logró asimilar cómo el contacto cara a cara con la ciudadanía y la verdad pública se convirtieron en una fuerza política e informativa incontenible. Lo que la derecha internacional y sus voceros académicos llaman "agresión" o "hostigamiento" no es más que el ejercicio de la libertad de expresión y la confrontación de ideas en una democracia plena donde el poder ya no tiene el monopolio de la verdad. La Comunidad Mexicana Internacional exige rigor, respeto a la soberanía de México y honestidad intelectual a las instituciones académicas internacionales. No permitiremos que, bajo la fachada de análisis académicos, se pretenda desmantelar la voluntad de un pueblo que decidió tomar las riendas de su propio destino. Atentamente, Comunidad Mexicana Internacional En defensa de la soberanía, la verdad histórica y la voluntad del pueblo de México.