CDMX, 24 de mayo de 2026.- Con la disposición de dependencias del Gobierno Federal, las negociaciones del Frente Ferrocarrilero de Reconstrucción por Nuestra Dignidad (FERRO) y otras organizaciones de jubilados y pensionados ferrocarrileros avanzan, a la espera de que por parte del Estado existan las condiciones presupuestarias, para cumplir con el acuerdo de Proyecto de Justicia Social para miles de trabajadores que se vieron afectados desde hace más de 30 años por la privatización de sistema ferroviario nacional. En una reunión efectuada en la Secretaría de Gobernación entre diversas dependencias con FERRO y las demás organizaciones, Elsy Lidia Izquierdo, directora de Enlace Interinstitucional del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado y en representación también de Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación, confirmó que sí existe un padrón nacional de ex ferrocarrileros. Externó que con base en información fidedigna será posible consolidar el Proyecto de Justicia Social, además de llegar a acuerdos en lo relativo a casos de terrenos y demandas laborales, para lo cual propuso el establecimiento de mesas de trabajo. En la reunión, el diputado federal del Partido del Trabajo, Jorge Armando Ortiz, manifestó que existe la disposición por parte de Rosa Isela Rodríguez, titular de Segob, de reunirse con las organizaciones de jubilados y pensionados ferrocarrileros, una vez que exista el presupuesto asignado para la consolidación del Proyecto prometido en la gestión de Andrés Manuel López Obrador. En tanto los representantes del Frente Ferrocarrilero de Reconstrucción por Nuestra Dignidad, solicitaron a las autoridades presentes, en especial a Lourdes Morales Urbina, representante de la Consejería Jurídica Federal, que confirmen la disposición del Gobierno Federal de que el Proyecto de Justicia Social será finalmente un hecho. Eduardo Canales Aguiar, presidente de FERRO, aseguró que lo anterior es de suma importancia no sólo por lo que ello representaría a los jubilados y pensionado ferrocarrileros y sus familias, sino que además es preciso evitar “el abuso demagógico que utilizan agrupaciones que tienen ya muchos años lucrando con el anhelo de los compañeros y que mediante mentiras y ofrecimientos demagógicos siguen dañando la economía de las familias ferrocarrileras”. Como lo han manifestado en otras ocasiones, recordaron los representantes de FERRO, “nosotros estamos aquí por justicia social y no por justicia jurídica”. Finalmente, FERRO dio a conocer a sus miles de integrantes en diversas regiones de la república los acuerdos concretados en la reunión en Gobernación: 1. El IMSS dará seguimiento a las peticiones de las diferentes agrupaciones. 2. Gobernación convocará a una reunión interinstitucional con Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación. 3. La Consejería Jurídica del ejecutivo federal y la Secretaría del Trabajo y realizarán un intercambio de información de las propuestas presentadas por las organizaciones, al tiempo que se compartirán los avances de dicho intercambio a las organizaciones de extrabajadores. 4. Se estableció como fecha tentativa para la próxima mesa de diálogo el martes 28 de julio próximo. En la reunión estuvieron presentes representantes de Segob, de la Consejería Jurídica Federal, de la Secretaria del Trabajo, de FNML, del INDEP, del IMSS y de la Cámara de Diputados. Por parte de FERRO estuvieron presentes Eduardo Canales, José Luis Godínez Rasgado, Sergio Legarda Camacho, Guadalupe Brito González, Roberto Álvarez Montaño, Francisco Jiménez Buelna, Cutberto Espinoza reyes y María Candelaria Herrera Quijano; así como representantes de la Federación de Ferrocarrileros Jubilados, de las asociaciones civiles de ferrocarrileros jubilados de Mérida y de Sinaloa, de Vías Progresistas y de la Gran Comisión Ferrocarrilera, así como de otras agrupaciones.
-¿Por qué estamos aquí? Por la guerra-. Esto lo respondió una niña desplazada de 12 años y fueron las voces que escuchamos en esta misión civil de observación sobre el desplazamiento forzado en Chihuahua (MCO). Destacamos que aparte de la guerra armada, también está el quiebre político entre los gobiernos del nivel estatal y federal. Ante esto las familias en situación de desplazamiento forzado interno han quedado en medio, siendo ignoradas, invisibilizadas, discriminadas, desatendidas y están sufriendo los estragos de conflictos que no les corresponden, que les han despojado no solo de sus territorios, sino de sus bienes materiales e inmateriales, de sus derechos básicos, de sus posesiones más preciadas como lo son la identidad, la dignidad y la vida. En esta Misión de Observación participamos organizaciones locales, nacionales e internacionales. Organizaciones locales: Alianza Sierra Madre, Centro de los Derechos Humanos de las Mujeres, Consultoría Técnica Comunitaria, Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos y Nuevo Amanecer. Organizaciones nacionales e internacionales: Red Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT), Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Brigadas Internacionales de Paz México (PBI), entre otras. El Desplazamiento Forzado Interno (DIF) aumentó 300% en los últimos años. El Estado Mexicano le falló a las familias y comunidades de la Sierra Tarahumara Con cifras estimadas, ya que no hay un censo oficial, entre reportes de organizaciones civiles y medios de comunicación se calcula que en el 2021 hubo un total de 500 personas desplazadas, mientras que para el 2025 se estima que hubo más de 1 mil 500 personas en DFI, es decir: se triplicó el número de víctimas y en el 2026 el número de personas afectadas sigue en aumento. El desplazamiento forzado interno en el estado de Chihuahua comenzó desde hace más de una década, en el 2008 se registraron los primeros desplazamientos forzados en la región de Baborigame. Luego comenzó el asedio, amenaza y asesinato a defensores de la tierra, territorio y medio ambiente, desplazando a sus familias e incluso a otras personas de sus comunidades. Año con año hemos conocido esas historias, sin embargo, desde el 2024 empezamos a registrar eventos de desplazamiento forzado masivo como es el caso de Atascaderos y en los últimos días de familias provenientes del municipio de Tamazula, estado de Durango. Desde entonces, las organizaciones registramos que las causas de estos eventos tienen que ver con el despojo de tierra y territorio para proyectos extractivos, megaproyectos, así como con el reclutamiento forzado, el asesinato de familiares y el control del territorio por parte de grupos criminales. Los pueblos y comunidades de la Sierra Tarahumara históricamente han sido invisibilizadas y vulneradas frente a actores que acechan sus territorios por la riqueza natural que reservan. Ante el abandono institucional y la violencia, muchas personas han sido reclutadas de manera forzada e incluso esclavizadas, como recientes investigaciones periodísticas lo documentan, en cultivos ilícitos y otras actividades relacionadas con los grupos criminales. Las víctimas siguen siendo criminalizadas por un sistema gubernamental y judicial que no toma en cuenta su contexto ni su historia y termina revictimizándolas, aun cuando está obligado a protegerlas, pero que es incapaz de hacerlo. Lejos de cumplir con su deber constitucional de proteger a la población chihuahuense, los gobiernos municipales, estatal y federal han mantenido un quiebre político, vulnerando aún más a las comunidades indígenas, quienes han pagado un alto costo por esta guerra política y armada sufriendo abandono institucional, precarización, despojo de sus recursos, territorios y medios de vida, así como graves violaciones a sus derechos humanos individuales y colectivos. El Estado Mexicano en todos sus niveles ha negado mediáticamente la existencia del DFI en Chihuahua, con la esperanza de que, desestimando los eventos, criminalizando a las comunidades y difamando a las personas y organizaciones defensoras el tema se quede en el olvido, al igual que las personas, familias y comunidades que se niegan a atender. Pero el permanente desplazamiento silencioso y el notable incremento de los eventos masivos de desplazamiento, así como los llamados de auxilio de las comunidades afectadas, obligaron a las instituciones a crear la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno (hecha únicamente en el sentido de urgencia sin una propuesta de solución real en el 2022 ante la visita de la Relatora de DF de la ONU) de realizar el Ejercicio de Caracterización del Desplazamiento Forzado Interno (2023) en conjunto con ACNUR, y posteriormente el Protocolo de atención a las personas víctimas de desplazamiento forzado interno (2025). Durante la realización de la Misión Civil de Observación (MCO) que las organizaciones realizamos los últimos días 27 y 28 de mayo, en los municipios de Hidalgo del Parral, Delicias y Chihuahua, conversamos con 200 personas víctimas de DFI provenientes principalmente de la Sierra Tarahumara, de municipios de Chihuahua, Sinaloa y Durango, siendo la inmensa mayoría de Chihuahua, específicamente del municipio de Guadalupe y Calvo. Hemos encontrado grandes similitudes en los sistemas y patrones de comportamiento que los grupos armados despliegan como estrategias para aterrorizar a las familias y finalmente expulsarlas de sus hogares, para luego ocupar sus viviendas y despojarlas de sus bienes: cultivos, ganado, muebles, hogar y territorios. A las familias no solo se les arrebata sus bienes materiales: se las despoja de su tranquilidad, de una vida comunitaria plena, del ejercicio de su identidad cultural, de la celebración de sus ceremonias y tradiciones que conforman parte esencial de su ser, de su apego a la tierra, al bosque y al trabajo del campesinado. La siembra de sus alimentos, la recolección de hierbas medicinales, la celebración de sus fiestas tradicionales también conformaban su bienestar y que, en conjunto con sus posesiones materiales, les daban una vida tranquila y libre de violencia, pero sobre todo, les daban autonomía y la posibilidad de dirigir sus vidas. Además a las niñas, niños y adolescentes se les arrebata la infancia, educación y salud, así como la oportunidad de crecer jugando en sus territorios, y en cambio, les da preocupaciones y miedos que no les corresponde cargar a su edad, lo cual significa una grave interrupción del desarrollo. Al terror y a la tristeza de abandonar su tierra, sus animales, sus cultivos, se suman el enfrentarse a algo completamente desconocido: la ciudad, trabajos precarizados, rentas elevadas y muchas carencias. En muchas ocasiones, el idioma también significa un cambio radical, pues al hablar poco o nada de español, conseguir un trabajo, moverse en la ciudad o ir a la escuela se complica considerablemente. Hemos constatado durante estos días de trabajo que los instrumentos de atención al DFI son emergentes, insuficientes, condicionados y discriminatorios, que no llegan a atender las causas estructurales, ni a resolver las problemáticas que las familias enfrentan. Incluso las familias que ya cuentan con sentencias a su favor viven aún con miedo esperando que la justicia llegue algún día. Mientras tanto, los tres niveles de gobierno evaden sus responsabilidades, incumplen sentencias y omiten acciones de atención continuada y digna para las familias afectadas. Solo ofrecen programas carentes de un enfoque de atención diferenciada, lo que vulnera los derechos humanos de las personas en repetidas ocasiones. La atención institucional no solo es discriminatoria e insuficiente, sino también violatoria de sus derechos, al imponer el retorno de las familias a sus comunidades de origen, aun cuando no existen condiciones mínimas de seguridad para ello. Junto con las voces que recogimos de esta MCO, denunciamos que lo anterior las ha puesto en grave riesgo. El retorno forzado de la comunidad de Atascaderos ocasionó la desaparición de una persona y el homicidio de una persona más. A las organizaciones civiles de la MCO nos preocupa la falta de una atención con un enfoque diferenciado, de derechos e interseccional, además del nivel de discriminación, condicionamiento y criminalización que las instituciones han desplegado a partir de estos mecanismos e instrumentos de atención a las familias víctimas de DFI. El actuar de las y los titulares de las instituciones de los tres niveles de gobierno con las que las comunidades deben tratar, una vez que deciden pedir ayuda, es revictimizante, discriminatorio y es violencia institucional. Esto se suma al incumplimiento, la omisión y el abandono institucional, político, jurídico y social. Las familias y comunidades no se rinden a pesar de las violencias y despojos que han sufrido. Han interpuesto denuncias formales (hay 60 carpetas de investigación abiertas) a pesar del peligro que ello significa, han interpuesto amparos por el incumplimiento de los gobiernos, han obtenido sentencias a su favor y han exigido el cumplimiento de las mismas sin éxito. Han acudido a mecanismos de defensa de nivel nacional e internacional, han obtenido medidas cautelares y sin embargo, las instituciones de todos los niveles de gobierno se las arreglan para evadir su responsabilidad, demostrando que no tienen voluntad política ni interés en atender a las personas DFI. Durante años las organizaciones hemos visto que no hay una política de seguridad pública. La coordinación entre gobiernos es nula y por el contrario, se echan la culpa unos a otros, evaden responsabilidades, omiten atender a la población violando los derechos humanos de las familias y comunidades en situación de desplazamiento forzado interno. La ayuda humanitaria, cuando existe, es apenas paliativo y aun así es insuficiente, pues el problema de fondo son las causas estructurales y la violencia. Urge la implementación de una estrategia coordinada e interinstitucional de seguridad, así como la garantía de las condiciones de vida para las comunidades, la aprehensión de los generadores de violencia y la judicialización de las carpetas de investigación. La resistencia de las familias continúa y no dejarán de exigir la verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición y retornos dignos y seguros. Por lo anterior, las y los integrantes de la MCO, proponemos: Que la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno del Gobierno de Chihuahua integre la participación de las organizaciones civiles de derechos humanos locales en vías de colaboración y atención integral. Que se instale una Mesa Interinstitucional de atención al Desplazamiento Forzado Interno con la participación de los tres niveles de gobierno, con participación de las familias afectadas y organizaciones civiles de derechos humanos con experiencia en la atención integral del tema. Que se diseñe una ruta de atención permanente para atender de manera continuada a las familias, no solo durante 6 meses como lo indica el Protocolo de Atención a Víctimas de DFI. Que se diseñen programas y acciones de prevención para tener soluciones duraderas, con la inclusión de la sociedad civil, así como el fortalecimiento del enfoque diferenciado. Que las autoridades estatales y federales den respuesta a las propuestas que ha formulado esta Misión Civil de Observación sobre la situación de Desplazamiento Forzado Interno en las distintas reuniones que se han sostenido, en seguimiento esperamos una próxima reunión de seguimiento a esta visita. Que desde el nivel federal de gobierno se reconozcan los eventos de Desplazamiento Forzado Interno, y que se atiendan las causas estructurales del fenómeno, aprobando una Ley para atender esta situación.
El histórico recinto de la UNAM fue la sede para conocer a las y los campeones de los dos torneos que son parte del Mundial Social 2026 29 de mayo de 2026 Se premiaron las categorías Sub-14, Sub-15, Educación Básica Primaria y Secundaria, así como Media Superior y Superior en ambas ramas Luego de un camino recorrido de cuatro meses de emoción, recreación, compañerismo y mucho futbol, la COPA CONADE y el Mundialito Escolar vivieron este viernes un majestuoso cierre en la cancha del Estadio Olímpico Universitario en la Ciudad de México. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recibió las primeras finales del Mundial Social 2026, una iniciativa impulsada por el Gobierno de México y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en trabajo colaborativo con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE). Durante tres días el recinto de la Máxima Casa de Estudios fue la sede de 12 finales (6 femeniles y 6 varoniles), donde las jugadoras y los jugadores experimentaron enfrentar sus duelos decisivos en una cancha profesional. Tras conocer a los campeones de la Copa CONADE: Nuevo León (Sub-14 femenil), Aguascalientes (Sub-14varonil), Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Extranjero (Sub-15 femenil) y Tamaulipas (Sub-15 varonil), se dio paso a las finales del Mundialito Escolar. En la división Media Superior se coronaron Ciudad de México (femenil) y Tamaulipas (varonil), mientras que en Superior los monarcas fueron la UNAM (femenil) y la UAEMEX (varonil). En el último día de actividades tocó el turno de los estudiantes más pequeños coronándose las categorías Primaria y Secundaria en ambas ramas. En el Estadio Olímpico levantaron el título los equipos de Jalisco (femenil) y Nuevo León (varonil), así como Baja California (femenil) y Baja California Sur (varonil). Las 12 escuadras ganadoras fueron los protagonistas de la ceremonia de premiación, con la que cerró esta jornada y la cual estuvo encabezada por el director general de la CONADE, Rommel Pacheco. “Hoy estamos viendo el resultado de una visión que entendió algo muy importante, que el Mundial no debía vivirse solamente en los estadios, tenía que llegar a las escuelas, a las comunidades, a los barrios, a donde están las niñas y los niños de México por eso nació el Mundial Social y gracias a ese esfuerzo más de un millón cien mil niñas y niños participaron en el Mundialito Escolar”, comentó. “Junto con la Copa CONADE miles de jóvenes de todo el país demostraron que el talento mexicano está en todas partes y este camino no termina hoy, pues durante todo el proceso fueron observados por la FMF, pues aquí puede estar la próxima o próximo seleccionado nacional”, agregó. A la entrega de trofeos también asistió el presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Ivar Sisniega y el titular de la Secretaría de Servicios y Atención a la Comunidad Universitaria de la UNAM, Fernando Macedo, en representación del rector de la UNAM, Leonardo Lomelí. Además de la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez; el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva; la representante de México en la Copa Mundial 2026, Gabriela Cuevas y el director del Instituto Hidalguense del Deporte (INHIDE), Oscar ‘conejo’ Pérez. Ambos torneos son parte del Mundial Social 2026, que se anunció en enero de este año como la cantera más grande del país, que envuelve a las 32 entidades y que impulsa el desarrollo y crecimiento del deporte y la activación física, celebrado en el marco del Mundial de Futbol de la FIFA 2026.
Ciudad de México, a 29 de mayo de 2026. La Fiscalía General de la República (FGR) ofrece este mensaje al Pueblo de México para dar a conocer una acción de suma relevancia llevada a cabo por esta institución, relacionada con el desmantelamiento de la organización delictiva “Del Caballito”, dedicada al lavado de dinero y la falsificación de facturas. Nuestras investigaciones permitieron conocer que el esquema “Del Caballito” es operado por personas físicas que diseñan y comercializan mecanismos de evasión fiscal a través de sus propios despachos, ofreciendo a empresas reales la emisión de facturas por operaciones falsas. Para ello constituyen empresas fachada que generan comprobantes fiscales falsos, en los cuales ingresa flujo de dinero para su posterior distribución por conceptos fuera de la realidad, con los cuales tampoco pagan los impuestos respectivos, reduciendo artificialmente su carga impositiva o fiscal. Es así que las empresas facturadoras canalizan los recursos obtenidos hacia los propietarios de las compañías beneficiadas, cerrando un circuito que permite ocultar el origen del dinero, disminuir el pago de impuestos y sostener un esquema sistemático de misión de facturas falsas que repercute en la afectación a la Hacienda Pública. Para esta acción, el Estado mexicano a través de sus instituciones de seguridad y procuración de justicia, puso en operación a 440 elementos para llevar a cabo la investigación y posterior ejecución de los cateos correspondientes para 30 inmuebles en los estados de Jalisco, Colima, Quintana Roo, Sonora y Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila. Durante dichas diligencias, ha sido posible cumplimentar hasta este momento órdenes de aprehensión en contra de Maikol “N”, Salvador “N”, Laura Belén “N”, Luis “N”, Manuel “N”, Elda “N”, Montserrat “N” y Lilia “N”, quienes probablemente pertenecen a la organización delictiva “Del Caballito”, dedicada a realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y a la emisión de comprobantes fiscales falsos, la cual tiene como posibles líderes a Maikol “N” y a Salvador “N”. De igual modo, se han asegurado hasta ahora 11 domicilios, 14 vehículos, dos motocicletas, un aproximado a 17 mil 945 dólares, un millón 90 mil 550 pesos, 106 mil yenes, mil 700 libras esterlinas, 370 soles, mil 570 euros y mil 050 coronas danesas. Lo anterior fue posible como resultado de los trabajos de coordinación entre la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de esta FGR, con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, específicamente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Después de múltiples seguimientos y labores de inteligencia, dichas autoridades pudieron identificar que la agrupación delictiva posiblemente opera con 15 empresas y asociaciones civiles utilizadas como fachadas e identificadas al momento, cuyos domicilios fiscales se ubican principalmente en los estados de Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo, lo que evidenció un esquema estructurado y de alcance interestatal. La captura de las personas que hoy anunciamos se logró con base en un sin número de labores por parte de las fuerzas del Estado Mexicano, y una planeación que constó de una logística operativa estructurada por bloques a fin de garantizar una intervención simultánea, coordinada, y conforme a los lineamientos legales. Cabe destacar que entre los efectivos que participaron en este caso, se encuentran agentes autorizados para la ejecución de cateos, otros que fungieron como testigos, con función de seguridad perimetral; además, ministerios públicos federales, auxiliares ministeriales, peritos con especialidad en criminología forense, informática forense, fotografía y video, así como contabilidad forense. La Fiscalía General de la República, continuará investigando este y todos los casos donde los recursos del pueblo de México estén en riesgo, pues la defensa de la justicia y su procuración, son un objetivo de México y de sus instituciones.
Ciudad de México, a 30 de mayo de 2026. Tras llevar a cabo los procesos correspondientes y presentar las pruebas contundentes, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencia condenatoria en contra de Samuel “N”, por los delitos de posesión de arma de fuego, cargadores y cartuchos, todos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, así como contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio. El Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), llevó a cabo la tarea ministerial para que la autoridad judicial dictara pena de 10 años 10 meses de prisión, misma que deberá compurgar en el Centro Federal de Readaptación Social Número 7, en Durango. Cabe destacar que esta persona fue detenida en enero de 2025, como resultado del trabajo del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, al ejecutar orden de cateo en Durango, Durango. En la acción participaron la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos adscritos al Centro Federal Pericial Forense (CFPF), ambos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), personal de la FEMDO, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), y aseguraron armas de fuego cortas, cargadores, cartuchos, pastillas que contenían fentanilo, clorhidrato de cocaína, entre otros objetos del delito.
Ciudad de México, a 30 de mayo de 2026. La desarticulación de redes criminales dedicadas a la explotación de víctimas extranjeras permite salvaguardar a personas en condición de vulnerabilidad, inhibir la continuidad de las actividades delictivas y fortalecer la cooperación internacional en el combate al secuestro, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR), en su labor de investigación de manera coordinada con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, logró cumplimentar orden de aprehensión en contra de tres personas que probablemente habrían participado en el secuestro de cinco personas de la India, cometido en el estado de Chihuahua el año pasado. Esta FGR, por conducto de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el apoyo de la Guardia Nacional (GN), llevaron a cabo la diligencia respectiva, derivada de trabajos de investigación de campo y gabinete que permitieron ubicar en Ciudad Juárez, Chihuahua, a Diana “N”, Jaqueline “N” y Tomás “N”. Posteriormente, los agentes federales, se constituyeron en las inmediaciones de los diversos inmuebles ubicados en la ciudad referida, donde ejecutaron la técnica de cateo, bajo la conducción del Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde se logró cumplimentar las órdenes de aprehensión en su contra por su posible participación en la comisión del delito de secuestro. Cabe destacar que, a una cuarta persona, identificada como Emmanuel “N”, se le cumplimentó una orden de aprehensión por reclusión por el mismo delito, debido a que actualmente se encuentra interno en el CERESO Estatal No. 3 de la propia entidad. Durante los operativos, fueron asegurados equipos telefónicos, equipo de cómputo, memorias de almacenamiento, una báscula digital y una contadora de billetes, entre otros objetos del delito. Posteriormente, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, quien determinará su situación jurídica y donde peritos especializados en la materia dictaminarán las características y cantidades exactas de los objetos. A las personas mencionadas en este comunicado se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.
28 de mayo de 2026 La Secretaría de Gobernación hace un respetuoso llamado a las maestras y maestros a privilegiar el diálogo y la construcción de acuerdos, ante las afectaciones derivadas por los bloqueos registrados en distintos sitios, particularmente en Circuito Interior. Hacemos un llamado a evitar acciones que perjudiquen a millones de ciudadanas y ciudadanos, así como a trabajadores, estudiantes, servicios de emergencia y actividades económicas que diariamente dependen de la movilidad en la Ciudad de México. Reconocemos el derecho a la libre manifestación, y reiteramos la disposición permanente de las autoridades federales para mantener abiertas las mesas de trabajo y atender las demandas del magisterio mediante el entendimiento y la vía institucional. La Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública tienen disposición para continuar el diálogo constructivo, con respeto y responsabilidad, en búsqueda de soluciones que permitan avanzar en beneficio de las y los maestros, sin afectar a la población. Reiteramos que el diálogo seguirá siendo el camino para construir acuerdos duraderos y preservar la convivencia democrática.
mayo 27, 2026 La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió una medida cautelar solicitada por el partido político Morena en contra del Partido Acción Nacional, por el uso indebido de la pauta y difusión de contenido calumnioso. Lo anterior, derivado de la difusión del promocional identificado como, “Nos traicionaron”, en su versión para radio y televisión, pues a decir del quejoso, en el contenido denunciado se utilizan narrativas de violencia, criminalización y apología del delito como mecanismos de propaganda político-electoral. La Comisión determinó, por unanimidad, declarar procedente la solicitud de medidas cautelares respecto al retiro de manera inmediata de la propaganda objeto de denuncia, al considerar que, si bien no se advierte la imputación de algún delito en particular, desde una óptica preliminar y bajo la apariencia del buen derecho, las frases contenidas en el promocional no constituyen una mera crítica u opinión política, sino afirmaciones de hechos posiblemente falsos, que no se encuentran soportadas en elementos mínimos que pudieran presumir su veracidad, tales como notas periodísticas o algún otro tipo de información pública. Respecto a la tutela preventiva, se consideró improcedente, pues, desde una perspectiva preliminar y bajo la apariencia del buen derecho, es una solicitud que versa sobre hechos futuros de realización incierta.
La política suele mostrar el verdadero rostro de sus protagonistas cuando se trata de decidir entre el privilegio o la sensibilidad social. Y eso es precisamente lo que ocurre con la postura asumida por la regidora Norma López Zúñiga, quien ahora cuestiona que las familias vulnerables de León puedan acceder gratuitamente al Zoológico, al Parque Metropolitano o a las deportivas municipales. Resulta difícil comprender cómo una representante popular puede mirar con recelo programas que buscan acercar espacios de recreación y convivencia a quienes menos posibilidades económicas tienen. Porque el acceso al esparcimiento no debe verse como un lujo exclusivo de quienes pueden pagar una entrada, sino como un derecho social que también fortalece la integración familiar, la salud emocional y el tejido comunitario. Mientras miles de familias enfrentan diariamente problemas económicos, gastos de alimentación, transporte y servicios básicos, la posibilidad de acudir gratuitamente a un parque, una deportiva o al Zoológico representa mucho más que un paseo: significa un respiro, un momento de convivencia y una oportunidad de inclusión social. Negar o cuestionar ese beneficio proyecta una visión alejada de la realidad que viven muchos hogares leoneses. La postura de la regidora además genera una percepción política inevitable: que hoy termina coincidiendo con el bloque opositor dentro del ayuntamiento encabezado por personajes afines al PAN de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos, precisamente cuando se implementan medidas de gratuidad orientadas hacia los sectores más humildes. Paradójicamente, quienes durante años defendieron discursos “sociales” parecen incomodarse cuando el beneficio llega directamente al pueblo. Pero más allá de la crítica coyuntural, existe otro elemento que debilita el discurso moral de Norma López Zúñiga: la falta de congruencia política. La ciudadanía recuerda que anteriormente militó en el PRI, después en el Partido Verde y ahora se asume como independiente. Ese tránsito constante entre colores y plataformas deja inevitablemente dudas sobre la autenticidad de sus convicciones ideológicas. Cuando la trayectoria política parece adaptarse según la conveniencia del momento, la autoridad moral para cuestionar programas sociales se reduce considerablemente. Y entonces surge una pregunta válida para la opinión pública: ¿la regidora ya transparentó con claridad cuánto percibe realmente entre salario, apoyos, compensaciones, viáticos y demás beneficios provenientes del erario municipal? Porque el presupuesto público del que ella cobra también proviene del esfuerzo de miles de ciudadanos humildes que pagan impuestos, consumen productos gravados y sostienen económicamente al municipio con su trabajo diario. Si ese dinero pertenece a todos los leoneses, resulta contradictorio cuestionar que una parte de esos recursos regrese precisamente en beneficios sociales para las familias de menores ingresos. La gratuidad en espacios públicos no es un despilfarro; es una forma de redistribución social y de reconocimiento de derechos básicos para sectores históricamente excluidos. León necesita representantes sensibles a la realidad social, no políticos que desde la comodidad del cargo observen con desdén el derecho de las personas humildes a disfrutar de los espacios públicos de su propia ciudad. Porque el municipio no pertenece solamente a quienes pueden pagar una entrada; pertenece también a quienes, con enormes sacrificios, sostienen todos los días la vida económica y social de León.
Ciudad de México, 21 de mayo de 2026 La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que, cuando se presente un amparo directo contra un laudo laboral emitido por una junta de conciliación y arbitraje que, con posterioridad, haya modificado su competencia o se haya extinguido como resultado de acuerdos administrativos, el asunto deberá ser resuelto por el tribunal colegiado de circuito que tiene jurisdicción en el domicilio de la junta laboral responsable que dictó el laudo reclamado. En este asunto, los Plenos Regionales en Materias Penal y de Trabajo de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, ambos con residencia en la Ciudad de México, adoptaron criterios contradictorios respecto de la competencia por razón de territorio de los tribunales colegiados de circuito para conocer de amparos directos promovidos contra laudos dictados por juntas laborales que, con posterioridad de la presentación de la demanda, modificaron su competencia o fueron suprimidas. El Pleno estableció que, para determinar la competencia territorial en el juicio de amparo directo promovido contra un laudo laboral, debe tomarse en cuenta el domicilio de la junta laboral de conciliación y arbitraje que dictó el laudo reclamado al momento de su emisión y de la presentación de la demanda. Lo anterior, aun cuando con posterioridad, dicha junta laboral haya modificado su competencia o se haya extinguido mediante acuerdo administrativo o reforma legal. En estos supuestos, se explicó que, la autoridad que resulte sustituta conforme al artículo 9 de la Ley de Amparo únicamente asume funciones para el cumplimiento de la ejecutoria que, en su caso, se dicte, sin que tal circunstancia incida en la determinación de la competencia territorial del tribunal colegiado de circuito originalmente llamado a conocer del juicio. Contradicción de Criterios 45/2026. Resuelta en sesión de Pleno el 21 de mayo de 2026.
La Sala Xalapa del TEPJF resuelve controversias sobre registros de partidos políticos, militancia partidista, elecciones de agencias municipales y propaganda política en los Estados de Campeche, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán 27/Mayo /2026 / Sala Regional Xalapa 22/2026 Xalapa, Veracruz.— En sesión pública de resolución, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió en los siguientes términos: En el expediente SX-JDC-136/2026 y sus acumulados, revocó la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC), en el expediente TEEC-JDC-7/2026, que declaró extemporáneo el medio de impugnación promovido en contra de la resolución de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN), la cual determinó revocar la membresía como consejeros estatales en el Consejo Estatal del PAN en la referida entidad. Ello, porque el Tribunal responsable desechó indebidamente la demanda local al considerar que la parte actora señaló como domicilio para notificaciones los estrados electrónicos del partido, cuando de autos se advierte que dicha dirección electrónica únicamente fue proporcionada al comparecer como tercera interesada ante el órgano de justicia interna. Además, la notificación por estrados electrónicos carece de eficacia jurídica en el caso concreto, pues al haberse privado a la promovente de un derecho previamente adquirido, la autoridad responsable debió realizar una notificación personal para garantizar plenamente su derecho de audiencia y acceso efectivo a la justicia. En el expediente, SX-JDC-176/2026, confirmó la resolución incidental del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEV) en el expediente TEV-JDC-318/2026 INC-1, que declaró improcedente el recuento total de votos de la elección de la Agencia Municipal de la Congregación Julio Castro “Las Trancas” del Ayto. de Xalapa, Veracruz. Debido a que la solicitud de recuento fue presentada de manera extemporánea, es decir, fuera de lo establecido por la normativa local, que exige su presentación durante o al concluir la sesión de cómputo. Asimismo, la restricción prevista en la convocatoria para acreditar representantes el día del cómputo no constituye una imposibilidad material o jurídica de cumplir con la obligación de presentar la petición en tiempo y forma. En consecuencia, ni la perspectiva de género ni la suplencia de la queja pueden justificar la inobservancia de plazos legales que son obligatorios para todas las partes. En el expediente SX-JDC-180/2026 y sus acumulados, confirmó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY) en el expediente JDC-007/2026 y acumulado, que confirmó el oficio CG/SE/043/2026 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC), el cual determinó inviable atender la solicitud para realizar una nueva asamblea estatal constitutiva de la asociación Socialista del Sureste A.C. a fin de cumplir con el requisito para constituirse como partido político estatal. Porque, aunque reconoce que el TEEY delimitó incorrectamente el acto impugnado al centrarse solo en un oficio y no mencionar expresamente la asamblea, considera que ese error no es suficiente para revocar la resolución, pues no afectó el análisis de fondo del caso. Además, el Tribunal local sí analizó los planteamientos principales, incluyendo la convocatoria a una nueva asamblea, el registro de delegaciones y las inconsistencias en las listas de delegados. La Sala concluyó que el Tribunal valoró adecuadamente las pruebas, dando mayor peso a las actas de la oficialía electoral. Asimismo, consideró infundados los agravios sobre el quórum, al no acreditarse exclusión de delegados ni afectaciones a derechos político-electorales. También confirmó que la resolución estuvo debidamente fundada y motivada. Finalmente, determinó que no se vulneraron los derechos de asociación y participación política, pues la organización tuvo oportunidad de manifestar sus inconformidades oportunamente. En el expediente SX-JDC-184/2026 y su acumulado, confirmó las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) que desecharon de plano los medios de impugnación presentados a fin de controvertir la elección de agente municipal de la localidad Jacarandas, Emiliano Zapata, Veracruz. Toda vez que consideró que el cómputo efectuado respecto del plazo para la presentación de los medios de impugnación locales fue correcto y, por tanto, resultó ajustado a derecho que se declarara su improcedencia. En el expediente SX-JG-42/2026 y en el expediente SX-JG-43/2026, confirmó las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO) que confirmaron los acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de esa entidad en los que se denunciaron bardas con propaganda alusiva a un senador y a un partido político, presuntamente constitutiva de promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y actos anticipados de campaña. El Tribunal local ordenó como medida cautelar el retiro, pero no vinculó directamente a los denunciados, sino que solicitó apoyo de los ayuntamientos. En la sesión pública celebrada el 27 de mayo, se resolvieron 22 medios de impugnación: 19 juicios de la ciudadanía y 3 juicios generales.
27 Mayo 2026 Senadora Robles Gutiérrez llama a trabajar en todo el mundo por una vida libre de violencia para las mujeres. Legisladoras del Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat) debatieron en el Senado de la República sobre la tipificación, sanciones y desafíos en la implementación de medidas contra el feminicidio, delito en el que, coincidieron, ha habido avances en los últimos años, pero también reconocieron que aún existen pendientes. En el “Foro Euro-Latinoamericano de la Mujer”, la senadora Beatriz Robles Gutiérrez, copresidenta del EuroLat, destacó que en México ya se ha aprobado una modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que se pueda expedir una ley general de feminicidio, lo cual representa un avance legislativo en esta materia. La senadora de Morena añadió que una de las propuestas para esa norma es que cualquier muerte violenta de una mujer sea catalogada, en primera instancia, como “feminicidio” y que sólo pueda ser reclasificada a homicidio si las investigaciones correspondientes indican algo distinto. No obstante, Robles Gutiérrez consideró que es necesario que las políticas públicas ayuden a “deconstruir” muchas formas de pensamiento relacionadas con la masculinidad; por ello, llamó a trabajar en todo el mundo para lograr avances significativos hacia una vida libre de violencia para las mujeres: “la lucha para las mujeres nunca termina”. Elena Nevado del Campo, integrante del Parlamento Europeo y mediadora del Foro Euro-Latinoamericano de la Mujer, reconoció que en América Latina y El Caribe se han dado reformas importantes en sus marcos legales para tipificar al feminicidio como un crimen distinto al del homicidio. No obstante, consideró que ese reconocimiento legal es sólo un punto de partida, pues el verdadero “centro y núcleo” en esta materia es “superar la distancia” entre la legislación y la aplicación efectiva de las leyes, ya que, lamentó, aún existe una “impunidad que mata a las mujeres”. Sayuri Herrera Román, quien fuera la primera titular de la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio de la Ciudad de México, reconoció como un acierto legislar sobre el feminicidio y en favor de las víctimas para visibilizar la violencia contra las mujeres en el país; sin embargo, señaló que aún persisten las agresiones en espacios laborales y en los hogares. Ante ello, sostuvo que dentro de las soluciones a la problemática también debe trabajarse en los temas de prevención del acoso y en la igualdad de hombres y mujeres, pues mientras esto no ocurra y prevalezca la impunidad, advirtió que en esos espacios comunes seguirán aconteciendo los feminicidios. María de la Luz Estrada Mendoza, directora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, lamentó que en México aún existan “patrones de impunidad” debido a que los ministerios públicos realizan las investigaciones sobre feminicidios, sin tomar en cuenta la perspectiva de género. Esto, ya que las autoridades de procuración de justicia realizan una inadecuada clasificación jurídica de los hechos desde las etapas iniciales de las indagatorias y omiten la debida preservación de los elementos probatorios, entre otras faltas que incluso obligan a familiares de las víctimas a solicitar ante los jueces que se reclasifique el delito como feminicidio. Leire Pajín, parlamentaria de España, celebró que se hayan dado importantes avances sobre feminicidio en países como el suyo, México, Chile, Brasil y Uruguay, por lo que propuso compartir entre las legisladoras para que las mujeres europeas sigan aprendiendo de la experiencia latinoamericana. La legisladora argentina Marina Femenía, sostuvo que las parlamentarias del mundo no pueden descansar en lograr la protección de las mujeres, pues, lamentó, ha habido retrocesos en algunas naciones, como la suya, donde las políticas de Javier Milei, advirtió, han hecho que el “Estado se esté convirtiendo en el feminicida de las mujeres”. De Luxemburgo, el parlamentario Marc Angel propuso analizar qué se puede hacer para detectar las alertas tempranas de violencia doméstica que derivan en feminicidios, pues se ha comprobado que muchos de éstos ocurren en el hogar, e incluso en la cama, lo que significa que los principales agresores son conocidos de las víctimas.