¿Qué celebraremos en la mañanera de hoy desde Palacio Nacional al regreso de nuestra presidenta con A desde Barcelona? Hoy tiraremos ahí grandes y explosivos cohetes mediáticos y vistosas serpentinas declarativas en favor del comunicado conjunto España, México Brasil en defensa de la Cuba del dictador Miguel Díaz Canel y contra los intentos belicistas de Donald Trump por hacerse de esa isla como antes lo hizo con Venezuela. Todo apunta a que la presidenta Claudia Sheinbaum y su comitiva integrada por Alicia Bárcena, titular de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la Oficina de la Presidencia y el nuevo canciller mexicano Roberto Velasco retornan satisfechos por los objetivos cumplidos y alcanzados dentro de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia. Un encuentro que logró la asistencia de Claudia Sheinbaum para sumarse a Pedro Sánchez, presidente de España; Inazio Lula da Silva, de Brasil; Gustavo Petro de Colombia y una decena más de los que en la época echeverrista se auto-denominaban tercer mundistas. Ante todos ellos la mandataria mexicana acudió en su intervención pro-Cuba a supuestas frases, postulados e historia de Huitzilopochtli, Coatlicue a Miguel Hidalgo, Josefa Ortiz de Dominguez, Leona Vicario, Benito Juárez, Pancho Villa, Emiliano Zapata, Gustavo I, Madero y del general Lázaro Cárdenas. De este último recordó: “… cuando el mundo cerraba puertas a los republicanos españoles, abrió las de México para recibir a quienes huían del dolor y de la guerra”, para concluir: “Vengo de un país que abrazó al exilio y convirtió la solidaridad en acción”. Sin embargo, prácticamente toda su intervención ante ese foro multilateral fue para pedir por la Cuba de Díaz Canel: “… creemos, hablando de esa pequeña isla del Caribe, que ningún pueblo es pequeño, sino grande y estoico cuando defiende su soberanía y el derecho a la vida plena”, indicó casi llorosa. Tres fueron sus propuestas: - 1) Destinar el 10% del gasto mundial en armamento, que asciende a miles de millones de dólares, para impulsar un programa global que permita a millones de personas reforestar millones de hectáreas cada año. En vez de sembrar guerra, sembremos paz, sembremos vida. - 2) Quiero proponer una declaración en contra de la intervención militar en Cuba, que el diálogo y la paz prevalezcan, y; - Que la V Cumbre en Defensa de la Democracia se realice en 2027 en el México gobernador por ella (¿en serio? ¿Cuando la 4T encabezada por ella y AMLO han utilizado a sus amañadas y ficticias mayorías legislativas en el Senado y la Cámara de Diputados para aprobar reformas que anulan rápidamente la Democracia y Libertades en México? Y tan-tan se acabó el viaje. Ahora habrá que esperar ver qué respuesta le darán a todo esto el secretario de Estado de EU, el cubano Marco Rubio y su jefe el presidente Donald Trump, y sus allegados en el Senado norteamericano. Porque de que habrá respuesta ni lo dude Usted, habrá respuesta… APLICADITOS LOS BAJACALIFORNIANOS Liderados por la joven presidenta del congreso estatal, la morenista Michel Sánchez Allende los 25 diputados estatales aprobaron el fin de semana reducir 52 millones de su presupuesto. Son así de los primeros en ajustar anticipada y voluntariamente sus gastos pese a que el Plan B aprobado por Senado y Diputados lo exige hasta el ejercicio de 2027. El recorte se da con base en ahorros, dijo la diputada Sánchez Allende en alimentación al personal, adquisiciones de vehículos, telefonía y servicios de comunicación, así como insumos generales como papelería y algunas otras partidas administrativas. LES LLEGÓ EL PLAN ESTRATÉGICO DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA 2026-2029 En el Senado la presidenta Laura Itzel Castillo y el poblano Ignacio Mier, coordinador de la mayoría morenista y presidente de la Jucopo, anunciaron la recepción del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, entregado por la Fiscal General de la República Ernestina Godoy. El Plan precisa los 4 ejes del régimen de la 4T que, afirman Mier y Castillo, integran “una coordinación permanente entre las entidades, fiscalías, el gabinete de seguridad, y las unidades de inteligencia financiera y de investigación criminal para garantizar una justicia verdadera del pueblo”. Twitter: @_Vizcaino / Facebook / https://www.facebook.com/rvizcainoa
La IV Cumbre Por La Democracia, que se llevó a cabo recientemente en Barcelona España, dejó en claro el pensamiento humanista de los Mandatarios asistentes. Ante el peligro de una conflagración mundial, el mensaje era necesario, imprescindible y oportuno para rechazar la guerra y elevar a primer nivel la solidaridad entre los pueblos y el amor social entre los seres humanos. La presidenta de México Claudia Sheinbaum dijo fuerte y claro: “ La democracia significa elevar el amor por encima del odio, cultivar la generosidad en lugar de la avaricia, la fraternidad por encima de la guerra. La democracia significa que la vida no se compra,como tampoco la libertad, ni la dignidad de los pueblos. La democracia significa que solo el respeto a la diversidad y el amor por los demás, hará posible construir un mundo donde quepan todas y todos: Todos los pueblos, todas las lenguas, todas las culturas, todas las naciones. El presidente de Colombia Gustavo Petro al criticar las intenciones del presidente de Estados Unidos, de intervenir militarmente para apropiarse de Cuba. Destacó que el bloqueo es un Genocidio que se comete contra el pueblo cubano. Es una violación a su soberanía, con la lógica extraviada de “Si no piensas igual que yo entonces mato a tu pueblo”. Lula Da Silva dijo estar muy preocupado por Cuba , “pero el problema es de los cubanos, no de Donald Trump. Se debe levantar el bloqueo a Cuba y dejar a los cubanos en libertad para que solucionen sus propios problemas”. Donald Trump ha violentado su juramento como presidente de Estados Unidos pues con el brazo derecho sobre la biblia ha roto su compromiso con su pueblo y con Dios. Ante el libro juró acatar la palabra como sagrada que guía su ética y moral. La herejía de publicar en su plataforma de internet, imágenes como si él fuera Jesucristo. Lo úbica lejos de ese compromiso que viene desde la tradición británica de la edad media y que fue adoptada por los fundadores de Estados Unidos que juraban y firmaban sobre las escrituras para sellar pactos. A propósito de la corresponsabilidad de conflictos y guerras actuales provocadas sin la aprobación de sus pueblos por Israel y Estados Unidos. Debido a su ignorancia muchos como el presidente argentino Javier Miley - quien el mismo día de la cumbre, se encontraba llorando sus culpas en el Muro de los Lamentos en Israel-, siguen considerando a los israelitas como “los elegidos de Dios”.. Parecen ignorar que en el nuevo testamento el mismo Jesucristo dejo claro que “los elegidos son quienes hacen la voluntad de mi Padre”. lo que significa que: El nuevo pacto: reinterpreta el concepto “ linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. A quienes creen en Jesús. 1 Pedro 2-9 La biblia en Mateo 20:25-26 dice: “Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor”. El propio Papa León lV tras descalificativos personales ha alertado “ sobre tiranos que usan el nombre de Dios para justificar guerras”. Recientemente, hemos visto manifestaciones de multitudes en varios estados de la Unión Americana. Se afirma que más de 8 millones de personas salieron a las calles con la misma consigna ¡NO King! Lo que denota el tamaño de la inconformidad del pueblo estadounidense. Muchos piensan que las elecciones de noviembre serán la “ prueba de fuego” para Donald Trump. Sin embargo, la imperfección del “ sistema democrático” donde una minoría es el gran elector sobre el verdadero voto popular, hace al sistema electoral de EU en un sistema imperfecto y antidemocrático. El presidente de España Pedro Sánchez afirmó: "Han intentado que nos avergoncemos de nuestras ideas y de nuestro pasado. Pero eso se acabó. Y enfatizó: A partir de hoy el orgullo. El orgullo de ser de Izquierda, de ser Socialdemócratas, de ser Socialistas, de ser Progresistas. Es el orgullo de estar del lado correcto de la historia. El Orgullo de gritar una y mil veces: ¡Si a la Paz ! ¡No a la guerra! “La vergüenza es para quienes hacen la guerra en Gaza. Cisjordania, en Ucrania, en el Líbano , en Oriente Medio. Para nosotros es el orgullo porque somos pacifistas y amamos la Paz”, puntualizó. El Valor de la Palabra es fundamental para obtener respeto, confiabilidad y seriedad. Es la connotación fundamental para inspirar confianza en la relaciones, credibilidad en los tratos comerciales y; sobre todo, en los compromisos políticos. Pero la demagogia aparece cuando no se tiene honor en la palabra. Se pierde también la confianza y se desmorona el capital político. Donald Trump, ha perdido la credibilidad y el Valor de la Palabra. Sus reprobables acciones han acelerado el repudio generalizado a su gobierno y la decadencia del imperialismo norteamericano. * El autor es Premio México de Periodismo, Ricardo Flores Magon 2016, en Reportaje Radiofónico y en año 2019, por Artículo de Fondo, otorgado por la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, y el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE. La Asociación de Periodistas Unidos por el Glifo y la Palabra AC.del Estado de México, en Enero de 2026, le otorgó Reconocimiento por su Eficaz Quehacer Periodístico. Es columnista, escritor, analista político y generador de contenidos.
abril 9, 2026 El bloqueo de cuentas sin control judicial previo debilita el Estado de derechos. En México, la certeza jurídica no es opcional: es la base sobre la que se construye la confianza, la inversión y el desarrollo. Cuando el acceso a los recursos de personas y empresas puede restringirse sin controles judiciales previamente definidos, se abre un espacio de incertidumbre que impacta directamente en la estabilidad económica y contraviene lo establecido en el artículo 14 de nuestra Constitución y en diversos tratados internacionales que México ha ratificado. Desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) advertimos que la determinación realizada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado lunes 6 de abril, abandona el criterio fijado por su antecesora, avalando así el bloqueo de cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sin una orden judicial previa. Con esta decisión, se establece un precedente delicado para el Estado de derechos, al permitir afectaciones directas al patrimonio de personas y empresas sin reglas plenamente definidas. La resolución deriva de la Acción de Inconstitucionalidad 58/2022 y valida la reforma al artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito. Por una mayoría de 6 votos contra 3, se determinó que el bloqueo de cuentas procede cuando la UIF cuente con “indicios suficientes” de posible vinculación con operaciones ilícitas o financiamiento al terrorismo. El esquema validado también tensiona el principio de presunción de inocencia, reconocido en el artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución, al permitir el bloqueo de cuentas con base en indicios sin una resolución judicial previa. Esta medida puede generar efectos similares a una sanción antes de acreditar responsabilidad, colocando a personas y empresas en una posición de desventaja para su defensa. La inversión depende de la certeza en el entorno institucional. Cuando una autoridad puede restringir recursos sin control judicial previo, se afecta la confianza de inversionistas nacionales e internacionales. En un contexto de incertidumbre, decisiones que debilitan contrapesos o la protección de activos elevan el riesgo y reducen la disposición para invertir en el país. Este escenario resulta especialmente sensible en el marco del T-MEC y la competencia global por capital. Cuando una autoridad puede restringir activos sin control judicial previo, se afecta la percepción de riesgo y la disposición de inversionistas nacionales e internacionales para apostar por México. El impacto de esta resolución recae de manera desproporcionada sobre las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), que representan más del 99% del tejido empresarial y cuya operación depende de la liquidez diaria. A diferencia de las grandes corporaciones, carecen de estructuras jurídicas y reservas financieras para enfrentar procesos prolongados ante la UIF o tribunales. Un bloqueo de cuentas, incluso cautelar, puede impedir el pago de nómina, proveedores o créditos, poniendo en riesgo empleos y la viabilidad del negocio. La resolución de la Suprema Corte no agota el debate; abre una responsabilidad directa para el Poder Legislativo y las autoridades regulatorias. Corresponde a ambos colmar los vacíos que la norma vigente deja sin resolver: el estándar mínimo de indicios que justifica un bloqueo, los plazos máximos de duración de la medida cautelar y los mecanismos de control que impidan su uso discrecional. En ese sentido, desde COPARMEX exhortamos al Poder Legislativo y a las autoridades regulatorias a colmar los vacíos que la norma vigente deja sin resolver. Para ello, proponemos: Definir con claridad los supuestos que justifican un bloqueo, mediante criterios objetivos y verificables. Establecer un control judicial oportuno que revise la legalidad de la medida en un plazo máximo de 72 horas. Garantizar la notificación inmediata al titular, con fundamentos claros que permitan ejercer su defensa. Crear un régimen de responsabilidad cuando existan afectaciones derivadas de actuaciones infundadas. Incorporar criterios de transparencia mediante la publicación periódica de información sobre el uso de estas facultades. En COPARMEX reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de un entorno en el que el combate a la ilegalidad sea plenamente compatible con la seguridad jurídica, condición esencial para impulsar la inversión y el desarrollo sostenido del país.
Por Renata Bessi 10 abril, 2026 Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México deben decidir sobre el amparo en revisión que interpusieron 17 comunidades mayas de Hopelchén, en el estado de Campeche, Península de Yucatán, por la contaminación del agua por plaguicidas en su región. El proyecto de sentencia de la ministra María Estela Ríos González estaba listado para discutirse en la sesión pública ordinaria del pleno el 26 de marzo, pero se pospuso la votación y no hay nueva fecha prevista. Las comunidades piden que los ministros desechen la resolución del caso propuesta por Ríos González. Eso porque, a pesar de reconocer las múltiples omisiones que cometió el Juez Primero de Distrito en Campeche - que no reconoce la contaminación del agua -, la ministra propone devolver el expediente a dicho juez para que reponga el procedimiento y vuelva a emitir sentencia, en lugar de que sea el máximo tribunal del país quien se encargue de resolver la situación de contaminación que enfrentan. En 2020, las 17 comunidades mayas presentaron una demanda de amparo debido a la contaminación y exposición a residuos de plaguicidas clasificados como altamente peligrosos, resultado de la actividad agrícola industrial en la región, especialmente los cultivos de soya y de maíz, incluyendo transgénicos. La maya Itzel Pech, del Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, explica que la actividad agroindustrial ha llevado a la deforestación de más de 400 mil hectáreas de bosque. “Estos cultivos vienen acompañados de paquetes tecnológicos, plaguicidas, glifosato, agrotóxicos agresivos para la salud, medio ambiente y para las abejas. Este problema se inició por lo menos desde 2012 y se ha ido incrementando. Se ha incrementado el uso de estas sustancias por medio de avionetas y ahora por medio de drones. La contaminación no es sólo del agua, es del aire también. Estamos en una exposición directa y constante”. Fumigaciones terrestres y aéreas en campos de cultivos transgénicos en Campeche. Las comunidades reclaman a organismos del Estado omisiones y violaciones a sus derechos, tales como la ausencia de información sobre la calidad del agua, la omisión de monitorear los residuos de plaguicidas en el acuífero y en el agua de pozos para consumo humano, la autorización de múltiples plaguicidas altamente peligrosos que se aplican en los territorios sin ninguna medida ni control, así como la contaminación y los riesgos a la salud. Entre las autoridades reclamadas están la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Secretaría de Salud, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). La denuncia de contaminación de las comunidades está avalada por diversos estudios, incluyendo información pública, que evidencian residuos de plaguicidas en el acuífero de la Península de Yucatán, en agua de pozos para el consumo humano, en agua embotellada, e incluso en orina y sangre de personas. “En el expediente se incluyen diversas pruebas que acreditan lo mencionado”, sostuvieron las comunidades en un comunicado. A pesar de las pruebas, el Juez de Distrito en Campeche consideró que “no eran idóneas”, por lo que negó el amparo. Para las comunidades, con esta decisión el juez omitió considerar obligaciones, facultades y lineamientos que debió atender, como son el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), del cual el Estado mexicano es signatario, así como principios de prueba aplicables en materia ambiental e incluso protocolos de actuación publicados por la propia SCJN, a fin de brindar la protección de la justicia a las comunidades mayas. Suprema Corte En mayo del 2025, la SCJN resolvió atraer el amparo en revisión, por considerar de “gran interés y trascendencia que tiene este caso en temas relacionados con el derecho humano al agua y a un medio ambiente sano, así como con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas”. Sin embargo, la ministra María Estela Ríos está proponiendo devolver al mismo juzgado de Campeche el expediente de amparo para que se reponga el procedimiento y se emita una nueva sentencia. “Somos gente maya y estamos reclamando justicia desde hace años. Recorrimos un largo camino para llegar hasta aquí. No queremos que se regrese a Campeche, porque tenemos la experiencia de que, si las autoridades de aquí hacen los estudios del agua, van a decir que no está contaminada”, dice don Gustavo Huchin, quien hace parte del Colectivo de Comunidades Maya de los Chenes. Entrega de firmas por la causa "Hopelchén sin plaguicidas". Para la abogada Itzel Arteaga, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), que asesora a las comunidades, el juzgado en Campeche “no toma en consideración principios de derechos humanos, principios ambientales e interculturales, tampoco tiene la formación ambiental para analizar de forma integral el asunto”. Además, las comunidades han expresado que “no hay confianza con las autoridades locales de Campeche y es por eso que se buscó llegar a la Suprema Corte, para que se tenga una sentencia más protectora, que tenga un enfoque más integral”. Las comunidades mayas subrayan y hacen un llamado a los ministros para que voten en contra del proyecto de sentencia de la ministra María Estela Ríos y que resuelvan el “fondo del asunto, ordenando acciones urgentes”. Entre ellas, generar información sobre el estado de la contaminación del acuífero de Hopelchén y de los pozos del sistema de agua potable; actualizar las normas que determinan la calidad mínima que debe tener el agua de uso y consumo humano; prohibir los plaguicidas altamente peligrosos en la agricultura de la región; además de inspeccionar y vigilar la aplicación de plaguicidas en general. “Sí, somos los directamente afectados. Pero todos estamos en la misma barca. La península [de Yucatán] también se contamina. En el centro del país reciben productos que salen del campo de Hopelchén, de Campeche, y llegan a sus mesas. Estos productos están altamente contaminados por agrotóxicos que se vierten de forma indiscriminada en los campos”, añade don Gustavo Huchin. Además de la lucha por el agua, las comunidades mayas han trabado en los últimos años batallas contra las semillas transgénicas y contra la muerte masiva de sus abejas provocada por plaguicidas.
Redacción Desinformémonos 18 abril 2026 Ciudad de México | Desinformémonos. Familias buscadoras de la Ciudad de México y el Estado de México denunciaron el hallazgo de mil 76 restos y fragmentos óseos en las lagunas de la zona Tláhuac-Chalco, resultado de jornadas de búsqueda iniciadas el pasado 7 de abril. Señalaron que este descubrimiento no es producto de la labor institucional, sino del trabajo, vigilancia y exigencia de las propias familias, quienes evitaron que evidencias fueran ignoradas o desechadas. En su pronunciamiento, acusaron a las autoridades de opacidad, irregularidades y falta de capacidad técnica en el manejo de los restos, lo que pone en riesgo la identificación de las víctimas y rompe la cadena de custodia. También denunciaron intentos de minimizar los hallazgos al catalogarlos como restos arqueológicos sin sustento, así como omisiones graves en la investigación, pese a antecedentes de hallazgos humanos en la misma zona. Las familias advirtieron que enfrentan condiciones de búsqueda precarias y falta de seguridad, además de actos de revictimización por parte de autoridades. Asimismo, señalaron intentos de obstaculizar la cobertura de medios de comunicación, lo que, afirmaron, busca ocultar la magnitud de la crisis de desapariciones en el país. Finalmente, exigieron que la búsqueda continúe sin interrupciones, el aumento inmediato de personal especializado, el procesamiento adecuado de cada hallazgo y la instalación de mecanismos de seguimiento con participación de las familias. Subrayaron que cada fragmento encontrado representa la posibilidad de identificar a una persona desaparecida y reiteraron su exigencia de verdad, justicia y dignidad. A continuación el comunicado completo: Pronunciamiento de las familias de Ciudad de México y el Estado de México por los hallazgos localizados en las lagunas de Tláhuac-Chalco A las familias buscadoras de la Ciudad de México, Estado de México y el resto del país, a los organismos internacionales, a las organizaciones de la sociedad civil que nos acompañan, a los medios de comunicación y a toda la sociedad de México: Hablamos hoy desde el dolor, pero sobre todo desde la exigencia. Lo que comenzó el pasado 7 de abril como una jornada de búsqueda en las lagunas de La Habana, en los límites de Tláhuac y Chalco, ha revelado una realidad devastadora. Al corte de ayer, jueves 16 de abril, hemos contabilizado 1,076 hallazgos de interés forense para las familias. Queremos dejarlo claro: este hallazgo masivo no es un logro de las autoridades. Es el resultado directo de la participación, la vigilancia y la supervisión de las familias buscadoras. Mientras que las autoridades pretendían dejar pasar restos y fragmentos óseos sin procesar y agotar el cribado de la tierra de forma superficial, fuimos las familias buscadoras quienes estuvimos al tanto para que no se dejará un solo resto ni fragmento óseo atrás. La autoridad quería que esto pasara desapercibido; las familias queremos que hoy el mundo entero sepa la tragedia de lo que ocurre en la capital del país. Los 1,076 restos y fragmentos óseos localizados no son solo un número. Son el reflejo de una crisis que hemos señalado las familias, las organizaciones que nos acompañan y diversos organismos internacionales. Nuestras instituciones están rebasadas por la falta de coordinación, ineficacia e indolencia de las autoridades. Lo que estamos viviendo hoy en Tláhuac es algo que hemos vivido por años las familias. Hemos documentado opacidad, incompetencia e irregularidades graves en el manejo de los restos y fragmentos óseos. Estos se están agrupando sin una metodología técnica adecuada, rompiendo toda cadena de custodia y el derecho a la identidad. La falta de peritos, arqueólogos y antropólogos suficientes por parte del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses y la Fiscalía de la ciudad es una omisión que no vamos a tolerar. No permitiremos que encubran que en México existen más de 132,000 personas desaparecidas, mucho menos que en la Ciudad de México buscamos a 5,798 personas y en el Estado de México a 13,853 personas. Resulta inaceptable que las autoridades, específicamente la fiscalía, pretendan catalogar los hallazgos como restos arqueológicos, basándose únicamente en una apreciación visual. Al no haber requerido oportunamente la presencia de especialistas del Instituto Nacional de Historia y Antropología, la autoridad impidió que se siguieran las formalidades legales y técnicas obligatorias para descartar dicha aseveración. Esta narrativa omite deliberadamente que desde agosto de 2025 se localizaron restos humanos en esta misma zona que aún conservaban prendas de vestir, un indicio forense fundamental que desvirtúa cualquier intento de reducir estos 1,076 hallazgos a un contexto exclusivamente arqueológico. Al ignorar la evidencia de violencia contemporánea y la realidad de un sitio donde “seguido aparecen cuerpos de personas flotando”, las autoridades incurren en una omisión grave de su deber de investigar y garantizar el derecho a la verdad y la justicia para las víctimas de desaparición. También queremos denunciar la falta de seguridad para las familias. No solo nos enfrentamos al terreno, nos enfrentamos a la desprotección absoluta. Exigimos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana una vigilancia permanente en el perímetro. No es posible que, mientras las familias hacemos el trabajo de búsqueda, no se nos cuide de manera adecuada. Hemos buscado en condiciones precarias. El Estado no ha garantizado cinturones de seguridad para proteger nuestra integridad, ni transporte para las jornadas bajo el sol. Además, señalamos que, nuevamente, hemos sido víctimas de la falta de empatía y de procesos revictimizantes por parte del personal pericial y la Policía de Investigación. Esta violencia institucional se manifestó crudamente cuando la negligencia llegó al extremo de obligar a las familias a rescatar restos y fragmentos óseos que pudieran pertenecer a nuestros seres queridos, mientras que los peritos ya los habían desechado por su prisa y falta de debida diligencia. De igual forma, condenamos enérgicamente el trato hostil y las tácticas de intimidación por parte de los elementos de la Fiscalía hacia los medios de comunicación que intentan cubrir estas jornadas. Las autoridades han pretendido obstaculizar y censurar la labor periodística, limitando el acceso y la documentación de la zona en un intento por ocultar la magnitud de la tragedia que emerge de estas lagunas. Reafirmamos que el escrutinio público es un derecho y que la visibilización de este horror es necesaria para que la sociedad comprenda la gravedad de la problemática que enfrentamos. Por lo anterior, hoy en reunión con el Gabinete de Búsqueda, entregamos un oficio solicitando que la búsqueda en Tláhuac continúe de forma ininterrumpida hasta que el sitio sea procesado por completo. Los calendarios oficiales de búsqueda no deben, bajo ninguna circunstancia, estar por encima del hallazgo de nuestros seres queridos. Los recursos técnicos y humanos deben permanecer concentrados en la emergencia forense que representan las Lagunas de La Habana entre los límites de Tláhuac y Chalco hasta que se garantice que no queda un solo resto o fragmento humano por recuperar. Por ello, también exigimos: 1. Que asignen de manera inmediata recursos adicionales, garantizando que aumente la presencia de peritos, arqueólogos y antropólogos forenses por parte del INCIFO, la Fiscalía y la Comisión de Búsqueda. 2. Que se garantice que cada resto y fragmento óseo localizado sea trasladado y procesado siguiendo los estándares internacionales de identificación, ya que dentro de los más de 1,000 restos y fragmentos localizados en esta jornada podrían estar nuestros seres queridos esperando regresar a casa. 3. Que se instale una mesa de seguimiento con las familias y nuestros acompañantes para que se nos informe con total transparencia sobre los avances en la localización, identificación e investigación de todos los casos de personas desaparecidas vinculadas a esta zona. 4. Que se entregue un informe exhaustivo sobre los restos y fragmentos óseos localizados, así como los hallazgos que sigamos encontrando en este sitio de dolor, garantizando la trazabilidad de cada uno de los hallazgos de interés forense para las familias. 5. Se realice un análisis de contexto multidisciplinario sobre la zona lacustre de Tláhuac-Chalco. Es imperativo que las autoridades expliquen las dinámicas de violencia y territorialidad que han convertido este espacio en un sitio de depósito y ocultamiento de restos humanos. 6. Que se garantice el resguardo de la zona y la vigilancia permanente por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el perímetro. 7. Que no se tome ninguna decisión de cierre de punto sin el consenso y la validación de quienes buscamos hoy a un ser querido en la Ciudad de México y el Estado de México. 8. Que se nos garantice la seguridad e integridad de quienes participamos en los procesos de búsqueda, mediante la implementación de medidas de protección eficaces, oportunas y con enfoque diferenciado. Lo anterior, a fin de asegurar que nuestra labor se realice en condiciones libres de riesgo, intimidación o violencia, en cumplimiento del deber del Estado de salvaguardar a quienes ejercemos nuestro derecho a buscar a nuestros seres queridos. Para las autoridades, un molar o una falange es un desecho; para nosotras, es una esperanza de poder regresar a nuestros seres queridos a casa. Estamos aquí por necesidad y por amor, y no nos iremos hasta que el último hueso sea recuperado con dignidad, porque las personas desaparecidas merecen ser buscadas con respeto y amor. ¿Por qué les buscamos? ¡Porque les amamos! ¡Hasta encontrarles! ¿Por qué les buscamos?¡Porque sólo nosotras los encontramos y ya se los demostramos
Solo 28% de la propiedad agraria está en manos de mujeres; el convenio busca facilitar su acceso a derechos sobre la tierra 16 de abril de 2026 La estrategia impacta 8 mil 786 núcleos agrarios donde opera Sembrando Vida y fortalece la inclusión productiva de las mujeres La subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la Secretaría de Bienestar, Columba Jazmín López Gutiérrez y el procurador Agrario, Víctor Suárez Carrera, firmaron un Convenio Marco de Colaboración para la atención en derechos agrarios en los territorios donde opera el programa Sembrando Vida, con un enfoque prioritario en el acceso de las mujeres a la tierra y a la certeza jurídica sobre ella. A través de este convenio, se facilitará la asesoría jurídica, la acreditación de derechos, la resolución de conflictos agrarios y el acompañamiento en procesos de sucesión, lo que permitirá avanzar en la regularización de parcelas y en el reconocimiento de mujeres como titulares de derechos agrarios en ejidos y comunidades. En este sentido, la subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, señaló que “la libertad de las mujeres pasa necesariamente por el acceso al patrimonio. Si una mujer no tiene tierra, no tiene condiciones plenas para decidir sobre su vida. Por eso es fundamental que las mujeres campesinas tengan derechos sobre la parcela que trabajan y sobre el espacio donde viven”. El convenio también responde a una realidad concreta en territorio: miles de mujeres participan en el programa Sembrando Vida trabajando parcelas bajo acuerdos informales o en condiciones de usufructo, lo que en muchos casos ha generado incertidumbre sobre la continuidad de su trabajo. Con este acuerdo, se abre una ruta para regularizar estas situaciones mediante procesos de conciliación, acuerdos de asamblea y registro legal. Por su parte, el procurador agrario, Víctor Suárez Carrera, destacó que la firma del convenio con Sembrando Vida, con la presencia de la subsecretaria, consolida un esfuerzo institucional clave para fortalecer la segunda etapa del programa desde el territorio. Subrayó que este acuerdo permitirá brindar certeza jurídica a las y los sembradores, con énfasis en el reconocimiento de derechos agrarios para las mujeres, impulsando su participación plena en los núcleos agrarios. Asimismo, planteó la posibilidad de que los Centros de Atención Agraria funcionen como espacios de distribución de productos, promoviendo circuitos de consumo de campesino a campesino. Con ello, se fortalece la economía local, se agrega valor a la producción y se refuerza la defensa de la propiedad social de la tierra. Este esfuerzo también reconoce el valor de la propiedad social, que abarca más del 50% del territorio nacional y constituye la base de la organización comunitaria en el campo mexicano. Ejidos y comunidades no solo son formas de tenencia de la tierra, sino espacios donde se construyen identidad, producción y vida colectiva.
Confirman que algunos proyectos de presupuesto participativo no eran viables Personas que propusieron proyectos para el presupuesto participativo impugnaron decisiones del Tribunal Electoral de la Ciudad de México que los declaró inviables. Al revisar los casos, la Sala Regional Ciudad de México confirmó esas decisiones, al considerar que el Tribunal local analizó correctamente los proyectos y explicó por qué no podían someterse a la consulta. Entre las razones, se señaló que algunos proyectos no cumplían con los requisitos legales o proponían acciones que corresponden realizar al gobierno; y no a este tipo de presupuesto. Por ello, la Sala determinó que las resoluciones eran correctas y las dejó firmes. ¿Qué significa esta decisión para la ciudadanía? Significa que los proyectos de presupuesto participativo deben cumplir con ciertos requisitos legales y estar dentro de lo establecido en este mecanismo para que los habitantes de la Unidad territorial puedan votar por alguno de ellos. Además, confirma que las autoridades pueden revisar de manera completa los proyectos y decidir si son viables, lo que asegura que las propuestas realmente puedan realizarse y beneficien a la comunidad. Sala Regional Ciudad de México confirma resoluciones sobre la inviabilidad de proyectos de presupuesto participativo La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió los juicios de la ciudadanía SCM-JDC-49/2026, SCM-JDC55/2026, SCM-JDC-60/2026 y SCM-JDC-63/2026, relacionados con proyectos de presupuesto participativo en la Ciudad de México. En los asuntos, las personas promoventes controvirtieron resoluciones del Tribunal Electoral de la Ciudad de México que, tras revocar determinaciones de órganos dictaminadores de alcaldías, estudiaron los casos en plenitud de jurisdicción y concluyeron la inviabilidad jurídica de los proyectos propuestos. Al analizar los medios de impugnación, la Sala Regional determinó confirmar las sentencias reclamadas, al considerar que el Tribunal local actuó correctamente al ejercer su facultad de plenitud de jurisdicción, lo que le permitió estudiar de manera integral los asuntos y emitir una decisión definitiva. Asimismo, la Sala concluyó que los agravios planteados eran infundados o ineficaces, ya que no desvirtuaban las razones por las cuales se determinó la inviabilidad de los proyectos, entre ellas, el incumplimiento de requisitos de viabilidad jurídica o el hecho de que implicaban actividades que corresponden al ámbito de las autoridades gubernamentales y no al presupuesto participativo. En consecuencia, se confirmaron las sentencias del Tribunal Electoral de la Ciudad de México.
La diputada Aguilar Gil propone reformar la Ley General de Salud La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) propuso que sea materia de salubridad general la atención integral, diagnóstico temprano y protección de los derechos de las personas neurodivergentes, garantizando el acompañamiento interdisciplinario para asegurar su bienestar, inclusión y autonomía durante todas las etapas de su vida. En una iniciativa, que reforma los artículos 3 y 27 de la Ley General de Salud, define a las personas neurodivergentes como aquellas cuya configuración neurológica y procesos cognitivos presentan variaciones naturales respecto a la media, incluyendo, pero no limitado al espectro autista, TDAH, dislexia y otras condiciones del neurodesarrollo. El documento enviado a la Comisión de Salud expone que la neurodivergencia reconoce la existencia de diversas formas de pensar, sentir y percibir el mundo. Estas condiciones pueden influir en procesos como la concentración, el control de impulsos, los niveles de energía, comunicación social, procesamiento sensorial, lectura y escritura, así como la coordinación motriz. Asimismo, que la neurodivergencia se refiere a personas cuyo funcionamiento cognitivo difiere del de la mayoría de la población, lo que puede impactar su forma de aprender, comunicarse e interactuar socialmente. De acuerdo con diversos estudios, se estima que un porcentaje significativo de la población mundial presenta alguna condición asociada a la neurodivergencia, lo que representa un desafío relevante para los sistemas de salud pública. Se estima que entre el 10 y el 20 por ciento de la población mundial es neurodivergente; es decir, una de cada cinco personas experimenta el mundo con un cerebro que procesa la información de forma diferente, agrega. Destaca que en México alrededor del 15 por ciento de la población tiene una condición neurodivergente, aunque no existe una estadística oficial consolidada sobre la prevalencia de estas condiciones a nivel nacional, y la carencia de información sistematizada dificulta la planeación de servicios de salud pública y el diseño de políticas adecuadas. Además, señala, la ley General de Salud no contempla actualmente una regulación específica que reconozca a la neurodivergencia como una categoría propia ni que estructure servicios de salud pública dirigidos a esta población, y la ausencia de un marco normativo en esta materia genera una brecha significativa, así como en el acceso a la educación, trabajo e inclusión social de millones de personas. Por ello, la diputada Aguilar Gil considera importante reconocer expresamente la neurodivergencia, garantizar servicios de salud pública adecuados a sus necesidades y establecer acciones de detección temprana, diagnóstico oportuno, atención integral y acompañamiento interdisciplinario.
En los últimos años, el término "neurodivergente" ha ganado relevancia en redes sociales, escuelas y entornos laborales, pero ¿qué hay detrás de esta palabra? Lejos de ser una enfermedad que deba curarse, la neurodivergencia es una perspectiva que invita a entender que no todos los cerebros funcionan de la misma manera. El origen del concepto El término fue acuñado a finales de los años 90 por la socióloga Judy Singer. Su objetivo era cambiar la narrativa médica tradicional —que veía estas condiciones solo como "déficits" o "trastornos"— hacia un modelo de neurodiversidad, similar a la biodiversidad en la naturaleza. Ser neurodivergente significa que el cerebro de una persona procesa, aprende y se comporta de manera distinta a lo que se considera "típico" o "normal" por la sociedad (quienes son llamados neurotípicos). ¿Qué condiciones se incluyen en la neurodivergencia? Aunque el espectro es amplio, las condiciones más comunes bajo este paraguas son: Autismo (TEA): Diferencias en la comunicación social y la percepción sensorial. TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad): Variaciones en la regulación de la atención, la impulsividad y la energía. Dislexia, Disgrafía y Discalculia: Formas distintas de procesar la lectura, la escritura o los números. Síndrome de Tourette: Movimientos o sonidos involuntarios (tics). Altas Capacidades: Un desarrollo intelectual significativamente superior a la media. Rompiendo mitos: Fortalezas y desafíos Ser neurodivergente no es un insulto ni una limitación total. Muchas personas dentro de este espectro poseen habilidades excepcionales, como: Pensamiento "fuera de la caja": Gran capacidad creativa y de resolución de problemas. Hiperenfoque: Capacidad de concentrarse profundamente en temas de interés. Memoria y detalle: Una observación minuciosa que otros suelen pasar por alto. Sin embargo, el mundo está diseñado para personas neurotípicas. Esto genera desafíos reales, como la sobrecarga sensorial (exceso de ruido o luz), dificultades en normas sociales implícitas o el agotamiento por intentar "encajar" (conocido como masking). Hacia una sociedad más inclusiva Entender la neurodivergencia es el primer paso para construir una comunidad más justa. En Tijuana y Rosarito, la inclusión comienza con pequeños cambios: En la escuela: Adaptar métodos de enseñanza. En el trabajo: Valorar los resultados por encima de la "forma" en que se llega a ellos. En la calle: Ser empáticos con las crisis sensoriales y evitar juicios sobre el comportamiento de los demás. La neurodivergencia no es algo que se deba ocultar, sino una parte fundamental de la diversidad humana. Como sociedad, el reto es dejar de intentar "arreglar" a las personas y empezar a arreglar los entornos para que todos puedan prosperar.
19 de abril de 2026 ● En su primer año, un total de 176 mil 152 mujeres voluntarias que lideran el cambio cultural en sus territorios se registraron para formar parte de la red ● La voz activa de estas mujeres es fundamental para entender las causas de la violencia y fortalecer la prevención ● Esta dependencia tiene la convicción de que el diálogo con las juventudes es crucial para prevenir las violencias y combatirlas Un total de 35 mil jóvenes mexicanas se sumaron a la Red Nacional de Tejedoras de la Patria, para contribuir de manera voluntaria con el fortalecimiento del tejido social, el combate a la violencia de género y la promoción de la igualdad en sus comunidades y territorios. Este grupo de jóvenes forma parte de las 176 mil 152 mujeres, de todas las edades, que se registraron en todo el país durante el primer año de esta estrategia, impulsada por la Secretaría de las Mujeres, bajo la encomienda de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La incorporación de estas 35 mil mexicanas es crucial en el combate a la violencia de género, toda vez que dialogar y entender qué ocurre con las juventudes, en sus familias y en su desarrollo personal es fundamental para avanzar en el cambio cultural hacia un nuevo pacto social, basado en el respeto y la igualdad entre mujeres y hombres. Se construirán espacios de diálogo y reflexión que permitan la creación colectiva de herramientas diseñadas por las propias jóvenes para atender y prevenir las violencias que viven en sus entornos. Asimismo, este proceso permitirá identificar otros desafíos que enfrentan las mujeres jóvenes y reconocer el rol fundamental que pueden desempeñar en la transformación de sus comunidades. Con esta visión, la apuesta institucional de la Secretaría de las Mujeres es construir una generación de paz, de esperanza y de igualdad que permita que, cuando estas mujeres crezcan, no normalicen las violencias y tengan herramientas para combatir la discriminación. Para lograrlo, es necesario que el cambio cultural sea abrazado por la sociedad, a fin de que las acciones gubernamentales tengan un respaldo social sólido. La conformación de la Red Nacional de Tejedoras de la Patria es el punto número 54 dentro de los 100 compromisos para el Segundo Piso de la Cuarta Transformación establecidos por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El éxito de esta red se refleja en la participación nacional, con estados como Chiapas que cuentan con 27 mil 107 mujeres registradas; Tamaulipas, con 24 mil 233 y Estado de México, con 18 mil 768. Estas entidades encabezan la lista de tejedoras voluntarias. Además, la red destaca por su carácter incluyente, pues el 10 por ciento de las participantes pertenecen a comunidades indígenas y un 7 por ciento son hablantes de lenguas originarias. Para este 2026, la Secretaría de las Mujeres se ha propuesto transitar del registro individual hacia la identificación de redes comunitarias ya consolidadas, para reconocer los sistemas de apoyo existentes, especialmente en zonas indígenas. Con la participación de mujeres jóvenes en la Red Nacional de Tejedoras de la Patria, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de las Mujeres, reafirma su convicción de que la transformación del país es posible únicamente mediante la escucha de las nuevas generaciones. Su voz activa es un motor fundamental que garantiza que el bienestar llegue a cada rincón del país.
Jueves 16 Abril 2026 El Grupo Interinstitucional informa que, por instrucción de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se inició una investigación exhaustiva para esclarecer el origen del derrame de hidrocarburo en el Golfo de México, al tiempo que fueron separados de sus funciones a 3 servidores públicos cuyos cargos son: Subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental; Coordinador de Control Marino, y por último, el Líder de Derrames y Residuos; toda vez que pudieran estar vinculados con los hechos. Lo anterior, como parte de un compromiso firme con la transparencia, la rendición de cuentas y la protección ambiental. El secretario de Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, dijo que desde el primer momento, se activó una respuesta coordinada, técnica y con base científica para atender esta contingencia, mediante la integración de cuatro grupos de trabajo: Operativo, Científico, Ambiental y de Atención Social. Estas instancias han permitido contener la propagación del hidrocarburo, mantener playas limpias, garantizar el apoyo a la población civil y definir acciones ambientales con sustento técnico. Señaló que, como parte de las acciones operativas, se desplegó una fuerza de 3 mil 365 elementos, con apoyo de 25 buques y embarcaciones, 48 vehículos, 9 aeronaves, drones aéreos y submarinos, así como 5 mil 100 metros de barreras de contención instaladas. Este despliegue ha permitido mantener vigilancia permanente en la Sonda de Campeche, así como realizar recorridos marítimos y aéreos a lo largo del litoral del Golfo de México, incluyendo la supervisión en su zona norte, asegurando una cobertura integral del fenómeno. Agregó que, a la fecha se han atendido 48 playas, recorriendo de manera recurrente 630 kilómetros de litoral, logrando la recolección de aproximadamente 915 toneladas de residuos compuestos por hidrocarburo mezclado con arena, palizada y sargazo. Para asegurar la recolección y disposición adecuada de los sólidos impregnados con hidrocarburos, Pemex ejecuta un programa de recolección y transporte para llevar estos materiales a plantas de tratamiento autorizadas por ASEA. En estas plantas, los residuos reciben un tratamiento denominado desorción térmica, el cual puede eliminar hasta el 95-98% de hidrocarburos y contaminantes orgánicos. En materia ambiental, la subsecretaria de Biodiversidad y Restauración Ambiental, Marina Robles García, dijo que las instituciones del sector han realizado más de 1,021 recorridos en 173 localidades de Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, con especial atención en manglares, lagunas costeras, 9 Áreas Naturales Protegidas, sitios Ramsar, campamentos tortugueros y ecosistemas arrecifales; algunos de estos recorridos se han llevado a cabo con las comunidades y organizaciones civiles que han presentado reportes sobre la presencia de hidrocarburos. Asimismo, se han efectuado muestreos en playas, sedimentos, pastos marinos y arrecifes coralinos, con el objetivo de evaluar integralmente los efectos del evento y orientar las acciones de restauración. En el Golfo de México, se tiene un registro de alrededor de 11,310 especies de flora y fauna. Los recorridos de monitoreo y limpieza en playas y en las zonas de arrecife no se observó muerte masiva de ninguna especie. En el ámbito social, la secretaria de Energía, Luz Elena González, mencionó que se ha mantenido atención directa a las comunidades y al sector pesquero. A través del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente, Petróleos Mexicanos destinará 30 millones de pesos para el respaldo de cooperativas pesqueras en Veracruz. Asimismo, se han otorgado apoyos de 15 mil pesos a 3,379 pescadoras y pescadores mediante el programa Bienpesca, además de brindar atención médica comunitaria, suministro de combustibles y fortalecimiento de herramientas, equipos y proyectos productivos. Añadió que durante el periodo vacacional de Semana Santa, las playas se mantuvieron en condiciones adecuadas para su visita, sin afectaciones relevantes a la afluencia turística, registrando una ocupación hotelera cercana al 80 por ciento. Con relación al origen del hidrocarburo, la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, señaló que el grupo científico interinstitucional, con apoyo de especialistas de centros de investigación y universidades, analizó más de 70 imágenes satelitales, información de sobrevuelos y modelos de deriva. Los resultados apuntan a evidencia de un derrame ocurrido en febrero en la zona Abkatun-Cantarell, cuyo material fue posteriormente dispersado e intemperizado por la dinámica marina. Por su parte, Petróleos Mexicanos informó que solicitó al área operativa que se proporcionaran las imágenes satelitales del movimiento de los barcos, detectándose irregularidades que no fueron reportadas. Con base en el análisis de las bitácoras y al cruce de información que revelaron hallazgos, el director general Víctor Rodríguez Padilla denunció ante la Fiscalía General de la República y ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Entre las irregularidades detectadas destacan: Una pérdida de integridad mecánica y la reparación de un oleoducto cuyas actividades no fueron reportados al Director General ni a los altos mandos de la Empresa Pública del Estado. Una fuga de hidrocarburos en instalaciones de Pemex, que había sido negada sistemáticamente por las áreas operativas, especialmente en marzo cuando comenzaron a llegar arribazones de petróleo a las costas del Golfo de México. La coincidencia entre el sitio donde se detectó la pérdida de integridad del oleoducto y el sitio ubicado por los científicos como origen de la estela de aceite observada en las imágenes satelitales. El ocultamiento de agua oleosa recuperada en las barreras de contención, de al menos 350 m3. La contradicción entre un simple “lagrimeo” y el gran despliegue de 11 barcos en total que se utilizaron para contener, recuperar y dispersar los hidrocarburos que escaparon del oleoducto. La decisión de no cortar el flujo en su totalidad para limitar la duración y la magnitud del derrame. El cierre de la válvula principal se realizó el 14 de febrero, 8 días después de que se detectó la fuga. La solicitud de la Subdirección de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental al Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), de simular numéricamente la dispersión de los hidrocarburos derramados y su llegada a las playas del Golfo de México. Solicitud emitida el 6 de febrero. Por ello, con base en estos hechos y mientras se realizan las investigaciones correspondientes, fueron separados del cargo: el subdirector de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental; el coordinador de control marino, derrames y residuos; y el líder de derrames y residuos de Pemex. De manera paralela, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y Petróleos Mexicanos han realizado inspecciones correspondientes y presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República para el deslinde de responsabilidades derivadas de este evento. Como parte de las acciones subsecuentes, se estableció el Observatorio Permanente del Golfo de México, integrado por el Grupo Interinstitucional y la comunidad científica, con el objetivo de consolidar información, generar alertas tempranas y fortalecer la prevención, el monitoreo y la coordinación ante futuras contingencias en la región. El Observatorio Permanente del Golfo de México tiene cuatro objetivos estratégicos que implican el monitoreo del cambio climático; gestionar recursos de cuidado de la biodiversidad; impulsar acciones de seguridad industrial y ambiental; y por último, fomentar la ciencia ciudadana, involucrando a las comunidades y estudiantes en la recolección de datos para la investigación y la vigilancia ambiental. El Grupo Interinstitucional reitera que las acciones continuarán hasta garantizar la recuperación total del entorno costero y marino, la disposición final segura de los residuos recolectados y la atención oportuna a la población, manteniendo en todo momento el monitoreo permanente, la coordinación interinstitucional y la comunicación abierta con la ciudadanía y los medios de comunicación.
La función del nuevo centro es recopilar, analizar y gestionar información para la toma de decisiones ágiles y estratégicas sobre el GBG 16 de abril de 2026 Esta unidad técnica permitirá al Senasica coordinar estrategias, analizar datos y fortalecer acciones en Nayarit, Colima y Michoacán El nuevo COES se suma a los que operan en Tamaulipas y San Luis Potosí La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA), a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), y el Gobierno de Jalisco, inauguraron el Centro de Operaciones de Emergencias Sanitarias del Pacífico Centro (COES-PC) para fortalecer las acciones de vigilancia, prevención y control contra el gusano barrenador del ganado (GBG). El COES-PC permitirá concentrar, monitorear y analizar la información generada en campo y, con ello, contar con elementos suficientes para la toma de decisiones, con el fin de intensificar la estrategia estatal y regional de control de esta plaga que afecta al sector pecuario. El director en jefe del Senasica, Javier Calderón Elizalde, indicó que el nuevo COES se suma a los de los estados de Tamaulipas y San Luis Potosí —puestos en marcha en marzo en Ciudad Victoria y Río Verde— y simboliza el esfuerzo y la unión de capacidades para enfrentar el GBG. En Jalisco se aprovecha la fortaleza institucional que tiene la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (ASICA) para coordinar las estrategias, analizar datos y fortalecer las acciones en otros estados de la región, como Nayarit, Colima y Michoacán, apuntó. Calderón Elizalde refirió que el Gobierno de México inaugurará próximamente la nueva planta de producción de moscas de GBG estériles en Metapa, Chiapas, que será fundamental para avanzar en el objetivo de erradicar en el menor tiempo posible la plaga. El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco, Eduardo Ron Ramos, destacó que esta acción es esencial para consolidar la productividad del denominado Gigante Agroalimentario de México, al igual que con la de sus estados vecinos. “Gracias a la sanidad podemos seguir llegando a los mercados que ya tenemos. Pero quien no entienda que la sanidad es el valor más importante de un país, no está en un lugar correcto y por eso tenemos que seguirle apostando y reforzando a Jalisco de la mano con ustedes”, manifestó. En su intervención, el director General de la ASICA, Armando César López Amador, destacó el trabajo constante y coordinado con el gobierno federal en beneficio de las y los ganaderos, y recordó que la primera colaboración fue para enviar 20 médicas y médicos veterinarios e ingenieras e ingenieros agrónomos al sur del país. “Logramos dos objetivos claros: mano de obra capacitada que ahora trabaja en Jalisco y que otros estados vieran que se debe colaborar con la Federación” puntualizó. Es importante mencionar que el COES-CP está integrado por un equipo multidisciplinario de médicas y médicos veterinarios, ingenieras e ingenieros agrónomos, biólogas y biólogos y analistas, cuyo trabajo es dar seguimiento a la información generada en el campo. Entre sus principales funciones está el monitoreo continuo de la situación fito y zoosanitaria para contar con elementos que permitan la respuesta inmediata ante la sospecha de GBG o de cualquier plaga exótica de animales o vegetales. En la inauguración del COES-PC se contó con la participación de José Antonio Ruelas, presidente de la Unión Ganadera Regional de Jalisco (UGRJ); Alfredo Porras Domínguez Porras, titular de la Oficina de Representación de AGRICULTURA en Jalisco; José Luis Villalpando, representante estatal de Senasica en Jalisco; Lorena Delgado González, presidenta del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco (CDAAJ).