Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 3 de noviembre de 2026. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo la vinculación a proceso en contra de un hombre identificado como M.S.M. por su probable participación en el delito de tentativa de feminicidio agravado, cometido en agravio de una mujer en San Lorenzo Texmelucan, distrito de Sola de Vega. De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron la mañana del 22 de octubre de 2026 en el domicilio de la víctima, donde presuntamente fue golpeada en el rostro y posteriormente derribada. La mujer logró ponerse a salvo y corrió hacia un corral cercano, donde se encontraban sus familiares. Sin embargo, fue seguida por una persona que portaba una escopeta, para amenazarla de muerte y dispararle en el abdomen. Cuando intentaba recargar el arma para accionarla de nuevo, familiares de la víctima intervinieron y consiguieron arrebatársela, por lo que huyó hacia una zona de monte. Debido a esto la FGEO a través de la Vicefiscalía Regional de la Sierra Sur, y con base en los datos de prueba reunidos, el 27 de octubre se libró la orden de aprehensión, la cual fue ejecutada mediante un operativo implementado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones. En una audiencia después de evaluar los datos de prueba presentados por la Fiscalía de Oaxaca, el Juez determinó la vinculación a proceso en contra de M.S.M., imponiendo la medida de prisión preventiva, además de otorgar dos meses de investigación complementaria. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca reitera su compromiso de investigar con perspectiva de género las violencias contra las mujeres y de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas.
Con más de 30 años de presencia en Baja California, la Universidad de las Californias Internacional (UDCI) se ha consolidado como una de las instituciones de educación superior de mayor dinamismo y arraigo en Tijuana. Ubicada en una región caracterizada por su constante interacción binacional y su ritmo industrial y cultural, la institución ha enfocado su modelo académico en responder a las demandas del mercado laboral regional mediante programas actualizados con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE). Oferta Académica Integral La propuesta educativa de la UDCI abarca bachillerato, licenciaturas escolarizadas y ejecutivas, así como programas de posgrado (maestrías y doctorados). Su catálogo disciplinario cubre cuatro áreas clave: Ciencias de la Salud: Programas como Psicología y Enfermería, con laboratorios equipados para práctica clínica y vinculación comunitaria. Diseño, Arte y Comunicación: Carreras destacadas como Cinematografía —siendo una de las pioneras en el noroeste del país en profesionalizar el área audiovisual—, Diseño Gráfico, Animación Digital y Ciencias de la Comunicación. Negocios y Comercio: Licenciaturas en Comercio Internacional y Aduanas, Administración de Empresas, Contaduría y Mercadotecnia, diseñadas con un enfoque práctico orientado a la dinámica fronteriza y de exportación de Tijuana. Ingenierías y Tecnología: Especialidades enfocadas en sistemas, redes e innovación digital aplicada al sector productivo. Ciencias Jurídicas y Sociales: Derecho, Criminología y Pedagogía, con salas de juicios orales para la preparación de litigantes. Modelo Educativo y Enfoque Profesional El modelo de la UDCI destaca por priorizar la formación teórica complementada de manera inmediata con la práctica. A través de convenios de vinculación con empresas de la industria maquiladora, despachos aduanales, agencias creativas, instituciones de salud y organismos gubernamentales, los estudiantes acceden a campos clínicos, prácticas profesionales y servicio social desde etapas tempranas de su carrera. Asimismo, cuenta con modalidades flexibles para adultos y profesionales en activo (modalidad sabatina y escolarizada intensiva), lo que facilita el desarrollo académico sin suspender la trayectoria laboral. Infraestructura y Comunidad Universitaria Ubicada en una zona estratégica de la ciudad de Tijuana, la UDCI cuenta con instalaciones diseñadas para la simulación profesional: Cabinas de radio y foros de televisión. Salas de cómputo especializadas en render y diseño. Sala de juicios orales para la práctica forense y jurídica. Talleres y laboratorios de ciencias de la salud. La vida universitaria integra actividades deportivas, festivales culturales y muestras de cortometrajes y diseño abiertas a la comunidad tijuanense, consolidando a la UDCI no solo como un centro formativo, sino como un punto de encuentro para la innovación y la cultura local.
El colchón financiero de tu negocio: ¿Qué pasaría con tu negocio si durante tres meses vendieras mucho menos de lo esperado? La estabilidad financiera no consiste en saber cuánto ganas cuando todo sale bien. También consiste en saber cuánto puedes resistir cuando las cosas no salen como esperabas. La supervivencia empresarial no se sustenta únicamente en el éxito comercial durante las épocas de bonanza, sino en la **resiliencia financiera** para afrontar caídas imprevistas en los ingresos. Según la mentora Elizabeth Frías, el error más común entre los emprendedores es la falta de previsión ante escenarios adversos, como trimestres enteros con bajas ventas. Para garantizar la **autosustentabilidad**, las empresas deben construir reservas económicas basadas en sus costos fijos y nivel de riesgo. Carecer de este margen de maniobra obliga a los líderes a tomar decisiones precipitadas ante la urgencia de cubrir sus obligaciones. En definitiva, la verdadera **estabilidad económica** se demuestra al amortiguar pérdidas y sostener la operación durante los ciclos de contracción comercial. TIJUANA, B.C. — La viabilidad de un proyecto de emprendimiento no depende únicamente de su capacidad comercial en períodos favorables, sino de su solidez estructural para resistir caídas imprevistas en los ingresos, señaló la mentora estratégica en liderazgo e inteligencia emocional, Elizabeth Frías. De acuerdo con la especialista, conocida en redes sociales como Eli Frías, uno de los principales retos que enfrentan los emprendedores radica en la falta de previsión ante escenarios adversos, tales como registrar tres meses consecutivos con ventas por debajo de lo proyectado. Frías explicó que la autosustentabilidad de una empresa exige la creación deliberada de reservas financieras calculadas con base en los costos fijos, las obligaciones contractuales y el nivel de riesgo inherente a cada modelo de negocio. La falta de este margen de maniobra suele orillar a la toma de decisiones precipitadas por la urgencia de cubrir compromisos mensuales inmediatos, lo que convierte fluctuaciones operativas rutinarias en crisis de liquidez severas. La mentora puntualizó que la verdadera estabilidad económica no se mide exclusivamente por el margen de utilidades obtenido durante los ciclos de alta demanda, sino por la capacidad de amortiguar pérdidas y sostener la operación en etapas de contracción comercial. #coaching #liderazgo #empresarios #finanzaspersonales
En una ciudad cosmopolita y de exigente paladar como Tijuana, la coordinación gastronómica para reuniones de trabajo y celebraciones familiares demanda experiencia, puntualidad y versatilidad. Frente a esta necesidad, Ame Banquetes y Catering, liderado por Amelia Vargas, se consolida en la escena regional como una solución culinaria integral diseñada para cubrir cualquier tipo de evento social o corporativo. El proyecto destaca por su capacidad de adaptación tanto en formato como en escala. Su catálogo abarca desde montajes formales para bodas, quinceañeras y cenas de temporada (como posadas decembrinas), hasta opciones dinámicas enfocadas en el ámbito empresarial: coffee breaks, desayunos ejecutivos, barras de brunch y prácticos box lunch, una alternativa solicitada para capacitaciones corporativas, jornadas industriales y eventos masivos en la ciudad. «Nos dedicamos a hacer banquetes para todo tipo de eventos. Estamos preparados para servir cualquier tipo de comida, respaldando tanto la calidez de un festejo social como la formalidad que exige el sector empresarial», señala Amelia Vargas sobre el compromiso operativo de la marca. La propuesta culinaria de Ame Banquetes y Catering prioriza ingredientes frescos y una logística coordinada que asegura que cada platillo conserve su temperatura y presentación al momento del servicio, adaptándose a las necesidades específicas de organizadores de eventos y empresas en los distintos puntos de Tijuana. Contacto y cotizaciones: Para solicitar informes, diseñar menús a la medida o apartar fechas para eventos: WhatsApp Directo: 664 375 86 55 Redes Sociales (Facebook, Instagram y TikTok): Ame Banquetes y Catering
TIJUANA, B.C. — El Sindicato de Telefonistas de la Baja California y Sonora acordó diferir el estallamiento a huelga en la empresa Teléfonos del Noroeste, S.A. de C.V. (Telnor) para el próximo 17 de noviembre de 2026, luego de que las mesas de negociación no alcanzaran un convenio definitivo en los plazos inicialmente previstos. La extensión del emplazamiento responde a la intervención de la autoridad laboral, la cual puso sobre la mesa una propuesta de conciliación con el objetivo de destrabar el conflicto y evitar la suspensión de actividades en una de las redes de telecomunicaciones clave del noroeste del país. Consulta a la base trabajadora A través de un comunicado emitido por su Comité Ejecutivo General, la representación sindical precisó que la propuesta gubernamental no se aceptará de manera unilateral por la dirigencia, sino que será sometida al voto libre, secreto y directo de los agremiados en los centros de trabajo de Baja California y Sonora. El gremio subrayó que el aplazamiento no representa una renuncia a sus exigencias ni al recurso de la huelga, sino una ventana para desahogar el proceso democrático interno conforme a las disposiciones legales vigentes: "La prórroga permite llevar a cabo este proceso de consulta y mantener abiertas las posibilidades de negociación, sin que ello implique renunciar a nuestras demandas ni al legítimo derecho de huelga", puntualizó el Comité Ejecutivo. Contexto de la negociación La revisión contractual y salarial en Telnor históricamente corre en paralelo con las discusiones laborales del sector telecomunicaciones a nivel nacional. Entre las principales inquietudes que el sindicato ha mantenido en revisiones previas destacan: Cláusulas de jubilación y pasivo laboral: La defensa del esquema de pensiones y jubilaciones para el personal de nuevo ingreso frente a los intentos patronales de sustituirlo por esquemas de aportación individualizada. Cobertura de vacantes operativas: La exigencia de descongelar plazas técnicas y administrativas indispensables para el mantenimiento de la red de fibra óptica e infraestructura de planta externa. Ajuste salarial y prestaciones: Recuperar el poder adquisitivo frente al encarecimiento de la canasta básica en la zona fronteriza, donde el costo de vida es más elevado. Integración y separación funcional: Las repercusiones operativas derivadas de las resoluciones regulatorias que impactan la operación conjunta entre Telmex y Telnor. Próximos pasos Durante las próximas jornadas, las asambleas seccionales organizarán las jornadas de votación en las distintas plazas de la región para calificar la propuesta de la autoridad. De resultar rechazada por la mayoría de los telefonistas en las urnas, el sindicato mantendrá en firme la colocación de las banderas rojinegras el mediodía del 17 de noviembre, lo que afectaría las oficinas de atención a clientes, centros de conmutación y labores técnicas de servicio en la península y el estado vecino de Sonora. Si la base aprueba el acuerdo conciliatorio, el emplazamiento quedará sin efecto y se procederá a la firma del convenio formal ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
Por Martín Lazo Cuevas El pacto social en México no se rompió ayer; lleva dos siglos desangrándose sobre el asfalto de una patria sistemáticamente traicionada por sus propios custodios. La promesa fundamental de que el individuo cede voluntariamente el monopolio de la fuerza a cambio de una protección incondicional es hoy una ficción insostenible. Cuando las instituciones sucumben ante la metástasis de la corrupción, cuando el tejido del orden público se desgarra y los índices de impunidad superan cualquier margen tolerable, la seguridad pública deja de ser una concesión gubernamental para convertirse en lo que siempre debió ser en su esencia más prístina: un derecho natural, un acto de resistencia inalienable y una trinchera comunitaria que se defiende con la vida. Para comprender la magnitud de este derecho, es imperativo mirar hacia la raíz histórica más profunda de nuestra nación: la aurora de nuestra liberación en 1810. Cuando el Padre de la Patria, Miguel Hidalgo y Costilla, repicó las campanas de Dolores para convocar al pueblo a romper las cadenas de la esclavitud y el mal gobierno, no lo hizo desde la comodidad de un despacho burocrático ni invocando tecnicismos jurídicos de una ley impuesta por el tirano. Lo hizo llamando a tomar las armas porque la opresión virreinal había agotado toda vía pacífica. Aquel grito libertario encontró eco inmediato en la valentía indómita de Josefa Ortiz de Domínguez, quien desde su posición desafió el poder establecido arriesgando todo para advertir que la hora de la emancipación había llegado, y en la genialidad estratega y social de José María Morelos y Pavón, quien plasmó en los Sentimientos de la Nación que la soberanía emana directamente del pueblo. Todos aquellos revolucionarios, insurgentes y caudillos que empuñaron las armas en 1810 no lo hicieron por un capricho bélico, ni por lujo, ni para presumirlas en desfiles de oropel: lo hicieron para abrirse camino a machetazo y fusil frente al opresor, entendiendo que la libertad jamás se ruega, se conquista. La memoria histórica de México es una cartografía dolorosa de agravios donde el Estado ha pasado de la omisión a la represión directa de su propio pueblo. La masacre de Tlatelolco en 1968 demostró con sangre que el régimen es capaz de volver las armas de la nación contra sus jóvenes cuando estos exigen libertad y justicia. Esa misma matriz de barbarie institucional se ha multiplicado en las sombras de la historia reciente: la masacre de Acteal, donde hombres, mujeres y niños tsotsiles fueron masacrados mientras oraban en una iglesia; o los sangrientos episodios de represión en Aguas Blancas. Frente a este abandono secular y el yugo de la miseria institucionalizada, el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994 no fue un capricho, sino el grito desesperado de un pueblo que comprendió que, para no morir en el olvido, debía empuñar el derecho a la autodeterminación. En el México contemporáneo, esta opresión mutó en un pacto simbiótico y oscuro entre la delincuencia organizada y las estructuras de gobierno. El drama de Michoacán es el testimonio más atroz de esta realidad. Figuras emblemáticas como el Dr. José Manuel Mireles e Hipólito Mora encendieron la chispa de los grupos de autodefensa porque los pueblos limoneros, aguacateros y ganaderos estaban cansados de pagar con su patrimonio y con la sangre de sus hijos el derecho a trabajar su propia tierra. Michoacán reveló una constante mortálgica y perversa: todo líder comunitario, comerciante o alcalde que alza la voz y exige seguridad al Gobierno Federal termina siendo traicionado, silenciado o ejecutado. El caso del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y la persecución implacable contra los productores demuestran que el Estado opera bajo una lógica cínica: dejar hacer, dejar pasar, y actuar solo mediante la política del "niño ahogado", simulando intervenir cuando el pozo ya se ha vuelto tan hondo, negro y sangriento que devora a comunidades enteras. Es en esta encrucijada donde la poética cívica de nuestro Himno Nacional Mexicano cobra un sentido verdaderamente revolucionario, comunitario y humanista. Las estrofas patrias no son piezas museísticas para desfiles oficiales; son un catecismo de resistencia popular. Cuando la letra entona “un soldado en cada hijo te dio”, nos recuerda que la soberanía no reside en los palacios de gobierno ni en la burocracia civil, sino en la conciencia de cada hombre y mujer libre. El pueblo es el verdadero y único soldado de la nación, heredero directo de los insurgentes de 1810. Y cuando el himno proclama “el acero aprestad y el bridón”, nos convoca al mandato sagrado de empuñar la defensa legítima frente a la tiranía, ya provenga de una gavilla criminal o de un gobierno corrupto. Un soldado comunitario no empuña las armas por odio, sino por amor incondicional a su familia, a su comunidad y a su tierra. Ante esta realidad, el marco jurídico mexicano actual exhibe una contradicción hipócrita y asfixiante. Si bien la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su Artículo 10 que los habitantes tienen el derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa —un derecho de raigambre liberal que reconoce la defensa como una extensión de la vida misma—, la realidad operativa destruye esta prerrogativa. La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (LFAFE), combinada con la discrecionalidad absoluta de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en el otorgamiento de licencias particulares de portación, desarma de facto al ciudadano honesto fuera de sus cuatro paredes. La ley exige demostrar una "necesidad específica" mediante carpetas de investigación previas, imponiendo una condición kafkiana y perversa: el Estado exige que el ciudadano ya haya sido victimizado antes de permitirle portar los medios para evitar serlo. Asimismo, los tribunales exigen una "proporcionalidad" absurda en la legítima defensa (Art. 15 del Código Penal Federal), limitando a los civiles a calibres menores mientras el crimen organizado opera con armamento de uso exclusivo de las fuerzas armadas y tácticas de guerra. La cúspide de esta tragedia se manifiesta cuando una persona privada de la libertad o extorsionada logra, en un acto supremo de valentía, vencer a su captor o a su opresor. Al liberarse de las cadenas del criminal, el sobreviviente cae directamente en las garras de un sistema judicial que lo procesa por homicidio, exceso en la defensa o portación ilegal de armas. Juzgar a quien se defiende del cautiverio bajo los parámetros de la tranquilidad burocrática es una traición humanista inaceptable. Ningún ciudadano debe aceptar jamás que defender la propia existencia ponga en riesgo su libertad. El derecho a la vida, a la paz y a la libertad es inalienable, absoluto y preexistente a cualquier ley escrita. Por consiguiente, ante la quiebra absoluta del pacto social y la incapacidad u omisión dolosa del Estado, la organización ciudadana deja de ser una opción para convertirse en una imperiosa necesidad existencial. Las comunidades ya no pueden depender de la caridad de las instituciones. Es momento imperativo de articular asociaciones civiles, comités de vecinos, agrupaciones de vigilancia y frentes de seguridad pública ciudadana que trasciendan la simple protesta pasiva y se conviertan en verdaderos poderes fácticos de autogestión. Para que estas asociaciones sean efectivas y alcancen un estatus real de disuasión, es fundamental que sus estatutos, su organización interna y su acción comunitaria contemplen sin ambages la adquisición, el acopio y el dominio de todas las herramientas necesarias para la defensa integral: desde armas de fuego de calibres adecuados y mecanismos tácticos hasta dispositivos de disuasión y explosivos de contención que un pueblo libre y organizado requiera para repeler, ahuyentar y derrotar al opresor, ya sea este una célula del crimen organizado o una autoridad gubernamental corrupta coludida con la delincuencia. El monopolio de la violencia que el Estado reclama se vuelve nulo e ilegítimo en el momento exacto en que el Estado mismo abjura de su deber primordial de proteger la vida humana. Siguiendo el ejemplo inmortales de Hidalgo, Morelos y Josefa, un pueblo armado moral, cívica y materialmente para su defensa no puede ser doblegado. Las asociaciones civiles de autodefensa deben plantarse con la fuerza suficiente para colocarse al mismo nivel de interlocución frente a los poderes públicos y muy por encima de la barbarie criminal. La defensa de la paz y de la libertad no es un delito; es la máxima expresión de la dignidad humana y el legítimo derecho de abrirse camino frente al opresor. El ciudadano mexicano tiene el derecho inalienable de preservar su vida, proteger a los suyos y proveer para su propio bienestar. Cuando la ley se convierte en un instrumento de opresión y el gobierno en cómplice del verdugo, empuñar el acero y levantar la voz organizada es el único camino para rescatar la patria y asegurar que ningún mexicano vuelva a caminar jamás de rodillas.
CIUDAD DE MÉXICO — La Arquidiócesis Primada de México demandó al Estado mexicano intensificar las políticas de prevención social y educativa para «llegar antes que el crimen organizado», al advertir que cerca de 250 mil niñas, niños y adolescentes en el país se encuentran en condición de vulnerabilidad frente a las redes de cooptación delictiva. A través del editorial dominical de su semanario oficial Desde la fe, titulado «Llegar antes que el crimen», la institución eclesiástica señaló que la delincuencia organizada aprovecha las condiciones de marginación, deserción escolar, violencia intrafamiliar y precariedad económica para incorporar a menores de edad a actividades que van desde labores de vigilancia e información hasta el traslado de sustancias y la operación armada. La cifra referida por la representación clerical retoma los diagnósticos elaborados por organizaciones civiles defensoras de los derechos de la infancia, entre ellas Reinserta y la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), cuyos estudios de campo han documentado cómo el crimen organizado suple ausencias institucionales y familiares en comunidades asediadas por la violencia territorial. El documento editorial enfatizó que la respuesta frente a este fenómeno no puede limitarse a esquemas de persecución punitiva o contención policiaca, sino que requiere la intervención directa de los tres órdenes de gobierno mediante espacios formativos, opciones deportivas, apoyo psicosocial y fortalecimiento de las familias en las zonas de mayor índice delictivo. Asimismo, la Iglesia católica exhortó a los diferentes sectores de la sociedad, comunidades parroquiales e iniciativas ciudadanas a construir redes comunitarias de contención y protección que impidan que los infantes visualicen en las filas criminales un mecanismo de supervivencia o reconocimiento social frente a la falta de oportunidades de desarrollo.
Este artículo fue publicado originalmente en ARTICLE 19 “Somos un pueblo originario y esto nadie nos lo va a tener que debatir nunca”. Miryam Vargas, mujer nahua, locutora indígena y defensora de la tierra y territorio. Fotografía: Cortesía Miryam Vargas. Por Analy Nuño Cuando Miryam cierra los ojos revive aquellos días en que la tierra húmeda se metía en medio de los dedos de sus pies mientras corría descalza entre surcos de tierra. Las risas y los juegos terminaban al caer el sol, momento en que el tiempo se detenía debajo de un árbol de enorme copa que creció al centro de aquellas hectáreas en las que su abuela sembraba maíz y al término de la jornada extendía su rebozo para que los 13 nietos a su cuidado se sentaran a su alrededor a comer tacos de frijoles dorados en comal que se mantenían calientes en una canasta de mimbre. Así fueron los primeros seis años de su vida en San Bernardino Tlaxcalancingo, junta auxiliar del municipio de San Andrés Cholula, Puebla, hasta que un día ya no hubo tierra, ni siembra, ni maíz. El gobierno le quitó todo a su abuela y a decenas de ejidatarios para construir el megaproyecto del periférico ecológico. En ese momento, aún sin entender bien qué sucedía, Miryam se enfrentó por primera vez al despojo de su territorio y la pérdida de su vínculo físico con la tierra. Pocos meses después, vió cómo su pueblo albergó a bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), pintó consignas y tocó música de protesta. Las acciones provocaron la intervención del Ejército, que patrulló la comunidad con la intención de prohibir las expresiones de apoyo al movimiento indígena, pero el pueblo se solidarizó con la resistencia de los pueblos originarios de Chiapas y los resguardó en sus casas. Esos momentos fueron determinantes en la vida de Miryam, quien catorce años después de aquellos dos episodios decidió que quería ser periodista y empezó a organizarse para comunicar desde la cosmovisión de la comunidad. Hoy, a tres décadas de distancia, desde la Radio Comunitaria Cholollan, Myriam ha convertido la comunicación en una herramienta de resistencia. Fotografía: Chollolan Radio Enseñanza de cuidado y de protección del territorio Miryam Vargas Teutle, tiene 38 años, es una mujer nahua con raíces ancestrales, de estatura baja y cabello castaño. Siempre tiene una sonrisa en su rostro y se transporta en bicicleta. Es locutora indígena y defensora de la tierra y territorio. Su madre fue atraída por la industria hacia la ciudad de Puebla, por lo que a corta edad -al igual que sus hermanos y primos-, Miryam quedó al cuidado de su abuela ante la expansión industrial de la década de los 90s que reconfiguró el territorio poblano, desbancó las fábricas textiles tradicionales para dar paso a la manufactura y la industria automotriz y modificó las dinámicas económicas y familiares. Fue en esos años, cuando al mismo tiempo en que el paisaje cambió y los terrenos rurales se convertían en grandes zonas urbanas, su abuela le transmitió el amor, el cuidado y la cercanía no solo física sino también espiritual con la tierra. Miryam creció con su abuela, quién le transmitió el amor, cuidado y cercanía con la tierra. Fotografía: Marlene Martínez. “Fue desarrollándose el proyecto del periférico y ahí es donde van despojando poco a poco de la práctica de la siembra, pero también del paisaje, de ese confort, de esa estabilidad y sentido de bienestar que nos daba el hecho de no solo tener la tierra, sino además de saber que teníamos un territorio y una seguridad de la comida, de la alimentación, que era algo tan básico, pero a la vez nos dejaba esa sensación de privilegio por poder practicarlo y además compartir como familia”. El año 2008, fue decisivo en la vida de Miryam. Con mayor conciencia y entendimiento de las cosas, volvió a preguntar a su abuela qué había sucedido con la expropiación de sus tierras. Ahí supo que el gobierno le mintió a su abuela y se aprovechó de su analfabetismo para no pagarle los dos pesos por metro cuadrado que había prometido a cada ejidatario. El gobierno les arrebató sus tierras para desarrollar el megaproyecto del periférico ecologista. En ese momento, Myriam tomó la decisión de organizarse para impulsar la creación de movimientos en defensa del territorio. Así, junto a integrantes del “Centro Cultural Tlaxcalantzin” y jóvenes de la comunidad se conformó un grupo enfocado a construir una radio en la casa comunitaria Tlalle Tozquitl, donde se instaló la primera cabina de transmisión como un medio de resistencia para informar, dar voz a los habitantes, recuperar la identidad, combatir la narrativa oficial y de medios masivos y recuperar los altavoces tradicionales que usaban los abuelos en el pueblo para dar los avisos de la comunidad. “El resultado fue pensar y soñar una radio comunitaria para que fuera algo que diera voz y también que hiciera la lucha y la disputa narrativa, el romper el cerco informativo, y sobre todo decir lo que como pueblos originarios estábamos pensando sobre los temas y lo qué es importante para nosotros ante todos los escenarios. Hablarlo con nuestra propia lengua, colocar nuestros sentimientos y pensamientos, que era para nosotros lo importante, porque claro podía salir la misma información en otros medios, pero tenía que ser contada de otra manera para nuestra comunidad, porque nuestra comunidad tiene unos códigos distintos, así como una forma y posiciones diferentes ante lo que ocurre. Entonces, eso era algo de lo que estuvimos reflexionando y es así como damos origen a la radio comunitaria de Cholollan en el año 2009”. Desde aquel día en que la radio comunitaria transmitió por primera vez hasta ahora, los días en que Miryam no ha estado presente han sido contados. Cada día por la mañana, cuando el sol calienta más, Miryam toma su bicicleta para ir a la radio en el centro del pueblo indígena de San Bernardino Tlaxcalancingo, Puebla. Cuando llega, algo cambia en el lugar, como si su presencia llenara de energía ese espacio. Al subir las escaleras hasta el fondo está la cabina de la Radio Comunitaria Cholollan. Miryam se muestra orgullosa. Primero, presume la mesa con el mapa de todas las comunidades de los valles de Cholula, Puebla capital, y Tlaxcala. Luego, la cortina de la que sobresalen la sierra de Puebla, sus cielos azules y sus maizales. Cabina de Cholollan Radio Comunitaria, en San Bernardino Tlaxcalancingo, Cholula, Puebla. Fotografías: Analy Nuño. En sus inicios como locutora nahua Miryam realizó entrevistas y reportajes sobre la vida comunitaria, posteriormente, se enfocó cada vez más en procesos de defensa del territorio y de la participación y autodeterminación comunitaria visibilizando las luchas de los pueblos y por los derechos humanos. Sus luchas en los últimos 18 años han sido por la tierra, el agua, la salud, el territorio; contra el despojo, contra los basureros, contra el extractivismo. Se ha enfrentado junto a los pueblos del valle de Cholula y sus alrededores a grandes empresas como OHL y Bonafont. El éxito de la radio comunitaria fue tal que los pueblos decidieron extender la señal a frecuencia FM con lo que muchas comunidades pudieron conectarse a través de esa señal o con los altavoces que se conectaban en los pueblos cercanos a San Bernardino Tlaxcalancingo. Así, Miryam y todo el equipo se dieron cuenta que había luchas y resistencias de pueblos conectados por las afectaciones de megaproyectos como el proyecto de la autopista sur poniente impulsada por Obrascón-Huarte-Lain (OHL) y Melgarejo Construcciones y Concesiones (MCC). Y entonces la radio comunitaria se convirtió en una acción de comunicación para la defensa del territorio, agua, tierra y seguridad. Pero así como los frutos rindieron y la influencia de la radio comunitaria fue mayor, también llegaron los intentos de bloqueo. En 2014, durante un operativo que desplegó a decenas de elementos de seguridad, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) incautó todo el equipo de la Radio Comunitaria Cholollan bajo el argumento de que no contaban con los permisos necesarios para operar y obstaculizaban la señal de las antenas. Además de la imposición de una multa de 33,000 pesos, el equipo que fue decomisado. Nunca se recuperó. Pero la comunidad no se quedó de brazos cruzados. Adquirió nuevo equipo, reactivó las transmisiones e inició un proceso legal para obtener los permisos. Dos años después, la radio comunitaria logró obtener una concesión de “Uso Social Indígena”, resultado del trabajo conjunto entre la junta auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo (San Andrés Cholula), y la comunidad de Santa María Zacatepec (Juan C. Bonilla). Proceso histórico al ser la primera concesión industrial social indígena que se otorgó en todo el país, lo cual permite que la radio sea regulada por la asamblea comunitaria de sus pueblos como máxima autoridad para decidir, registrar y administrar el proyecto de radiodifusión. “Inicialmente nos negaron la concesión como tres veces diciendo que no somos un pueblo originario porque ya no nos vestimos con huaraches; eran argumentos totalmente coloniales. Cuando nos dan la concesión y ganamos el amparo, decimos: «aquí hay un título donde reconocen que somos comunidad originaria, que después de que ganamos este amparo somos un pueblo originario y entonces esto ya nadie nos lo va a tener que debatir nunca”, explicó Miryam. La frecuencia de banda que la IFT otorgó a través de la concesión es compartida entre ambas comunidades, aunque cada consejo de comunicación es autónomo. Esto ha permitido que la radio comunitaria de Tlaxcalancingo conserve su independencia como proyecto de comunicación popular, que desde 2013 se consolidó con la búsqueda y objetivo de que la voz, la imagen y el poder de los pueblos también sea público. Fotografía: Marlene Martínez. Persecución, amenazas y muerte Esa región de México al igual que muchas otras donde las radios comunitarias se han convertido en una pieza clave en las acciones de lucha y defensa de la tierra y el territorio, del agua y otros derechos humanos, los proyectos extractivistas imperan. Estos en su mayoría se apropian de los recursos naturales y despojan de su territorio a los pueblos y comunidades indígenas. Por ello, al mismo tiempo en que la radio comunitaria creció y documentó las luchas de defensa del territorio, del agua y la seguridad jurídica de diversos pueblos, la vigilancia del estado empezó. A cada transmisión le seguía que arribaran elementos del Ejército o del gobierno de Puebla a los lugares que visitaba la radio para hacer transmisiones. Ahí los elementos preguntaban a los pobladores sobre Miryam, ya fuera directamente con su nombre completo o por su apodo –“Mimi”-. “Bajábamos las antenas y nos íbamos a otro lugar y en el otro lugar donde ya estábamos, ahí iba el Ejército preguntando por mí, llegaba a los lugares preguntando por mí. Y entonces eso para nosotros también fue un mensaje y a la vez una forma de entender que nos estamos metiendo con algo porque también el Estado nos estaba vigilando. Nos dimos cuenta que el Ejército en el medio de cada comunicación estaba y desde ese entonces hacia acá el nivel también de violencia del Estado, y empezamos a pensar sobre todo qué podía traernos el hecho de difundir y ser la herramienta por la cual se pueda transmitir los sentires de las comunidades sobre los megaproyectos o proyectos de supuesto desarrollo, sobre todo en las comunidades”. Pronto comenzó la violencia, intimidación, ataques y amenazas contra Miryam y otros líderes visibles de radios comunitarias y de los movimientos de la región. Pese a ello, la locutora indígena no cesó en su propósito de acompañar las luchas y para 2012, se integró al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua – Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA-MPT) que impulsa la defensa del territorio en contra del megaproyecto energético Proyecto Integral Morelos. La lucha contra el proyecto que ha sido una amenaza constante para las comunidades indígenas de la zona debido a la magnitud de este que prevé la construcción de un gasoducto y dos termoeléctricas que atraviesan tierras comunales, fue larga y en 2019 recibió uno de los golpes más fuertes. Samir Flores, defensor de derechos humanos indígena náhuatl, comunicador comunitario, también integrante del FPDTA y compañero de lucha de Miryam, fue asesinado con dos impactos de arma de fuego en la madrugada del 20 de febrero en su vivienda, en Amilcingo, Morelos. Antes de ser asesinado, Samir difundía información sobre las problemáticas comunitarias así como los efectos y riesgos de proyectos como la termoeléctrica y el Proyecto Integral Morelos, e increpó a autoridades. “De pronto hubo un momento en el que el golpe fue muy directo, muy contundente de su parte (el Estado), muy en otros niveles de violencia y eso fue muy duro, una experiencia muy dolorosa que asesinaran a nuestro compañero Samir. Eso fue lo que podríamos decir el momento más grave de algo que no creíamos que nos tocará vivir, ni sentir. Yo todavía siento que muchas veces no creo que haya pasado eso, como que todavía no logro aceptar qué pasó, y que estamos y que vivimos así como sin un pie, o sin una mano. Como que no lo puedo reconocer todavía del todo, nos ha tocado vivir todo eso, todos esos dolores y violencias que ahí están en nuestro cuerpo”. Samir Flores, defensor de derechos humanos indígena náhuatl, comunicador comunitario y compañero de lucha de Miryam. Asesinado en 2019. Foto: Miryam Vargas, archivo Radio Cholollan. La violencia en contra de Miryam se recrudeció después del asesinato de Samir. Desde 2021, ha sido amenazada, atacada, criminalizada y perseguida por su labor como comunicadora comunitaria nahua y como defensora del territorio. Las violencias han sido diversas, la constante es su atacante: el Estado y empresarios. Ese año, mientras acompañaba y reportaba la protesta en contra de la extracción de agua de varias empresas nacionales e internacionales fue víctima de lesiones y violencia sexual por parte de Policía Estatal de Puebla en la carretera a Atlixco. Una forma recurrente de perseguir a luchadores sociales y periodistas comunitarios en esa región es a través del bloqueo informativo. Esto lo vivió en diversos momentos Miryam, como en julio del mismo año, mientras investigaba la situación del socavón en Puebla fue víctima de toma de fotografías y videos no autorizados por parte de la Guardia Nacional. Un mes después, recibió comunicaciones intimidatorias por parte de un particular representante de un desarrollo de fraccionamientos en San Andrés Cholula. En 2022, sujetos armados allanaron la casa de Miryam en dos ocasiones; en la primera ocasión, sustrajeron documentos que tenía bajo resguardo, relacionados con la defensa de la tierra y territorio, además dejaron un cuchillo sobre su cama de una de las habitaciones. Pese a ello, las autoridades de Puebla no investigaron los hechos. El ataque más reciente que sufrió fue en abril de 2025, cuando fue víctima de una campaña de desprestigio llevada a cabo en redes sociales en su contra, así como los actos de hostigamiento por parte de autoridades locales de San Bernardino Tlaxcalancingo y municipales de Cholula. Frente a los ataques Myriam se sostiene con la mano y arropamiento de las mujeres que la acompañan en la lucha y resistencia, que han logrado sostener los espacios y dar revés a proyectos y pero sobre todo “seguir aquí”. “Es un shock ver toda la lista de agresiones que a lo mejor de repente cuando uno las vive como que las minimiza y darte cuenta de que sí es algo sistemático, que sí es algo relacionado a tu labor periodística y a tu defensa del territorio, es un shock y un reto siempre, de cómo volver a salir. Creo que siempre es esa necesidad y toma mucho sentido porque el hecho de que yo diga «híjole, mi pozo ya casi no tiene agua, voy a necesitar el agua y sé que estas empresas se la están acabando”. Entonces, es mi necesidad y obligación hacer esfuerzos organizativos comunitarios para que esto no se convierta en un grave problema después. Y claro que estas heridas y todo lo que ha ocurrido, los agravios están ahí, pero además creo que también es una forma de que de seguir buscando esa justicia por esos agravios”. Fotografía: Anely Nuño. Organizarse para resistir Los ataques y amenazas constantes contra las y los líderes de las radios comunitarias del Valle de Cholula, Puebla, Morelos y Tlaxcala no han evitado que los pueblos mantengan su lucha. Al contrario, ha unido a pueblos y comunidades para defender su tierra, territorio, agua y bosques de manera organizada. En estás luchas, Miryam ha volcado la mirada sobre el cuerpo y territorio de las mujeres que luchan, que sostienen los procesos y acompañan las resistencias. La reflexión la lleva a colocar en la discusión los contextos de violencia, los desafíos de las mujeres indígenas para ser lideresas en espacios tradicionalmente masculinizados y los esfuerzos para visibilizar las luchas sin romantizar los sacrificios sino visibilizando las experiencias. “Sabemos que como comunicadoras, como mujeres, cargamos también con todas estas heridas patriarcales que hemos acumulado de manera ancestral y que muchas veces es difícil desprendernos de esto y tratar de evitar esa homogeneización del pensamiento que se pretende desde el capitalismo, desde la globalización, desde el pensamiento occidental”. La articulación para acompañar las denuncias de los pueblos y comunidades ha sido base para las radios comunitarias y quienes las lideran. Por ello, con el objetivo de reforzar los lazos, entender mejor los territorios y resistir frente a la narrativa de los medios tradicionales, desde la radio comunitaria Cholollan, Miryam impulsó el primer Encuentro de mujeres comunicadoras que reunió por tres días a más de 80 mujeres integrantes de radios comunitarias de todo el país. En el Encuentro se buscó visibilizar los retos que enfrentan en los territorios, pero también la fuerza que les sostiene para seguir informando y defendiendo las comunidades desde sus experiencias compartidas y sosteniendo que unas se complementan con las otras. “La resistencia, la autonomía, la autodeterminación tendrían que ser siempre como nuestros motores y bajo esa lógica también conducir el estilo tanto de vida, pero también de ser comunicador. Conocer esas experiencias y sus historias, eso me marcó mucho porque claro que yo tengo mi historia propia, pero mi historia es un pedacito de las historias de otras y otros que son también en mi comunidad”.
La selección nacional obtuvo tres oros, una plata y tres bronces en la competencia celebrada en Montevideo, Uruguay Laura Fernanda Burgos, Giovanna Alarcón y Aarón Manuel Molina se coronaron campeones continentales en sus respectivas categorías La selección mexicana de muaythai concluyó su participación en el Campeonato Panamericano IFMA 2026 con siete medallas y el tercer lugar del medallero general, resultado obtenido en Montevideo, Uruguay. El representativo nacional sumó tres preseas de oro, una de plata y tres de bronce, en una competencia que reunió a 14 delegaciones, 80 atletas y 65 combates, en la que los mexicanos destacaron en distintas categorías de peso. En lo más alto del podio se ubicaron Laura Fernanda Burgos López, en -54 kilogramos; Giovanna Alarcón Pérez en -60 kg, y Aarón Manuel Molina Ramírez en -71 kg, quienes conquistaron los títulos continentales en sus respectivas divisiones. La medalla de plata correspondió a José Manuel Delgado Ortiz en -63.5 kilogramos; mientras que Galo González Ramírez en 60 kg, Carlos Alberto Márquez Andrade en 54 kg, y Luis Emilio González García en 67 kg, aportaron tres preseas de bronce a la cosecha mexicana. Con estos resultados, México se ubicó entre las delegaciones más destacadas del certamen, reflejo del nivel competitivo de sus representantes en el ámbito continental.
La selección nacional obtuvo tres oros, una plata y tres bronces en la competencia celebrada en Montevideo, Uruguay Laura Fernanda Burgos, Giovanna Alarcón y Aarón Manuel Molina se coronaron campeones continentales en sus respectivas categorías La selección mexicana de muaythai concluyó su participación en el Campeonato Panamericano IFMA 2026 con siete medallas y el tercer lugar del medallero general, resultado obtenido en Montevideo, Uruguay. El representativo nacional sumó tres preseas de oro, una de plata y tres de bronce, en una competencia que reunió a 14 delegaciones, 80 atletas y 65 combates, en la que los mexicanos destacaron en distintas categorías de peso. En lo más alto del podio se ubicaron Laura Fernanda Burgos López, en -54 kilogramos; Giovanna Alarcón Pérez en -60 kg, y Aarón Manuel Molina Ramírez en -71 kg, quienes conquistaron los títulos continentales en sus respectivas divisiones. La medalla de plata correspondió a José Manuel Delgado Ortiz en -63.5 kilogramos; mientras que Galo González Ramírez en 60 kg, Carlos Alberto Márquez Andrade en 54 kg, y Luis Emilio González García en 67 kg, aportaron tres preseas de bronce a la cosecha mexicana. Con estos resultados, México se ubicó entre las delegaciones más destacadas del certamen, reflejo del nivel competitivo de sus representantes en el ámbito continental.
Se coronaron en las categorías Bikini Novata y Men’s Physique del certamen realizado en la CDMX Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte | 27 de octubre de 2026 | Comunicado El evento, que reunió a más de 50 categorías, expuso el crecimiento y superación de la disciplina en nuestro país Con una demostración de disciplina, constancia y excelencia física, los fisicoculturistas Zahara Mejía Villegas y Gerardo Fierro Cuan pusieron en alto el nombre de su deporte, al proclamarse campeones nacionales en sus respectivas categorías, durante el evento Mr. México 2026 celebrado en la Ciudad de México. La ceremonia de premiación del evento, que convocó a más de 50 categorías, estuvo encabezada por el presidente de la Federación Mexicana de Fisicoconstructivismo y Fitness (FMFF), Marco Cabezas; el subdirector del Deporte de la CONADE, Guillermo Ramírez Franco, en representación del director general Rommel Pacheco Marrufo, así como del director del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (SINADE) de la CONADE, Marco Arriola Valenzuela. /cms/uploads/image/file/1112555/WhatsApp_Image_2026-10-26_at_14.58.36__1_.jpeg Durante los cuatro días de intensas actividades, donde se dieron cita los mejores exponentes de la República Mexicana, a través de más de medio centenar de divisiones, quedó de manifiesto el esfuerzo y el impacto positivo que ambos deportistas representan para la juventud y el deporte mexicano consolidándose como ejemplos de superación en una disciplina de máxima exigencia competitiva. El subdirector del Deporte de la CONADE, Guillermo Ramírez Franco, destacó el orgullo que representan estos triunfos para el deporte nacional: “Cada minuto de entrenamiento paga lo justo en cada competencia a la que se enfrentan los y las atletas participantes”, comentó. El talento y la dedicación de los campeones quedaron demostrados sobre la tarima capitalina: /cms/uploads/image/file/1112554/WhatsApp_Image_2026-10-26_at_14.58.36__2_.jpeg Por un lado, Zahara Mejía Villegas, quien cuenta con dos años de preparación y un año incursionando competitivamente en el fisicoculturismo (2026), se coronó en la categoría Bikini Novata, registrando un ascenso meteórico y una calidad indiscutible. Por su parte, el atleta yucateco Gerardo I. Fierro Cuan alcanzó la cumbre de su trayectoria deportiva al consagrarse en Men’s Physique, destacando además como el único representante de Yucatán en participar a nivel nacional en dicha división. En marzo de 2026, la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Yucatán (AFFEY) le otorgó el reconocimiento como “Mejor Atleta Yucateco” en su categoría por sus resultados en la temporada 2025, distinción que ya había obtenido previamente por sus logros en 2023 y próximamente, para cerrar su temporada 2026, Fierro Cuan competirá nuevamente en la Copa Internacional Diamond Cup el próximo 13 de noviembre en Cancún, Quintana Roo.
GUANAJUATO, Gto. — Un juez de control dictó una sentencia condenatoria de 60 años de prisión contra Carlos Manuel “N” por el delito de desaparición cometida por particulares agravada en perjuicio de la profesora Guadalupe Barajas Piña y de un acompañante identificado como Ulises, con lo cual la Fiscalía General del Estado (FGE) cerró el cerco judicial sobre los cuatro autores materiales del crimen ocurrido en febrero de 2020 en el municipio de Salvatierra. La captura del imputado, quien permanecía prófugo de la justicia, se concretó el pasado 8 de octubre en Celaya tras labores de inteligencia coordinadas entre instancias estatales y ministeriales agrupadas en el Grupo de Inteligencia Operativa (GIO). Debido a su clasificación de alto riesgo penitenciario, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) desplegaron un dispositivo táctico para su traslado al penal de Acámbaro, donde la autoridad judicial emitió la sentencia el día 13 de octubre. Desglose de los hechos De acuerdo con las indagatorias ministeriales y las resoluciones del proceso penal, los hechos ocurrieron la mañana del sábado 29 de febrero de 2020 en las inmediaciones del Barrio de San Juan, en Salvatierra. La docente de 32 años, quien impartía clases de nivel primaria en Irapuato, acudió al centro de la demarcación a realizar compras personales mientras se encontraba de visita en el domicilio particular de sus padres. Durante el trayecto a bordo de una camioneta en compañía de Ulises, cuatro individuos armados que se desplazaban en dos motocicletas les cerraron el paso vial. Bajo amenazas con proyectiles de fuego, los agresores forzaron a ambas personas a descender de la unidad y las privaron de la libertad con rumbo desconocido. Antecedentes y hallazgo forense La privación ilegal de la libertad de la profesora activó intensas brigadas de campo impulsadas por familiares y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en la región sur del estado. La movilización derivó en el hallazgo de un predio con fosas clandestinas localizado en octubre de 2020 en el mismo Barrio de San Juan. Tras diligencias periciales especializadas en el terreno, peritos forenses extrajeron los restos humanos correspondientes a 80 víctimas. El 19 de febrero de 2021, dictámenes genéticos y antropológicos confirmaron la identificación de Guadalupe y Ulises; las necropsias legales acreditaron que ambas personas murieron a causa de heridas producidas por impactos de arma de fuego. Litigio prolongado y contexto de seguridad La resolución concluye un proceso penal complejo de más de seis años, marcado por impugnaciones, reposiciones procedimentales, sentencias absolutorias preliminares revocadas por tribunales de alzada, juicios de amparo promovidos por las partes e incluso resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para evitar la impunidad de los involucrados. El caso de la maestra Lupita se consolidó como uno de los expedientes más representativos de la crisis de violencia y desapariciones en Guanajuato, en una franja limítrofe disputada por células del crimen organizado y caracterizada por el ocultamiento sistemático de víctimas en inhumaciones ilegales masivas. Con la reclusión de Carlos Manuel “N”, los cuatro integrantes del comando se encuentran sentenciados y bajo custodia penitenciaria. Expectativa procesal Pese a la condena en firme de 60 años por este proceso, el Ministerio Público mantiene abierta una carpeta de investigación complementaria e independiente contra Carlos Manuel “N”. El área pericial e investigadora analiza indicios balísticos y perfiles biológicos para determinar su probable autoría material y grado de coparticipación en la inhumación y homicidio de las otras 78 personas localizadas en las fosas clandestinas del predio de San Juan, lo que derivaría en la formulación de nuevas imputaciones penales en los próximos meses.