MARTÍN LAZO CUEVAS: La raíz sagrada de la libertad: El eco de 1810 y el derecho inalienable a la autodefensa armada

Por Martín Lazo Cuevas

El pacto social en México no se rompió ayer; lleva dos siglos desangrándose sobre el asfalto de una patria sistemáticamente traicionada por sus propios custodios. La promesa fundamental de que el individuo cede voluntariamente el monopolio de la fuerza a cambio de una protección incondicional es hoy una ficción insostenible. Cuando las instituciones sucumben ante la metástasis de la corrupción, cuando el tejido del orden público se desgarra y los índices de impunidad superan cualquier margen tolerable, la seguridad pública deja de ser una concesión gubernamental para convertirse en lo que siempre debió ser en su esencia más prístina: un derecho natural, un acto de resistencia inalienable y una trinchera comunitaria que se defiende con la vida.

Para comprender la magnitud de este derecho, es imperativo mirar hacia la raíz histórica más profunda de nuestra nación: la aurora de nuestra liberación en 1810. Cuando el Padre de la Patria, Miguel Hidalgo y Costilla, repicó las campanas de Dolores para convocar al pueblo a romper las cadenas de la esclavitud y el mal gobierno, no lo hizo desde la comodidad de un despacho burocrático ni invocando tecnicismos jurídicos de una ley impuesta por el tirano. Lo hizo llamando a tomar las armas porque la opresión virreinal había agotado toda vía pacífica.

Aquel grito libertario encontró eco inmediato en la valentía indómita de Josefa Ortiz de Domínguez, quien desde su posición desafió el poder establecido arriesgando todo para advertir que la hora de la emancipación había llegado, y en la genialidad estratega y social de José María Morelos y Pavón, quien plasmó en los Sentimientos de la Nación que la soberanía emana directamente del pueblo. Todos aquellos revolucionarios, insurgentes y caudillos que empuñaron las armas en 1810 no lo hicieron por un capricho bélico, ni por lujo, ni para presumirlas en desfiles de oropel: lo hicieron para abrirse camino a machetazo y fusil frente al opresor, entendiendo que la libertad jamás se ruega, se conquista.

La memoria histórica de México es una cartografía dolorosa de agravios donde el Estado ha pasado de la omisión a la represión directa de su propio pueblo. La masacre de Tlatelolco en 1968 demostró con sangre que el régimen es capaz de volver las armas de la nación contra sus jóvenes cuando estos exigen libertad y justicia. Esa misma matriz de barbarie institucional se ha multiplicado en las sombras de la historia reciente: la masacre de Acteal, donde hombres, mujeres y niños tsotsiles fueron masacrados mientras oraban en una iglesia; o los sangrientos episodios de represión en Aguas Blancas. Frente a este abandono secular y el yugo de la miseria institucionalizada, el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994 no fue un capricho, sino el grito desesperado de un pueblo que comprendió que, para no morir en el olvido, debía empuñar el derecho a la autodeterminación.

En el México contemporáneo, esta opresión mutó en un pacto simbiótico y oscuro entre la delincuencia organizada y las estructuras de gobierno. El drama de Michoacán es el testimonio más atroz de esta realidad. Figuras emblemáticas como el Dr. José Manuel Mireles e Hipólito Mora encendieron la chispa de los grupos de autodefensa porque los pueblos limoneros, aguacateros y ganaderos estaban cansados de pagar con su patrimonio y con la sangre de sus hijos el derecho a trabajar su propia tierra. Michoacán reveló una constante mortálgica y perversa: todo líder comunitario, comerciante o alcalde que alza la voz y exige seguridad al Gobierno Federal termina siendo traicionado, silenciado o ejecutado. El caso del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y la persecución implacable contra los productores demuestran que el Estado opera bajo una lógica cínica: dejar hacer, dejar pasar, y actuar solo mediante la política del "niño ahogado", simulando intervenir cuando el pozo ya se ha vuelto tan hondo, negro y sangriento que devora a comunidades enteras.

Es en esta encrucijada donde la poética cívica de nuestro Himno Nacional Mexicano cobra un sentido verdaderamente revolucionario, comunitario y humanista. Las estrofas patrias no son piezas museísticas para desfiles oficiales; son un catecismo de resistencia popular. Cuando la letra entona “un soldado en cada hijo te dio”, nos recuerda que la soberanía no reside en los palacios de gobierno ni en la burocracia civil, sino en la conciencia de cada hombre y mujer libre. El pueblo es el verdadero y único soldado de la nación, heredero directo de los insurgentes de 1810. Y cuando el himno proclama “el acero aprestad y el bridón”, nos convoca al mandato sagrado de empuñar la defensa legítima frente a la tiranía, ya provenga de una gavilla criminal o de un gobierno corrupto. Un soldado comunitario no empuña las armas por odio, sino por amor incondicional a su familia, a su comunidad y a su tierra.

Ante esta realidad, el marco jurídico mexicano actual exhibe una contradicción hipócrita y asfixiante. Si bien la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su Artículo 10 que los habitantes tienen el derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa —un derecho de raigambre liberal que reconoce la defensa como una extensión de la vida misma—, la realidad operativa destruye esta prerrogativa. La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (LFAFE), combinada con la discrecionalidad absoluta de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en el otorgamiento de licencias particulares de portación, desarma de facto al ciudadano honesto fuera de sus cuatro paredes.

La ley exige demostrar una "necesidad específica" mediante carpetas de investigación previas, imponiendo una condición kafkiana y perversa: el Estado exige que el ciudadano ya haya sido victimizado antes de permitirle portar los medios para evitar serlo. Asimismo, los tribunales exigen una "proporcionalidad" absurda en la legítima defensa (Art. 15 del Código Penal Federal), limitando a los civiles a calibres menores mientras el crimen organizado opera con armamento de uso exclusivo de las fuerzas armadas y tácticas de guerra.

La cúspide de esta tragedia se manifiesta cuando una persona privada de la libertad o extorsionada logra, en un acto supremo de valentía, vencer a su captor o a su opresor. Al liberarse de las cadenas del criminal, el sobreviviente cae directamente en las garras de un sistema judicial que lo procesa por homicidio, exceso en la defensa o portación ilegal de armas. Juzgar a quien se defiende del cautiverio bajo los parámetros de la tranquilidad burocrática es una traición humanista inaceptable. Ningún ciudadano debe aceptar jamás que defender la propia existencia ponga en riesgo su libertad. El derecho a la vida, a la paz y a la libertad es inalienable, absoluto y preexistente a cualquier ley escrita.

Por consiguiente, ante la quiebra absoluta del pacto social y la incapacidad u omisión dolosa del Estado, la organización ciudadana deja de ser una opción para convertirse en una imperiosa necesidad existencial. Las comunidades ya no pueden depender de la caridad de las instituciones. Es momento imperativo de articular asociaciones civiles, comités de vecinos, agrupaciones de vigilancia y frentes de seguridad pública ciudadana que trasciendan la simple protesta pasiva y se conviertan en verdaderos poderes fácticos de autogestión.

Para que estas asociaciones sean efectivas y alcancen un estatus real de disuasión, es fundamental que sus estatutos, su organización interna y su acción comunitaria contemplen sin ambages la adquisición, el acopio y el dominio de todas las herramientas necesarias para la defensa integral: desde armas de fuego de calibres adecuados y mecanismos tácticos hasta dispositivos de disuasión y explosivos de contención que un pueblo libre y organizado requiera para repeler, ahuyentar y derrotar al opresor, ya sea este una célula del crimen organizado o una autoridad gubernamental corrupta coludida con la delincuencia.

El monopolio de la violencia que el Estado reclama se vuelve nulo e ilegítimo en el momento exacto en que el Estado mismo abjura de su deber primordial de proteger la vida humana. Siguiendo el ejemplo inmortales de Hidalgo, Morelos y Josefa, un pueblo armado moral, cívica y materialmente para su defensa no puede ser doblegado. Las asociaciones civiles de autodefensa deben plantarse con la fuerza suficiente para colocarse al mismo nivel de interlocución frente a los poderes públicos y muy por encima de la barbarie criminal.

La defensa de la paz y de la libertad no es un delito; es la máxima expresión de la dignidad humana y el legítimo derecho de abrirse camino frente al opresor. El ciudadano mexicano tiene el derecho inalienable de preservar su vida, proteger a los suyos y proveer para su propio bienestar. Cuando la ley se convierte en un instrumento de opresión y el gobierno en cómplice del verdugo, empuñar el acero y levantar la voz organizada es el único camino para rescatar la patria y asegurar que ningún mexicano vuelva a caminar jamás de rodillas.

MARTÍN LAZO CUEVAS: La raíz sagrada de la libertad: El eco de 1810 y el derecho inalienable a la autodefensa armada

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