La magistrada presidenta del TDJ, Celia Maya García inauguró la 1era. Reunión de Presidencias de Tribunales de Disciplina Judicial La magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), Celia Maya García, anunció la creación de una Red Nacional de órganos jurisdiccionales de esa especialidad, que servirá como un mecanismo de comunicación, un espacio permanente de colaboración e intercambio de experiencias, así como para la de construcción de estándares calidad en favor de la justicia y en beneficio de la población. Al inaugurar la 1era. Reunión de Presidencias de Tribunales de Disciplina Judicial, donde participan el órgano jurisdiccional federal y locales, expresó que esta reunión sentará las bases para la creación de esa Red Nacional y del encuentro que, a nivel nacional, se llevará a cabo en el próximo mes de junio. En su mensaje, la magistrada Maya García aseguró que “la disciplina judicial no puede construirse de manera aislada ni fragmentada. Requiere coordinación, requiere diálogo y, sobre todo, requiere una visión compartida”. Subrayó la necesidad de aprovechar las experiencias desde lo local, lo que resulta indispensable para consolidar un esquema disciplinario completo e integral. Expresó que “cada entidad ha desarrollado prácticas, criterios y mecanismos que, puestos en común, pueden enriquecer el modelo nacional y elevar la calidad de la función judicial. Hoy tenemos una oportunidad: la de sentarnos a dialogar entre quienes tenemos la responsabilidad de vigilar, evaluar y, en su caso, sancionar la conducta de quienes integran al Poder Judicial”. Tras la reforma constitucional al Poder Judicial aprobada en 2024, 19 Congresos estatales han adecuado su normatividad, por lo que ya existen 19 Tribunales de Disciplina instalados y en funcionamiento; que en breve la totalidad de las entidades contarán con estos organismos. Maya García se pronunció a favor de aprovechar las oportunidades que representan este tipo de encuentros, los cuales deben proyectarse con una visión de futuro como canales permanentes de coordinación, que permitan compartir información, homologar criterios, prevenir riesgos y, en última instancia, “cumplir mejor con nuestra función. Porque la Disciplina Judicial no es un fin en sí mismo, es un medio para garantizar algo mucho más importante: la confianza de la ciudadanía en la justicia”. Dicha confianza, afirmó, se construye con instituciones que dialogan, que se coordinan y que son capaces de aprender unas de otras. En su mensaje, el jefe de la Oficina de la Secretaría General de la Asociación Nacional de Universidades e instituciones de Educación Superior (ANUIES), Germán García Montealegre, hizo un reconocimiento por haber elegido a la sede de esta organización para celebración de la 1era. Reunión de Presidencias de Tribunales de Disciplina Judicial. Se pronunció porque que las universidades en el país, sin excepción y con respeto a su autonomía, incorporen en los planes y programas de estudio materias que tengan que ver con la disciplina judicial, con el fin de que los jóvenes que egresen de la carrera de Derecho o afines tengan la oportunidad de estar a la altura de las circunstancias profesionales sociales que requieren estos tiempos. A la inauguración asistieron las y los magistrados integrantes del Pleno del TDJ, Indira Isabel García Pérez, Rufino H León Tovar y Bernardo Bátiz Vázquez, y en representación de Verónica de Gyvés Zárate, el maestro Manuel Camargo Serrano, secretario ejecutivo de la Comisión de Vigilancia del TDJ, quienes, posteriormente, participaron como moderadores de las mesas de trabajo. Durante la reunión plenaria se desarrollaron cinco mesas de análisis en las que se abordan los temas de: Territorialización de Disciplina Judicial; Retos y perspectivas de la función disciplinaria; Coordinación Institucional de la Disciplina Judicial; La prevención como fortalecimiento del régimen disciplinario federal, y la Disciplina Judicial desde lo local.
06 de mayo de 2026 Ciudad de México, 6 de mayo de 2026 La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informa que, a través del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, impuso a la empresa HIMA Promotions, S.A. de C.V., una multa de 643 mil 188 pesos e inhabilitación por 1 año para participar, por sí o mediante intermediarios, en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la Administración Pública Federal. La sanción se impuso debido a que proporcionó información falsa al participar en la Adjudicación Directa número AA-50-GYR-050GYR012-T-202-2023, para la “Adquisición de Medicamentos"; consistente en una carta de respaldo supuestamente emitida por la titular del registro sanitario. La notificación de la sanción se realizó el 13 de abril de 2026 y su publicación aparece hoy en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, la empresa HIMA Promotions ya fue inscrita en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que le impide participar en nuevas contrataciones con el Gobierno de México. Las medidas se emitieron conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta. La persona moral tiene derecho a impugnar la resolución, y en caso de hacerlo, la Secretaría defenderá con firmeza la sanción, por haber sido impuesta con apego a derecho y en protección del interés público. Con estas acciones, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno refrenda su compromiso con la legalidad y la integridad de las compras públicas. Engañar para obtener contratos públicos tiene consecuencias.
Se verificó el correcto funcionamiento de la Mesa de Escrutinio y Cómputo Electrónica, así como los procedimientos de cómputo y generación de resultados rumbo al Proceso Electoral Local 2025-2026 El Instituto Nacional Electoral (INE) en Coahuila llevó a cabo el segundo simulacro del Sistema de Voto Electrónico por Internet (SIVEI), como parte de las actividades de preparación y verificación operativa del Proceso Electoral Local 2025-2026. Durante el ejercicio, realizado en las instalaciones de la Junta Local Ejecutiva, se puso en práctica el protocolo de operación de la Mesa de Escrutinio y Cómputo (MEC) Electrónica, así como los procedimientos para el cómputo y generación de resultados del voto emitido por Internet. De acuerdo con la presentación técnica expuesta en el simulacro, el periodo de votación concluyó a las 18:00 horas, conforme al horario del Centro de México. Posteriormente, se realizó la instalación de la MEC Electrónica y el inicio de las actividades de cómputo. En el simulacro se desarrollaron diversas actividades operativas y técnicas, entre las que destacaron la validación de insumos para el acto protocolario, la generación e impresión de la lista de ciudadanía que emitió su voto por Internet, así como la descarga y apertura de la bóveda de votos. Además, se llevó a cabo el cómputo y generación de resultados, junto con la elaboración, impresión, verificación y firma de las Actas de Escrutinio y Cómputo, conforme a los procedimientos establecidos para el funcionamiento del SIVEI. Asimismo, se informó que para este segundo simulacro se conformó una lista de mil 61 personas participantes distribuidas en los 16 Distritos Electorales Locales de Coahuila, tomando como base ejercicios previos realizados entre marzo y abril de 2026. Como parte del ejercicio también se implementó un protocolo de contingencia para identificar a las personas participantes que no emitieron su voto a través del SIVEI. Según los resultados presentados, no fue necesario brindar apoyo adicional mediante INETEL, ya que ninguna de las personas que no votaron solicitó asistencia. El simulacro permitió evaluar el correcto funcionamiento de las herramientas tecnológicas y los procedimientos operativos vinculados al voto electrónico por Internet, fortaleciendo la capacidad institucional para garantizar procesos seguros, confiables y transparentes.
Se fortalece la protección al honor frente a acusaciones falsas entre particulares, garantizando al mismo tiempo que las indemnizaciones por daño moral sean proporcionales y debidamente justificadas: La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió dos asuntos derivados de un mismo conflicto familiar, en los que estableció criterios relevantes sobre el daño moral, la reparación integral y los límites constitucionales de la libertad de expresión. El caso se originó después de un proceso de divorcio y custodia, cuando el padre de una menor pagó la publicación de una inserción en un diario de circulación nacional, en el que acusó a su exesposa y a familiares de esta, de sustraer ilegalmente a su hija, mantenerla “secuestrada” y utilizar influencias para impedirle convivir con ella. Estas acusaciones ya habían sido descartadas por autoridades ministeriales. Ante ello, las mujeres afectadas promovieron un juicio civil por daño moral en la Ciudad de México, donde los tribunales locales concluyeron que las acusaciones eran falsas y condenaron al responsable al pago de una indemnización. Sin embargo, ambas partes promovieron juicios de amparo: las víctimas cuestionaron la cuantificación de la reparación, mientras que el autor de la publicación buscó revertir o limitar su responsabilidad civil. En el amparo promovido por las víctimas, el Pleno concedió la protección para que se emita una nueva resolución sobre el monto de la indemnización, al considerar que la cuantificación original no valoró de forma suficiente la gravedad del daño extrapatrimonial ocasionado. La Corte precisó que el daño moral afecta bienes o derechos que no son susceptibles de valoración económica directa, tales como el honor, la reputación, la dignidad o la vida privada, por lo que su cuantificación debe basarse en criterios de equidad, proporcionalidad y razonabilidad, conforme al estándar constitucional de reparación integral. Asimismo, la Suprema Corte determinó que, al tratarse de afectaciones inmateriales, no siempre es necesaria una prueba directa del sufrimiento, ya que en muchos casos el daño se configura por las propias circunstancias del hecho cuando es objetivamente apto para lesionar el honor o la dignidad. En el caso concreto, el Pleno consideró que la indemnización había sido fijada de manera restrictiva, pues se tomaron como elementos para reducirla, la falta de pérdidas económicas de las víctimas, la relación entre las partes y los sentimientos de frustración del demandado. Además, se consideró únicamente el perfil de las personas lectoras del medio para concluir que la publicación tendría un escaso impacto, sin considerar la circulación, la cobertura geográfica, el alcance de los medios impresos y digitales y el efecto de la difusión amplia y continuada. Por ello, se ordenó cuantificar de nueva cuenta el monto de la reparación sin que esta pueda traducirse en una carga económica de tal magnitud que desincentive la participación en el debate público o propicie fenómenos de autocensura. El objetivo es equilibrar la reparación integral del daño causado y la preservación de un espacio libre para la circulación de ideas. Mientras que, en el asunto promovido por el autor de la inserción, la Suprema Corte negó el amparo pues se determinó que la libertad de expresión no protege la difusión de acusaciones falsas entre particulares que atribuyen delitos y lesionan gravemente el honor de las personas. Con estas resoluciones, la Suprema Corte reafirma que la libertad de expresión tiene límites constitucionales cuando se vulneran derechos como el honor y la dignidad entre particulares y fortalece el estándar de reparación integral para las víctimas de daño moral, garantizando al mismo tiempo un equilibrio con la protección del debate público. Amparos Directos 20 y 21, ambos de 2025. Resueltos en sesión de Pleno el 07 de mayo de 2026. Se refuerza el derecho a la educación superior gratuita: La Suprema Corte resolvió un caso relacionado con un estudiante de la Maestría en Justicia Constitucional de la Universidad de Guanajuato, cuya reinscripción fue cancelada por un pago extemporáneo, lo que le impidió continuar sus estudios y mantener plenamente los efectos de su beca nacional para estudios de posgrado otorgada por el entonces Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. El alumno impugnó dicha cancelación, así como diversas omisiones legislativas y presupuestales de autoridades federales y estatales que consideró le impedían acceder a la educación superior gratuita prevista en el artículo 3° constitucional y en los artículos transitorios de la reforma educativa de 2019. Al resolver el asunto, el Pleno concluyó que no existían las omisiones reclamadas a autoridades federales. Por un lado, determinó que el Congreso de la Unión ya había cumplido con el mandato constitucional de expedir la Ley General de Educación Superior y, por el otro, verificó que en los Presupuestos de Egresos de la Federación 2023 y 2024 sí se destinaron recursos al fondo federal para apoyar la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior. Sin embargo, concluyó que el Congreso del Estado de Guanajuato incurrió en una omisión al no incluir recursos suficientes en su presupuesto para cumplir con el mandato previsto en la reforma educativa de 2019, por lo que ordenó al Congreso estatal iniciar de forma prioritaria el proceso legislativo necesario para corregir dicha omisión y asegurar la asignación de recursos destinados a garantizar este derecho en la entidad. Con relación al Reglamento Académico de la Universidad de Guanajuato, la SCJN sostuvo que los artículos 45, fracciones II y III; 46 y 49, que regulan la reinscripción y las consecuencias de no realizarla oportunamente, son acordes con el principio de gratuidad, ya que no establecen una contraprestación económica como requisito para el ingreso o permanencia en licenciatura, maestría o doctorado. Se precisó que la gratuidad implica que el acceso y permanencia no estén condicionados al pago por el servicio educativo, pero ello no excluye que las universidades autónomas establezcan reglas académicas y administrativas razonables, siempre que su aplicación no se traduzca en barreras injustificadas al derecho a la educación. En el caso concreto, la Suprema Corte concedió el amparo para que el estudiante sea reincorporado a la maestría sin pago de reinscripción, se le restituyan plenamente sus derechos académicos, se le devuelvan cantidades pagadas en caso de haberlas cubierto y se informe a las autoridades correspondientes para regularizar su situación respecto de la beca. Amparo en Revisión 526/2025. Resuelto en sesión de Pleno el 07 de mayo de 2026. Se reafirma que la excelencia educativa no se reduce a reglas rígidas de evaluación, sino que puede alcanzarse mediante esquemas integrales, graduales y compatibles con el interés superior de niñas, niños y adolescentes: El Máximo Tribunal resolvió que el Acuerdo 10/09/23 de la Secretaría de Educación Pública, que establece las normas generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regularización y certificación de alumnas y alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria, es constitucional y compatible con el derecho a una educación básica de excelencia, previsto en el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Pleno sostuvo que el parámetro constitucional de excelencia educativa no exige modelos rígidos de evaluación ni depende exclusivamente de asistencias obligatorias, altas calificaciones o mayores índices de reprobación, sino que la excelencia, conforme al artículo 3° constitucional, implica el mejoramiento integral y constante del aprendizaje, el desarrollo del pensamiento crítico y el fortalecimiento del vínculo entre escuela y comunidad. Desde esa perspectiva, consideró que los criterios de evaluación, acreditación y promoción previstos en el Acuerdo son graduales, complementarios y subsanables, y están dirigidos a garantizar el acceso, permanencia y participación del alumnado en el sistema educativo, en armonía con el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Amparo en Revisión 419/2025. Resuelto en sesión de Pleno el 07 de mayo de 2026. Se confirma la constitucionalidad de las reglas para admitir pruebas en juicios administrativos: El Tribunal Pleno resolvió la constitucionalidad de los artículos 50 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 99 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los cuales regulan la admisión de pruebas en procedimientos en dichas materias. El caso derivó del juicio de amparo promovido por una persona servidora pública de la Fiscalía General de la República, quien impugnó un acuerdo emitido dentro de su procedimiento de separación del cargo, mediante el cual fueron desechadas pruebas testimoniales ofrecidas para su defensa. La persona argumentó que dichas disposiciones procesales restringían de manera indebida su derecho a ofrecer pruebas, vulnerando con ello sus garantías de defensa adecuada y debido proceso. En primera instancia, el juzgado de distrito negó el amparo, por lo que se interpuso un recurso de revisión que llegó a la Suprema Corte. Al resolver, el Máximo Tribunal concluyó que los citados artículos son acordes a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que solo establecen reglas sobre la admisión de pruebas y la conducción del procedimiento. En ese sentido, aclaró que la revisión sobre si el desechamiento de las pruebas testimoniales estuvo debidamente fundado y motivado corresponde al análisis de legalidad, materia que aún deberá ser resuelta por el tribunal colegiado competente. Amparo en Revisión 539/2025. Resuelto en sesión de Pleno el 07 de mayo de 2026. Se garantiza el acceso a la justicia en materia fiscal, al reconocer que la competencia territorial puede fijarse por la sede de la autoridad emisora: La Suprema Corte determinó la constitucionalidad del artículo 34, fracción III, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que establece como excepción que la Sala Regional debe conocer de los juicios contra resoluciones emitidas por la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT) o por sus unidades adscritas. El caso se originó porque una empresa de grandes contribuyentes demandó la nulidad de una resolución del SAT ante una Sala Regional del TFJA con sede en el estado en el que está ubicado su domicilio fiscal. La autoridad promovió un incidente de incompetencia territorial argumentando que, conforme al artículo impugnado, debía conocer una Sala con sede en la Ciudad de México, donde se ubica la Administración General de Grandes Contribuyentes; la Sala se declaró incompetente y la empresa promovió amparo cuestionando tanto esa decisión como la constitucionalidad de la norma. Al resolver, el Pleno consideró que, en el contexto actual de justicia en línea y actuación a distancia, la norma no impone cargas desproporcionadas, ya que las personas contribuyentes pueden presentar demandas y promociones por medios electrónicos, ofrecer y desahogar pruebas a distancia y seguir el juicio sin trasladarse físicamente a la sede de la Sala. Además, la norma no otorga a la autoridad una posición procesal privilegiada, pues rige por igual para todas las personas que impugnan actos de esa unidad administrativa. Amparo en Revisión 97/2026. Resuelto en sesión de Pleno el 07 de mayo de 2026.
Versión ciudadana Sala Regional Ciudad de México valida asamblea comunitaria de Villa Milpa Alta sobre presupuesto participativo Habitantes del pueblo originario de Villa Milpa Alta realizaron una Asamblea para elegir dos proyectos que propondrían en la consulta de presupuesto participativo 2026 y 2027; sin embargo, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México anuló dicha Asamblea. Al revisar el caso, la Sala Regional Ciudad de México consideró que no se analizó adecuadamente el contexto comunitario ni las particularidades del pueblo originario de Villa Milpa Alta, que actualmente atraviesa un proceso de transición por el reconocimiento como pueblo originario, ocurrido en fecha reciente. La Sala también advirtió que la Asamblea contó con una amplia participación de habitantes, se desarrolló sin incidentes y permitió alcanzar acuerdos casi unánimes sobre los proyectos a presentar. Por ello, revocó la decisión que había invalidado dicha Asamblea. ¿Qué significa esta decisión para la ciudadanía? La resolución reconoce la importancia de respetar las formas de organización y participación de los pueblos originarios, especialmente en decisiones comunitarias relacionadas con el presupuesto participativo. Sala Regional Ciudad de México revoca nulidad de asamblea comunitaria sobre presupuesto participativo en Villa Milpa Alta La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió los juicios de la ciudadanía SCM-JDC-116/2026, SCM-JDC117/2026 y SCM-JDC-118/2026, promovidos por personas habitantes del pueblo originario de Villa Milpa Alta, en la alcaldía Milpa Alta, contra la resolución del Tribunal Electoral de la Ciudad de México que anuló la asamblea celebrada el veintiséis de marzo, en la que se eligieron dos proyectos para participar en la consulta de presupuesto participativo correspondiente a los ejercicios fiscales 2026 y 2027. Al analizar el caso, la Sala Regional determinó que el Tribunal local no resolvió la controversia con perspectiva intercultural, ya que dejó de valorar integralmente el contexto en el que se emitió la convocatoria y se desarrolló la Asamblea comunitaria. La Sala consideró relevante que la convocatoria se emitió por personas habitantes del pueblo y no por quienes integran la Comisión de Participación Ciudadana (COPACO), además destacó que Villa Milpa Alta atraviesa un proceso de transición de colonia a pueblo originario, lo que generó un contexto inédito para la realización de la jornada deliberativa. Asimismo, de las constancias del expediente se advirtió que la Asamblea contó con amplia participación de personas habitantes del pueblo, se desarrolló sin incidentes y permitió alcanzar acuerdos prácticamente unánimes para registrar dos proyectos ante la Alcaldía. Por ello, la Sala Regional revocó la resolución impugnada, con lo cual se ordenó reincorporar los proyectos propuestos a la consulta de presupuesto participativo
Se estima que en el país existe una prevalencia de 20 casos por cada 100 mil habitantes. Al inaugurar el foro “Lupus y otras enfermedades autoinmunes en México”, la senadora Amalia García Medina aseveró que México avanza hacia la consolidación de una ley nacional que garantice los derechos de los enfermos de Lupus, cuyo padecimiento consiste en que el sistema inmunológico ataca por error tejidos sanos, lo que causa inflamación y daño en órganos como articulaciones, piel, riñones, cerebro y corazón. En la conmemoración del “Día Mundial del Lupus”, que se celebra el 10 de mayo de cada año desde 2004, la senadora de Movimiento Ciudadano destacó que esta enfermedad afecta a más de cinco millones de personas en el mundo y es más común que afecte a mujeres jóvenes y alterna periodos de actividad (brotes) con remisión. El 90 por ciento de personas que padecen este mal son mujeres con edades de entre 15 y 44 años y se estima que en el país existe una prevalencia de 20 casos por cada 100 mil habitantes, señaló. En la sala “Ingeniero Heriberto Castillo Martínez” de este recinto, la presidenta de la Comisión para el Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030, resaltó la gran participación de los Congresos locales, lo que ha permitido avanzar más rápido, a diferencia del ámbito federal, donde las iniciativas caminan más lentas. Puso como ejemplo la iniciativa en la materia que se presentó en el Senado y que fue enviada a la Comisión de Salud, donde fue necesario recabar más de 30 mil firmas para impulsar su discusión. Dijo que en entidades como Yucatán, Hidalgo y Tamaulipas, cuya representación activa está presente en este foro, avanza gracias a la sociedad civil, al trabajo de mujeres y hombres que buscan que se visibilicen los derechos de los pacientes con lupus. Por otra parte, pidió poner atención en los diagnósticos erróneos, pues “le están haciendo un grave daño” en el ámbito laboral y social, sobre todo en el primer rubro, pues significa una disminución de sus derechos. Lo anterior, comentó, porque las conclusiones son equivocadas y no se reconoce que haya un padecimiento con determinadas características y que “tendría que ser considerada como una enfermedad que garantizara tiempo para poder recuperarse”. En lo social, dijo: “como bien nos han enseñado nuestras amigas y amigos que forman parte de esta iniciativa, también hay discriminación, hay desconocimiento, no se sabe exactamente en qué consiste el lupus y esto es algo que se tiene que remontar”. Por tal motivo, insistió la senadora por Zacatecas, que uno de los derechos que deben tener estos pacientes, una vez aprobada la citada ley, es el acceso a la salud médica con medidas integrales que implican no sólo la detección oportuna. Por su parte la doctora Laura Athié, presidenta del Centro de Estudios Transdisciplinarios Athié-Calleja por los Derechos de las Personas con Lupus A.C., exhortó a los senadores y diputados a dictaminar la iniciativa “Ley Lupus”, pues queremos vidas, mujeres y hombres que terminen sus estudios, que se casen, que viajen, que puedan maternar infancias, que naden, que jueguen fútbol, que sueñen con un futuro posible. Para lograrlo, abundó, es necesario que el Senado de la República se sume a la ola morada, como las y los legisladores de Puebla, Sinaloa, Baja California, Tlaxcala, Michoacán, Hidalgo, Morelos, Baja California Sur, Tabasco, Quintana Roo, Tamaulipas, Aguascalientes, Yucatán, Coahuila, Nuevo León, Chihuahua y Estado de México. Además, agregó que “en nuestros próximos días internacionales, encendamos luces, no para pedir, sino para celebrar el reconocimiento, el registro, el censo y la atención a todas las personas que vivimos con enfermedades autoinmunes en México, y que, en lugar de salir a marchar a las calles con pancartas, podamos decir desde un trabajo digno, una universidad o un tratamiento oportuno, ya es ley”. Laura Athié, propuso hacer “un cuerpo político, y ciudadano que llegue a todo el país” y para lograrlo, dijo, las asociaciones y grupos de lupus se comprometieron a trabajar con la Comisión de Salud. Por la noche, se llevó a cabo la iluminación del Senado de la República de color morado, por el “Día Mundial del Lupus”, en la cual estuvieron presentes Amalia García Medina, Laura Athié e integrantes de los equipos de Incidencia de la Liga Mexicana por los Derechos de las Personas con Lupus (Limdeplu).
“Hemos declarado a Isabel Ayuso una persona no grata en México”, asevera el presidente de la Comisión de Diversidad Palacio Legislativo de San Lázaro, 08-05-2026.– El diputado Jaime López Vela, presidente de la Comisión de Diversidad, destacó la realización de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (Endiseg) 2026 que brindará “datos duros” para seguir impulsando una legislación que propicie políticas que atiendan a la población de la diversidad en México. En conferencia de prensa, explicó que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) realizará un segundo ejercicio a fin de obtener información de las y los mexicanos de la diversidad, lo que permitirá contar con “todo ese acervo necesario para poder seguir implementando e impulsando las leyes que nos faltan”. Julieta Brambila, directora de Comunicación, Servicio Público de Información y Relaciones Institucionales del Inegi, recordó que este instituto levantó esta encuesta por primera vez en el 2021; “fue un ejercicio pionero”. Agregó: “Hay un antes y un después a partir de esa encuesta, que fue pionera en el mundo, que abrió brechas, que, por un lado, es producto de una demanda histórica de la población LGBTTTIQ+, que ha venido empujando desde diferentes trincheras esta problemática y temática. Al mismo tiempo, es una encuesta que ha sido sumamente utilizada por los diferentes actores nacionales y de diferentes partes del Estado mexicano”. Resaltó que, gracias a los datos obtenidos por la encuesta, “como son aquellos cercanos a temas de discriminación y violencia, las mal llamadas terapias de conversión, es que hubo cambios significativos, como la prohibición de estas terapias, ahora consideradas tortura. “Esto es muy relevante. El debate internacional, en realidad, no se ciñe sobre si es importante o no medir a las poblaciones LGBTTTIQ+. En muchos países, como el nuestro, ese debate se ha desgrasado. Es importante medirnos porque a partir de ahí se pueden generar políticas públicas que favorecen nuestro desarrollo, bienestar y derechos humanos. El debate, en este caso, se centra en cómo medirnos mejor”. Al hacer uso de la voz, Norma Navarro, también del Inegi, puntualizó que el nuevo levantamiento ampliará su cobertura y robustecerá su metodología. “En 2021 tuvo una muestra de 46 mil viviendas, para el 2026 tendremos 64 mil viviendas. Esto es con la finalidad de presentar estadísticas confiables”. Precisó que se incorporará una audioentrevista “en donde las secciones que son muy sensibles para la población seleccionada de 15 años y más, les va a garantizar la máxima privacidad y confidencialidad de su información”. De igual forma, el diputado también brindó el espacio a Fernando Reynoso, del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, quien habló de los programas que actualmente se implementan en beneficio de las personas de la diversidad sexual y de género. Destacó que existen dos programas: “Uno que es el financiamiento no reembolsable para aquellas personas que quieren emprender desde cero y es un financiamiento que otorga 25 mil pesos a estas personas emprendedoras. “Y el otro financiamiento que tenemos es el financiamiento ‘Xitopehua’ […] con este financiamiento la tasa máxima de interés es el 3 por ciento anual, y si las personas emprendedoras que ya tienen un negocio solicitan este financiamiento de 10 mil a 30 mil pesos será a cero por ciento de interés, y de 30 mil pesos con un centavo hasta 100 mil pesos a 3 por ciento de interés”, indicó. Recalcó que el financiamiento Xitopegua “es un abanico extenso de posibilidades, tan extenso como nuestra comunidad diversa y como la bandera que nos representa, entonces cualquier persona que tenga un negocio o esté con una idea para emprender puede acceder a estos financiamientos”. En otro orden de ideas, Gonzi Ugarte, de la Red Mundial de Jóvenes Políticos, anunció el primer Parlamento de las Juventudes de la Diversidad Sexual y de Género en el Congreso de la Ciudad de México. “Este Parlamento no sólo es un simulacro, es un canal de incidencia real para que 66 jóvenes transformen sus vivencias y problemáticas en propuestas técnicas y soluciones legislativas”. Por otro lado, el diputado López Vela, al referirse a la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la calificó como una figura contraria a los derechos de la diversidad sexual y de género. “Y por eso es que hemos declarado a Isabel Díaz Ayuso una persona no grata en México”, porque se “ha distinguido, entre otras cosas, por sus posiciones LGBTfóbicas, abiertamente en contra de la agenda de la diversidad sexual”. Mencionó que, de última hora, se informó que Díaz Ayuso canceló su agenda y la continuidad de los eventos que tenía previstos en nuestro país.
“Hoy tenemos una gran noticia para todos los deudores de la Financiera Nacional para el Desarrollo Agropecuario porque van a disminuir sus deudas de manera muy importante”, celebró 06 de mayo de 2026 Presidenta Claudia Sheinbaum presenta Volver a Crecer para liquidar y reestructurar más de 69 mil créditos De las y los beneficiarios, 13 mil 400 son mujeres productoras que podrán acceder al programa a partir de mayo y 46 mil 567 pequeños productores cuyo apoyo inicia en junio Las y los productores pueden acercarse a los 43 puntos de atención del INDEP que pueden ubicarse en https://www.gob.mx/indep/, o comunicarse al correo [email protected] o a los teléfonos 55 97 63 07 39, extensiones 6207, 6221 y 6215 La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó el programa “Volver a Crecer” para liquidar y reestructurar 69 mil 658 créditos impagables de la Financiera Nacional para el Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Forestal (FND), en beneficio de 59 mil 967 pequeñas y pequeños productores: 13 mil 400 mujeres a partir de mayo y 46 mil 567 hombres a partir de junio. “El día de hoy tenemos la gran noticia de que muchas de esas deudas ya se pagaron, igual que las deudas impagables del Infonavit y del Fovissste. Entonces hoy tenemos una gran noticia para todos los deudores de la Financiera Nacional para el Desarrollo Agropecuario porque van a disminuir sus deudas de manera muy importante”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”. La Jefa del Ejecutivo Federal hizo un llamado a las y los productores a acercarse para renegociar sus deudas o para realizar su liquidación en los 43 puntos de atención del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) cuya ubicación puede consultarse en: https://www.gob.mx/indep/, o comunicarse al correo [email protected] o en los teléfonos 55 97 63 07 39, extensiones 6207, 6221 y 6215. La directora general del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), Mónica Fernández Balboa explicó que recibirán la liberación total de su adeudo 11 mil 761 mujeres productoras y 29 mil 299 pequeños productores con créditos menores a 45 mil Unidades de Inversión (UDIS), equivalentes a 397 mil 551 pesos. Mientras que mil 639 mujeres y 17 mil 268 hombres recibirán descuento al 30 por ciento en sus créditos iguales o mayores 45 mil UDIS y menores a 10 millones de pesos (mdp). Resaltó que, con este apoyo, el 99.9 por ciento de las mujeres productoras con créditos tendrán sus deudas liquidadas. Las y los beneficiarios del programa obtendrán: Carta de finiquito amplio de sus créditos con la FND, que acredite la inexistencia de adeudos; desistimiento de acción legal por finiquito de pago; liberación de las garantías y la entrega de los documentos valor correspondientes; actualización del Buró de Crédito; además, podrán beneficiarse con nuevos créditos por parte de la banca comercial y de otros intermediarios financieros. Puntualizó que se trata de un programa personal e individual, los trámites no tienen costo, es de atención directa y sin intermediarios. La subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, María del Carmen Bonilla Rodríguez, explicó que en el caso de quienes reciban un descuento del 30 por ciento en el capital y los intereses de sus créditos contarán con un nuevo esquema de pagos con una tasa del 8.5 por ciento con mensualidades de 12 a 36 meses. Señaló que este programa ordena, depura y recupera cartera de manera responsable, transparente y financieramente viable, ya que su implementación no requiere ampliaciones presupuestarias.
En un pronunciamiento hecho esta tarde en el Templo Mayor de la Ciudad de México, Grupos Indígenas de México hicieron un llamado a que la presidenta Claudia Sheinbaum envíe de manera urgente, un Proyecto de Ley al Congreso para que se prohíba la apología al crimen de Genocidio y las figuras históricas de quienes cometieron ese delito, entre ellos Hernán Cortes. Asimismo establecieron sus puntos de vista ante la apología al negacionismo, el colonialismo y racismo de parte de Isabel Díaz Ayuso A continuación el pronunciamiento completo: COMUNICADO 8 DE MAYO DE 2026 A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN AL PUEBLO DE MEXICO A LOS PUEBLOS, COMUNIDADES, TRIBUS Y NACIONES INDIGENAS DEL PAÍS Posición política de los pueblos indígenas de México, ante la apología al negacionismo, el colonialismo y racismo de parte de Isabel Díaz Ayuso 1.- Las organizaciones de los Pueblos Indígenas de México. Desde Tenochtitlan, Templo Mayor. Hoy 08 de mayo 2026. Manifestamos nuestro firme rechazo a la apología del negacionismo, la visión colonial y las odiosidades raciales con los Pueblos Indígenas que ha manifestado la Presidenta de la ciudad de Madrid España Isabel Díaz Ayuso. 2.- Recordamos a la señora Isabel Díaz Ayuso que con la llegada de Hernán Cortes al continente, comenzó el Despojo territorial y sus recursos, se cometió el Crimen de Genocidio que permanece en absoluta impunidad, la Esclavitud, la política de colonialismo y domesticación, empobrecimiento económico, negación de las culturas y la religiosidad de todos los Pueblos Indígenas. 3.- Llamamos a la Presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo a que envíe de manera urgente, un Proyecto de Ley al Congreso para que se prohíba la apología al crimen de Genocidio y las figuras históricas de quienes cometieron ese delito entre ellos Hernán Cortes. 4.- Los Pueblos Indígenas necesitamos establecer la verdad histórica, disponer de un estándar de la verdad, durante la relación colonial hispana. En este sentido pedimos al Gobierno de España, a su presidente Pedro Sánchez, al Rey Felipe VI y al gobierno de México, constituir una COMISION DE ESCLARECIMIENTO HISTORICO sobre los hechos mencionados y reparar el daño causado a los Pueblos Indígenas. 5.- Finalmente invitamos a participar a la Cumbre Internacional sobre la Doctrina del Descubrimiento y sus Consecuencias con los Pueblos Indígenas, a realizarse los días 18 al 22 de mayo, 2026, en la ciudad de México. En dicha Cumbre abordaremos todos estos asuntos relacionados. ¡¡¡NUNCA MAS UN MEXICO SIN NOSOTROS!!! ATENTAMENTE MOVIMIENTO DE PUEBLOS, COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES INDIGENAS, MOVIMIENTO NACIONAL, (MPCOI MN) MOVIMIENTO DE UNIFICACION Y LUCHA TRIQUI (MULT) COORDINADORA NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (CONADEPI) MOVIMIENTO DE ORGANIZACIONES INDIGENAS DEL PAIS (MOIP) COMUNIDAD TZELTAL ZAPOTECOS UNIDOS GRUPO ZAPOTECO DEL ISTMO GRUPO TUMBI PUREPECHA RENOVACION DE ARTESANOS INDIGENAS ZAPATISTAS (RAIZ) MOVIMIENTO DE ARTESANOS DEL MERCADO DE ARTESANIAS LA CIUDADELA PARCELA INTERCULTURAL UNION DE VENDEDORES INDIGENAS ZAPOTECOS (UVIZ) MUJERES MIXTECAS Y MAZAHUAS ORGANIZACIÓN DE TRADUCTORES, INTERPRETES IINTERCULTURALES Y GESTORES EN LENGUAS INDIGENAS, A.C (OTIGLI) MOVIMIENTO INDIGENA DE LA CIUDAD DE MEXICO (MICDMX) UNIDAD NACIONAL INDIGENA (UNI) UNION DE TRADUCTORES INDIGENAS MOVIMIENTO INDIGENA Y POPULAR DE LA CIUDAD DE MEXICO
FINANZAS BAJO LA LUPA: La deuda pública de México se mantiene en el 50.4 % del PIB al cierre del primer trimestre de 2026 Por: Redacción Reporte México En medio de especulaciones sobre la salud financiera del país, los datos oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) arrojan claridad sobre el estado de las obligaciones soberanas. Al cierre del primer trimestre de 2026, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) —la medida más amplia de la deuda— se situó en el 50.4 % del Producto Interno Bruto (PIB).
Ya son 25 años de crecimiento de los niveles de inseguridad, de incremento en las cifras de homicidios dolosos, aunque se ha dicho que en esta administración los asesinatos han bajado, pero las percepciones de la gente dicen lo contrario, mientras que el asalto a transportes de carga cada día cuestan más a los empresarios mexicanos y extranjeros que han decidido invertir en México. Empresarios, particulares, vecinos y habitantes comunes de casas y unidades habitacionales han tenido que contratar servicios de seguridad privada, para que cuiden sus casas, sus empresas, sus calles, sus unidades y sus camiones, en los que transportan las mercancías que producen, que importan o que se van a exportar. De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Seguridad Privada, el costo del delito para los mexicanos en general es de 269.6 miles de millones de pesos al año, esto sin tomar en cuenta el número de muertes que se registran en muchos de los asaltos y esa cifra es alarmante, pues representa el 1.07 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Lo anterior se traduce em pérdidas, inversiones, compra de equipos de seguridad y sistemas tecnológicos, además de pago por la presencia de personal de personal especializado que permanece en las puertas de empresas, de unidades habitacionales, edificios de vivienda o de casas habitación particulares. La sociedad paga, además de los costos del delito antes señalados fuertes sumas que anualmente representan91.8 miles de millones de pesos en el pago a empresas privadas que diseñan estrategias y plataformas de servicios para evitar, prevenir, disuadir y atacar cualquier intento de robo. De esta manera, la sociedad, los empresarios y los particulares están subsidiando o pagando por la seguridad que el Estado no ha sido capaz de brindar a los mexicanos, a través de la contratación de sistemas de seguridad privada, ya sea con cámaras, permanencia de personal o sistemas de alarmas, a fin de proteger sus propiedades y su patrimonio. El especialista en sistemas de seguridad privada, ingeniero Mario Salomón Pineda explica que es una realidad el hecho de que la sociedad paga por la seguridad que el Estado no ha podido brindar con eficiencia, debido a que la presencia de personal y patrullas de seguridad privada, siempre es un elemento inhibitorio. Ejemplo de ello es cuando en una zona industrial, donde poco llegan las patrullas oficiales, existe una empresa que cuenta con un sistema de seguridad personal y tecnológico, es evidente que existe la presencia de personal afuera de las puertas, además de que hay iluminación en la calle, seguramente también hay cámaras de seguridad, que, si bien, muchas veces no se ven, es seguro que están ahí. Esa simple presencia, argumenta, es un elemento o una serie de elementos inhibitorios, pues aunque la empresa o la casa de junto no cuente con un plan de seguridad privado, todos los alrededores del inmueble vigilado, se mantienen seguros, pues las cámaras alertarían cualquier intento de invasión, cualquier acto de ilegalidad, pero además el personal estaría obligado a pedir ayuda, a actuar como alarma e incluso a actuar para evitar un asalto, un secuestro o un robo a casa habitación. Soin embargo, el también gerente general de Grupo Multisistemas de Seguridad alertó que en México, existen más de seis mil 500 empresas “patito” de seguridad privada, mismas que no capacitan a sus elementos, no cuentan con estrategias profesionales de servicios, por lo que señaló la necesidad de acudir o contratar solamente a empresas certificadas, que además cuentan con protocolos de eficiencia y garantía. Por otro lado, señaló que por ahora el principal flagelo que sufren los empresarios mexicanos o que mueven sus productos en territorio nacional, es el asalto a transportes de carga, que laceran la viabilidad de las empresas, toda vez que además del costo de seguros, afecta por mucho la imagen y calidad de las empresas afectadas, pues muchas veces el robo de un camión retrasa compromisos de entrega de mercancías y por lo tanto la inconformidad de los clientes limita el consumo de mercancías. Denunció que de acuerdo con las estadísticas de las empresas privadas de seguridad, la zona en donde mayor número de asaltos a camiones de carga es la Carretera México Veracruz, en el tramo de San Martín Texmelucan, Puebla, hasta Amozoc, ya que en esos, relativamente pocos kilómetros se registra el 11 por ciento de los asaltos que se denuncian a nivel nacional en todas las carreteras mexicanas. Sin duda los esquemas, estrategias y operativos de seguridad de los gobiernos en México tienen mucho camino por recorrer.
Luego de presentar este mismo reclamo ante el INE, la dirigencia Nacional del PRI que encabeza Alejandro Alito Moreno presentó ayer una demanda formal ante el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro de los EU para que sea considere a Morena como una organización terrorista. La petición, dijo el dirigente en conferencia de prensa, se sustenta en los claros y evidentes vínculos entre Morena y grupos del crimen organizado. “Hay antecedentes claros. En 2003, Estados Unidos consideró a Batasuna como parte de ETA por su relación directa. Hoy señalamos un caso similar en México, donde el crimen organizado, en alianza con Morena, ha intervenido en procesos electorales, ha operado con respaldo político y ha recibido protección a cambio”, afirmó el senador. Y subrayó: “México no puede normalizar que el poder esté vinculado con el crimen organizado. El país merece un gobierno limpio y sin compromisos con los criminales que han llenado de violencia al país. ELECCIONES EN COAHUILA Previamente Alito encabezó el arranque de la campaña de sus candidatos a le elección de 25 diputaciones locales en Coahuila, que se realizará en junio y serán los únicos comicios que se realicen este año. Coahuila es el único estado que no ha vivido la alternancia y donde siempre ha gobernado el PRI. Adicionalmente tomó protesta a las y los Delegados Generales del PRI que estarán trabajando en distintos estados del país. A ellos se integran @Cuquis_Camarena en Michoacán, @JuanJos5286081 en la Ciudad de México, @HContrerasZ en San Luis Potosí, Carolina Dávila Ramírez en Zacatecas, @Mariana_Moguel en Tlaxcala, @Olgaleylani en Baja California, Víctor Saucedo Perdomo en Guerrero y Ana Rosa Valdés Salazar en Baja California Sur. Este grupo, dijo el senador Moreno, trabajará en todo el país COAHUILA, ESTABILIDAD LABORAL Y DESARROLLO El proceso electoral arranca en una entidad donde su gobernador, el priísta Manolo Jiménez inicia el proyecto “Mega Obras Coahuila 2026”, un ambicioso plan de infraestructura carretera que tiene como objetivo fortalecer la conectividad y detonar el desarrollo económico con una mejoría en la calidad de vida de la población. "… es un mega proyecto de infraestructura carretera sin precedente para nuestro Estado, con una inversión mixta de iniciativa privada y gobierno de 14 mil millones de pesos para construir libramientos, puentes y ampliar carreteras en todas las regiones de Coahuila. “Con esto fortalecemos nuestra competitividad, economía y el empleo. Seguimos desarrollando los mejores proyectos para llevar a Coahuila al siguiente nivel. Seguimos con todo pa' delante a pasos de gigante", destacó el gobernador. Previamente, en un encuentro con Tereso Medina Ramírez, secretario general de la CTM, Jiménez destacó que en sus dos años al frente de Coahuila, se había logrado cumplir el 85 por ciento de los compromisos adquiridos en campaña, impulsando obras, programas sociales, educativos y de salud, así como estrategias de promoción económica y turística, con avances en materia de seguridad, para convertir a Coahuila en el estado más seguro del norte de México y uno de los más seguros del país y con plena tranquilidad laboral. “En Coahuila existe capacidad de diálogo y nos sentamos siempre las y los trabajadores, los sindicatos, la iniciativa privada y los tres órdenes de gobierno para cuidar la estabilidad laboral”, subrayo. MARIO LOPEZ, EL CLASICO DISPARO POR LA CULATA El diputado federal Mario López Hernández en considerado en su natal Matamoros como un engaña bobos. Militante de Morena, pero con una diputación federal asignada al Verde Ecologista, fiel a su estructura de buscabullas mediático, salió hace días a ganar espacios en medios al lanzar leña contra sus propios compañeros en la alianza oficialista donde acusó de corruptos a los de sus propias bancadas. A otros los señaló de ser partícipes del huachicol fiscal. Luego de la revolcada mediática encabezada por López Hernández rápido salió Manuel Muñoz Cano, líder estatal del Verde Ecologista para deslindarse del diputado buscalios. “El es militante de Morena… no representa la línea del Verde”, afirmó Muñoz Cano. Recordó que López Hernández ha sido señalado de lavado de dinero, de compra irregular de propiedades, incurrir en daño patrimonial, de ser retenido en la frontera y perder su visa. Al diputado López se le vincula en TYamaulipas a Maki Ortiz, Carlos Peña Ortiz, Claudia Hernández, Adrián Oseguera, José Ramón Gómez Leal, Casandra De Los Santos y otros. Conocido también como “La Borrega”, el diputado López Hernández fue conminado a presentar pruebas y denuncias formales ante la fiscalía. “Abrir frentes es fácil; sostenerlos es otra cosa, y cuando no hay pruebas, el terreno cambia. Ya no es mediático, es jurídico, y ahí no se gana con declaraciones ni con entrevistas, se gana con documentos”, se indicó. Twitter: @_Vizcaino / Facebook / https://www.facebook.com/rvizcainoa