SHORTS MÉXICO - Festival Internacional de Cortometrajes de México, reconocido como el ciclo de exhibición cinematográfica más grande de iberoamérica especializado en filmes cortos. Estamos celebrando 21 años de exhibir, difundir y promover el cine mexicano y de todo el mundo. SHORTS MÉXICO es un festival que apoya expresiones creativas de cineastas emergentes y consolidados. Cada edición el festival presenta más de 1000 cortometrajes, se realiza en formato híbrido con exhibiciones presenciales, virtuales en línea y televisivas, superando el millón de espectadores. La vigésima primera edición se llevará a cabo del 1 al 30 de septiembre del 2026. El festival se realiza en más de 75 sedes, en los 32 Estados de la República Mexicana, así como en las 16 Alcaldías de la gran Ciudad de México. El SHORTS MÉXICO - Tour incluye exhibiciones presenciales y virtuales en ciudades y localidades de la República Mexicana, así como en diversos países del mundo. SHORTS MÉXICO Academy ofrece una opción académica para incentivar la profesionalización en diversas áreas de la cinematografía, incluyendo clases magistrales y retrospectivas. El festival cuenta con las Competencias Mexicanas: Ficción, Animación, Documental, Neomex, Competencia de Pitching de Cortometraje, Work In Progress y Guión Cinematográfico de Cortometraje. Así mismo cuenta con las Competencias Internacionales e Iberoamericanas: Ficción, Animación, Documental. Con el objetivo de fomentar la creación, profesionalización y la producción cinematográfica de calidad, los premios del festival incluyen incentivos de más de dos millones de pesos en servicios fílmicos. Los invitamos a formar parte de nuestra vigésima primera edición.
23 de mayo de 2026 Este 20, 21 y 22 de mayo realizamos una Misión Civil de Observación dirigida a la comunidad indígena tepehuana y wixárika de San Lorenzo de Azqueltán, Municipio de Villa Guerrero en el estado de Jalisco en donde las organizaciones participantes documentamos una serie de agresiones: racismo, discriminación, amenazas, pero también la fortaleza, resistencia, dignidad y bondad de la comunidad de Azqueltan. La comunidad tiene formalmente un reclamo ante el Estado mexicano desde 1951, solicitando el reconocimiento sobre su territorio ancestral, sin embargo, fue en 2013 cuando comienzan a reorganizarse,reafirman su autonomía y libre determinación, presentando nuevamente el reclamo por el reconocimiento de sus bienes comunales ante el Tribunal Agrario Distrito XVI en 2015. Fue a partir de este momento en que se intensificaron las situaciones de despojo, amenazas, hostigamiento, ataques físicos a comuneros, desapariciones, intentos de homicidio y la lamentable situación del 26 de noviembre de 2025, donde fue asesinado el Representante Agrario Marcos Aguilar Rojas. Todo ello en el contexto de la defensa del territorio. Mantener la posesión de sus tierras ancestrales les ha traído procesos de criminalización. En este contexto la Misión Civil de Observación (MCO) sostuvo espacios de diálogo con autoridades del Gobierno de Jalisco encabezados por Alberto Bayardo Pérez, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, en los que la comunidad wixárika y tepecana de San Lorenzo Azqueltán, junto con las organizaciones acompañantes, expusieron la gravedad de la conflictividad territorial, la persistencia de las agresiones y la urgente necesidad de avanzar hacia soluciones integrales con enfoque intercultural y de derechos humanos. La Misión Civil de Observación reconoce la apertura mostrada por distintas instancias del Gobierno del Estado para sostener una ruta de diálogo y seguimiento con la comunidad y las organizaciones acompañantes. Sin embargo, subraya que la magnitud de la violencia y de las violaciones a derechos humanos documentadas desde 2018 en San Lorenzo Azqueltán exige que estos compromisos se traduzcan en acciones concretas, coordinadas y sostenidas que garanticen plenamente los derechos de la comunidad a la vida, la seguridad, el territorio y sus derechos comunales. La Misión pudo documentar múltiples testimonios de la violación al derecho a la autoadscripción indígena que tienen los pueblos originarios y las personas que los habitan para definirse a sí mismos como parte de un pueblo originario o comunidad indígena, derecho que no requiere documentos oficiales ni reconocimiento previo, sin embargo, en San Lorenzo de Azqueltán pudimos constatar esta omisión para inscribirse a programas sociales, incluirlos en políticas públicas, reconocer sus formas de autogobierno y sus decisiones sobre su territorio, como el proceso de asignación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) que se realizará el próximo lunes 25 de mayo en el que se solicita que se realice en la Casa Comunal en donde la comunidad desarrolla sus procesos de deliberación y toma de decisiones colectivas. La Misión Civil de Observación identificó impactos psicosociales debido a la situación sostenida de injusticia e impunidad que mantiene a Azqueltán en un contexto de riesgo sostenido al menos desde 2018 con el secuestro del defensor comunitario Catarino Aguilar. Al tratarse de una comunidad indígena los impactos son colectivos, es decir que afectan a niñas, niños, adolescentes, personas jóvenes, adultas y adultas mayores, así como al territorio entendido como el espacio de coexistencia de todos los seres vivos, incluida la tierra como bien común y colectivo. Durante la estancia en comunidad, autoridades de distintas instancias públicas presentaron un marco integral de análisis de las afectaciones a derechos humanos que incluyen temas históricos de discriminación y racismo sistemáticos así como la falta de reconocimiento de los pueblos Wirratirari y Tepecano de Azqueltán. A esto se suman los testimonios recabados durante la Misión Civil de Observación, de víctimas directas e indirectas del ejercicio sostenido de violencias como actos de intimidación, amenazas y hostigamiento que han llegado incluso a agresiones graves y el asesinato de defensores y autoridades comunitarias. El resultado de la misión ha mostrado con claridad no sólo la urgencia atender con fuerza la resolución del caso y contener la violencia, sino de atender las causas profundas de esta situación de injusticia y de hacer valer el estado de derecho, incluidas desde luego las normas de protección y garantía de los derechos humanos de los pueblos indígenas vigentes en el país. La Misión Civil de Observación mantendremos e intensificaremos el seguimiento y cuidado a la Comunidad Indígena de San Lorenzo Azqueltán, al tiempo que profundizaremos el diálogo con las autoridades del país y el Estado de Jalisco, así como con los medios, las instituciones académicas y las instancias internacionales que también han estado dando el seguimiento ya por varios años, invitamos a los diversos actores y público en general a sumarse a la exigencia de justicia proclamada por Azqueltán. Misión Civil de Observación a San Lorenzo Azqueltan, integrada por: Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes» (Red TDT) integrada por 88 organizaciones en 23 entidades del país. Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas (AJAGI) Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) Red Solidaria de Derechos Humanos Clínica Jurídica de Pueblos Indígenas Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez SJ Tsikini Centro de Derechos Humanos Victoria Diez Frente Indigena Popular Artesanos en Lucha (FIPAL) Comunidad Indígena de San Lorenzo Azqueltán, Jalisco
Con su propuesta MORENA admite en silencio lo que todo México sabe, que se equivocaron y su proceso de integración judicial fracasó Ciudad de México, Mayo 29 de 2026.- El Senador por Baja California, Max García criticó el doble discurso de MORENA en torno a la reforma al poder judicial al insistir que al abrir los tribunales al voto popular traería una era de transparencia y justicia para el pueblo, sin embargo, la realidad es otra, ya que hoy, a un año y medio, presentan la “reforma de la reforma”. “Esto es lo que ha sido la reforma al poder judicial para MORENA: la oportunidad de acomodar a sus familiares en puestos sin la experiencia y trayectoria necesaria para impartir justicia y cito como ejemplo, al senador con licencia Enrique Inzunza, quien durante más de dos décadas construyó una red política, familiar y de allegados que ocupan posiciones clave en el aparato público de Sinaloa, como el Poder Judicial, órganos electorales y por eso vemos a su esposa Claudia Yuridia Meza Avendaño y su hermano Javier Inzunza Cázares como funcionarios en el tribunal de justicia de Sinaloa; a su hermana Aida Inzunza Cazarez en el tribunal electoral, a su sobrina Diana Elide Iribe Inzunza, sobrinos y primas como funcionarias en el poder judicial de Sinaloa o a su hija como asesora aquí en el Senado de la República”. Max García señaló que al proponer este nuevo cambio, Morena está admitiendo en silencio lo que todo México ya sabe, que se equivocaron y que su proceso de integración judicial fracasó en sus bases más elementales, pero en lugar de corregir el rumbo, solo pretenden modificar detalles menores ya que necesitan que el país discuta parches legislativos y tecnicismos para desviar la atención de los severos y constantes señalamientos que pesan sobre el oficialismo, como lo son vínculos directos de las estructuras de este régimen con el narcotráfico. Por ello, insistió que no se debe de permitir que se utilice la Constitución política de nuestro país como un borrador de ensayo y error, mientras la paz de la República y la seguridad de las familias se nos escapan de las manos; un país no se gobierna con ocurrencias ni con caprichos legislativos. “El PAN insiste en una reforma estructural al Poder Judicial que fortalezca la institución, jueces seleccionados por mérito, por su trayectoria, no por una tómbola que no saben ni siquiera manejar. Transparencia digital en las resoluciones y procesos jurídicos, una vigilancia independiente, sanciones reales, que el que la haga la pague, profesionalización constante, capacitación a quienes trabajan en el Poder Judicial, mejorar sus percepciones” Desde el primer día, se les advirtió que los especialistas, las barras de abogados, los organismos internacionales que someter la justicia a las dinámicas de las urnas debilita por completo la imparcialidad y coloca a los juzgadores en una situación de absoluta vulnerabilidad frente a la violencia política y, peor aún, frente al dinero del crimen organizado.
TIJUANA, B.C. – En un hecho histórico que posiciona a la frontera más visitada del mundo en el epicentro del fútbol global, el Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente anunció de manera oficial que la ciudad ha sido seleccionada por la FIFA para albergar el campamento base de la Selección Nacional de Irán durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. A través de un comunicado oficial, el club fronterizo expresó: "Con mucho orgullo hemos sido notificados por FIFA que Tijuana formará parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026 como campamento base de la Selección Nacional de Irán. Tijuana es una ciudad de puertas abiertas, amigable y hospitalaria; una ciudad que abraza al mundo a través de su cultura, su gente y su pasión por el deporte". El contexto de la designación: Infraestructura de primer nivel Las circunstancias que hicieron posible este nombramiento responden a la estricta evaluación de infraestructura que el máximo organismo del fútbol mundial ha realizado en el norte del país. El Estadio Caliente, las canchas de entrenamiento alternas y el complejo hotelero de la zona urbana de Tijuana cumplieron con los exigentes estándares de privacidad, logística y rendimiento atlético que la escuadra asiática requería para su preparación antes de encarar el torneo. Esta designación se da en un marco de descentralización de la justa mundialista, permitiendo que estados que no albergarán partidos oficiales en sus estadios (como es el caso de Baja California) se involucren directamente en la dinámica y la fiesta del torneo gracias a la hospitalidad de sus clubes locales. Relevancia para Tijuana: Derrama económica y proyección global Para Tijuana, convertirse en la casa de una selección mundialista representa una plataforma de proyección internacional sin precedentes. Más allá del plano deportivo, la estancia del combinado de Irán atraerá a cuerpos técnicos, delegaciones internacionales, medios de comunicación extranjeros y aficionados del Medio Oriente, lo que se traducirá en una ocupación hotelera masiva y una importante derrama económica para el sector turístico y comercial de la región. El club enfatizó el impacto cultural que esto tendrá para la comunidad: "La Copa Mundial de la FIFA 2026 también se vivirá en Baja California y estamos listos para recibir al mundo, compartir la esencia de nuestra frontera y demostrar por qué Tijuana es hoy un referente internacional dentro y fuera de la cancha". Relevancia para México: Consolidación como el anfitrión perfecto Para la República Mexicana, que comparte la organización del torneo con Estados Unidos y Canadá, la inclusión de Tijuana como campamento oficial demuestra la versatilidad territorial del país. El hecho de que una selección nacional decida concentrarse en el norte de México, a escasos metros de la frontera con Estados Unidos, resalta las ventajas geográficas y de conectividad que ofrece nuestro territorio, consolidando a México no solo como un organizador de partidos, sino como un anfitrión integral capaz de cuidar y preparar a los atletas de élite de todo el planeta.
Los menores, sustraídos en Utah, Estados Unidos, fueron encontrados sanos y salvos gracias a la coordinación binacional entre autoridades de Baja California y el FBI. SAN FELIPE, BAJA CALIFORNIA, A 27 DE MAYO DE 2026.- Derivado de un operativo coordinado de reacción inmediata y del trabajo conjunto entre autoridades de México y Estados Unidos, la Fiscalía General del Estado de Baja California logró la localización y entrega de dos menores de nacionalidad estadounidense que contaban con Alerta Amber internacional activa en el estado de Utah. La intervención fue encabezada por la Agencia Estatal de Investigación (AEI) bajo la coordinación de la Fiscal General del Estado, Dra. Ma. Elena Andrade Ramírez, en estrecha colaboración con autoridades del FBI y corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno. La tarde de este miércoles, la madre de los menores arribó a Baja California a través de la Garita Centro de Mexicali. Posteriormente, acudieron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en San Felipe para llevar a cabo las diligencias legales correspondientes ante el Ministerio Público. Más tarde, y con acompañamiento del Fiscal Regional se trasladaron a la casa de resguardo Market Place Missions A.C., donde ocurrió el esperado reencuentro familiar. Los menores fueron encontrados en óptimas condiciones de salud y resguardados en todo momento por las autoridades competentes, priorizando su bienestar físico y emocional. Visiblemente agradecida, la madre reconoció la rápida intervención y coordinación de las autoridades mexicanas y estadounidenses, que hicieron posible el regreso seguro de sus hijos, quienes posteriormente fueron trasladados al cruce fronterizo para retornar a su hogar en Estados Unidos. La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de fortalecer los mecanismos de colaboración internacional para la protección de niñas, niños y adolescentes, así como de atender con prontitud cualquier caso relacionado con personas desaparecidas o sustraídas.
PLAYAS DE ROSARITO, B.C. – Enfrentando una crisis hídrica histórica debido a la severa dependencia del Río Colorado, los municipios de Tijuana, Playas de Rosarito y parte de Ensenada mantienen sus esperanzas puestas en la construcción de la planta desalinizadora de Rosarito. Proyectada para ser la más grande y moderna de toda América Latina, esta megaobra busca abastecer de agua potable a miles de familias de la zona costa, procesando agua de mar mediante el sistema de ósmosis inversa. Sin embargo, su consolidación transita por una compleja red de aprobaciones financieras, licitaciones retrasadas y debates por el endeudamiento local. Antecedentes: Una década perdida entre escritorios y litigios La necesidad de una planta desaladora en la región no es nueva; el proyecto acumula casi una década intentando aterrizar. Diseñado originalmente como una Asociación Público-Privada (APP) en 2016, llegó incluso a la colocación de una "primera piedra" en 2018. No obstante, las disputas políticas y financieras de las siguientes administraciones provocaron la cancelación del contrato con la empresa transnacional Suez, sumiendo al gobierno del Estado en un millonario litigio internacional que no se destrabó sino hasta principios de 2024. Durante años, expertos del Colegio de la Frontera Norte (Colef) y activistas hídricos señalaron que la desalinización debió ser la última alternativa, proponiendo en su lugar el reúso masivo de aguas tratadas. Pese a las críticas, la crisis hídrica obligó a revivir el proyecto en 2022 bajo la tutela directa del Gobierno Federal y la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Estatus Actual: El complejo camino de las licitaciones y el presupuesto El estatus de la desaladora se mantiene en una fase administrativa crucial. Tras declararse desierta una primera licitación a finales del año pasado, Conagua relanzó el concurso internacional, atrayendo el interés de firmas de alto calibre (incluyendo consorcios ligados a Carlos Slim). El fallo definitivo de la empresa constructora ganadora sufrió retrasos y su resolución sigue bajo el escrutinio de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (Seproa). En el aspecto financiero, la Federación asignó 2 mil 500 millones de pesos para arrancar el ejercicio; una cifra que apenas representa una cuarta parte de los más de 10 mil millones de pesos que costará el proyecto central en total. A nivel local, el Congreso del Estado aprobó al gobierno estatal un endeudamiento por más de 2 mil 900 millones de pesos para financiar las obras complementarias indispensables (redes de tuberías y estaciones de bombeo para enviar el agua a Rosarito y Ensenada). Este financiamiento ha encendido las alarmas del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), debido a que los intereses del crédito a 30 años podrían comprometer las finanzas públicas estatales, pagándose a través de los ingresos del Impuesto Sobre Nómina. Futuro: Metas a mediano plazo y expectativas de producción Una vez que las obras arranquen formalmente en los terrenos destinados de Playas de Rosarito, el proyecto contempla un plazo de ejecución física de poco más de 1,000 días (alrededor de tres años). Las autoridades federales y estatales proyectan que la planta entrará en operaciones en el año 2029. Cuando funcione al 100% de su capacidad, la planta inyectará 2,200 litros de agua por segundo al sistema hidráulico de la costa, lo que representará un incremento estimado del 45% en el abasto disponible para Tijuana y Rosarito. Aunque las autoridades garantizan que este megaproyecto asegura el desarrollo sostenible y el crecimiento turístico de la región para las próximas décadas, académicos advierten que la población de la zona costa aún tendrá que librar varios veranos de incertidumbre y tandeos preventivos antes de ver el primer litro de agua purificada salir de la megaestructura.
Ciudad de México, a 27 de mayo de 2026. La Fiscalía General de la República (FGR) integra una investigación luego de que, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el apoyo del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, aseguró más de 150 armas de fuego, 18 granadas y más de 680 paquetes de cocaína, durante la ejecución de una orden de cateo a un predio ubicado en Chiapas. Como resultado de trabajos de investigación de campo y gabinete, así como el intercambio de información entre instituciones federales y estatales para combatir los delitos en materia de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y contra la salud, se localizó un predio en el municipio de Tapachula, el cual sería utilizado para actos ilícitos. Al continuar con las investigaciones, personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la SSPC, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), se constituyeron en las inmediaciones de un inmueble ubicado en la carretera ruta 200, tramo Tapachula-Arriaga, municipio de Tapachula, en la entidad mencionada. En ese lugar, los agentes federales realizaron actos de investigación, incluyendo la ejecución de una orden de cateo, solicitada por el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Chiapas, mediante la cual lograron el aseguramiento de aproximadamente 147 armas de fuego cortas y cuatro largas, cargadores, 18 granadas y alrededor de 687 paquetes rectangulares confeccionados en plástico de diferentes colores, que contenían cada uno polvo blanco con las características propias de la cocaína. Además del inmueble en mención, también se aseguraron 26 vehículos y una máquina tipo perforadora, entre otros objetos del delito. Todo lo asegurado fue puesto a disposición de la autoridad ministerial competente, donde peritos especializados en la materia dictaminarán las características y cantidades exactas de los objetos, así como la composición química de las sustancias.
Roberto Vizcaíno Ya no es sólo el presidente Donald Trump quien manifiesta sus exigencias de acción urgente y decidida antinarco al más alto de los niveles de la política y el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, sino que la lista de sus colaboradores se ensancha cada vez más con sus reclamos hacia el Gobierno de México. Sus conclusiones son directas. Dicen: si la mandataria mexicana y su administración insiste en resistirse, y no nos entrega al gobernador Rubén Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza y al resto de los reclamados desde hace ya un mes por la justicia de EU por formar parte del Cartel de Sinaloa, nosotros actuaremos. Esa amenaza no es nueva. Lo vienen repitiendo ya de meses, pero lo que sí se nota es que se ha endurecido y suena más cercana. Y tan lo sabe y lo siente la presidenta Sheinbaum, que promueve hasta mítines y concentraciones en el Zócalo para cantar el Himno Nacional contra estas advertencias de La Casa Blanca. Porque no tiene más que eso para oponerse. Pero el caso es que a fines de la semana anterior el secretario de Guerra de Donald Trump, Pete Hegseth no se anduvo con rodeos y por enésima vez, sólo que ahora ya con más fuerza y determinación, advirtió que su país "va a la guerra contra los cárteles". Lo dijo antes de informar que ya van más de 200 ejecutados en los bombardeos a narcobuques y lanchones en El Caribe y en el Pacifico. Y por si no se hubiera entendido para quien era el mensaje, agregó, que a consideración de La Casa Blanca el gobierno mexicano debe ya "dar un paso adelante" e intervenir contundentemente contra el narcotráfico, para que Estados Unidos no tenga que hacerlo por cuenta propia. Casi al parejo, en un encuentro con legisladores el vicefiscal general adjunto de Estados Unidos, Aakash Singh, ordenó a fiscales federales triplicar las acusaciones contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados al narcotráfico, aplicando leyes antiterroristas, con todo lo que ello implique en persecución y aplicación de castigos. Esta instrucción fue a su vez ratificada por el fiscal general Todd Blanche, quien en una entrevista con la periodista Ali Bradley de NewsNation, indicó que se tienen listas más denuncias contra políticos y funcionarios mexicanos como es el caso del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya y otros de sus colaboradores, expedientes que surgen, explicó, de confesiones y denuncias de lideres del narcotráfico que están ya en cárceles en EU como Ismael El Mayo Zambada, o Joaquín El Chapo Guzmán y los hijos de estos, y que ya han sido presentadas ante un tribunal federal de Nueva York. GUATEMALA PLATAFORMA MILITAR DE EU CONTRA CARTELES En este contexto, a fines de la semana anterior en medio de confusas declaraciones iniciales del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, aparecieron tropas y equipos aéreos militares de EU para realizar operativos conjuntos regionales antinarcos. Sin el menor recato, el Comando Sur de los EU advirtió que el objetivo final de estas actuaciones conjuntas en ese país, son los carteles de la droga en México. Estas operaciones son resultado de la firma del Escudo de las Americas una coalición militar regional efectuada apenas el 7 de marzo pasado en el Trump National Doral Miami, de la Florida, Estados Unidos entre el presidente Donald Trump y los presidentes de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Trinidad y Tobago. Su principal objetivo se dijo desde entonces, es coordinar esfuerzos y utilizar fuerzas militares conjuntas para erradicar el narcotráfico y las organizaciones criminales en el hemisferio, en especial los carteles mexicanos que ya han penetrado a todo el continente. Luego de declaraciones enredadas, y después de una llamada con Pete Hegseth secretario de Defensa de EU, el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo, dio paso a ataques aéreos y otras acciones militares de EU,en Guatemala. Guatemala es la principal frontera sur de México. Guatemala es ya el segundo país de la región que permite la operación directa de fuerzas militares de EU en su territorio. El pasado fin de semana el comando Sur sobrevoló dos aviones militares en Caracas lo que provocó reacciones de protesta y rechazo en las bases chavistas sin que estas fuesen nada sobresaliente. En redes sociales se criticó duramente a la presidenta interina Delcy Rodríguez por permitir estos sobrevuelos militares norteamericanos que, se dijo, debieran haber sido aprobados por el Congreso venezolano. Estos despliegues militares de EU incluyen a Ecuador cuyo presidente Daniel Noboa acordó aceptar la operación de militares de EU en combate directo a narcos en su país, especialmente con drones o aviones para combatirlos desde el aire. El Comando Sur de EU y el presidente Noboa denuncian que en Ecuador existe ya una presencia importante del Cartel de Sinaloa que ha convertido a este país en uno de los más violentos en el hemisferio sur. De acuerdo a The New York Times, el Departamento de Defensa de Estados Unidos -con el apoyo del Departamento de Estado encabezado por Marco Rubio-, negocia en estos momentos con Nasry Asfura, presidente de Honduras, un acuerdo para realizar operativos militares como ya lo comenzó a hacer en Guatemala. De lograrlo, se estaría cerrando una gran pinza regional ya que EU cuenta con el apoyo total de Nayib Bukele, presidente de El Salvador para cerrarle el paso a todos los cárteles en Centroamérica y para actuar desde ahí contra enclaves del narco en México. Esto representaría una presión quizá insoportable para la presidenta Claudia Sheinbaum quien vería que el reclamo de realizar operaciones conjuntas militares con EU contra carteles vendría de prácticamente todos los países centroamericanos y gran parte de los sudamericanos. La estrategia es -dice The New York Times- encabezada por Stephen Miller, jefe adjunto de gabinete de Trump para política y asesor de seguridad nacional, así como por Joseph Humire, por ahora máximo responsable de política del Pentágono para defensa nacional y América Latina. Hasta hoy ya 20 países del continente son aliados del gobierno de Trump para enfrentar a los cárteles y el crimen organizado en todo el hemisferio occidental lo que hace de la resistencia de la presidenta Sheinbaum un caso de abierta alianza con carteles. De ahí que cada día aumente la presión y la urgencia de La Casa Blanca para que se permita la operación de agencias, de la inteligencia, y de militares de EU en México. O -afirman- ellos van a actuar de cualquier modo. Twitter: @_Vizcaino / Facebook / https://www.facebook.com/rvizcainoa / e-mail: [email protected]
Sergio Contreras y Gerardo Fernández, bien conocidos; les llamaban con frecuencia, sin error ni señal, los famosos compañeros de "La Pareja Ideal". Pero el tiempo da vueltas en la rueda electoral, y hoy la historia parece tomar rumbo diferente y especial; pues ya no son solamente dupla en la jugada, ahora se suman a Jorge Espadas en la diversidad plural. De aquel verde que los cubría con singular color, hoy presumen corazón blanquiazul con entusiasmo y fervor; y lo que antes fue pareja en el andar cotidiano, ahora es un trío político tomado de la mano.
Ciudad de México, a 29 de mayo de 2026. Como parte de los trabajos para combatir los delitos en materia de hidrocarburos, continúan las investigaciones a fin de desmantelar organizaciones dedicadas a cometer estos ilícitos. Por lo anterior, y en seguimiento a diversas detenciones que se han llevado a cabo en semanas pasadas para debilitar a una organización delictiva que probablemente simula actividades en sectores logístico, energético y de transporte, la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, cumplimentó un cateo en cuatro inmuebles en los municipios de San Pedro Garza García, Monterrey, Escobedo y Salinas Victoria en el estado de Nuevo León. En estos cateos, que fueron solicitados por el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y otorgados por la autoridad competente, se detuvo a Jesús “N” junto con un arma de fuego. Asimismo, en los inmuebles objeto de la diligencia, se aseguraron cuatrimotos, vehículos particulares, 42 tractocamiones, 13 camiones de carga, camiones de volteo, dos retroexcavadoras, una grúa de canastilla, 62 contenedores cilíndricos, inmuebles, un predio utilizado como patio de maniobras y trasvase, documentación diversa y objetos del delito. Cabe destacar que la documentación estaba probablemente relacionada con al menos tres empresas investigadas por delitos en materia de hidrocarburos y operaciones con recursos de procedencia ilícita. A la persona mencionada en este comunicado se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.
Ciudad de México, a 31 de mayo de 2026. Jesús “N”, identificado por áreas de inteligencia como probable jefe de una célula dedicada al tráfico de personas en la zona de Nogales, Sonora, con destino a los Estados Unidos, fue vinculado a proceso y quedó en prisión preventiva oficiosa, tras los datos de prueba aportados por la Fiscalía General de la República (FGR). Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, específicamente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), cumplimentaron orden de aprehensión en Nogales, Sonora, en contra del propio Jesús “N” y Claudia “N”, esta última una posible colaboradora. La FGR inició la investigación respectiva tras recibir una denuncia del Agregado Adjunto HSI. Posteriormente, como resultado del trabajo del Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), se solicitaron y otorgaron las órdenes de aprehensión en contra de Jesús “N” y Claudia “N”, por su posible participación en el delito de delincuencia organizada para cometer tráfico de personas. Así fue como los agentes de la PFM se dieron a la tarea de localizarlos para lograr su detención en Nogales, Sonora, y trasladarlos de inmediato a la autoridad competente. En la continuación de la audiencia inicial, el MPF presentó los datos de prueba contundentes y formuló la imputación, por lo que el juez les dictó auto de vinculación a proceso. Además, se concedieron tres meses para la investigación complementaria y se ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Jesús “N” en el Centro Federal de Readaptación Social 11 Hermosillo, y Claudia “N” en el Centro de Reinserción Social 1 Hermosillo, área Femenil. A las personas mencionadas en este comunicado se les presume inocentes mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.
Excavación tipo túnel subterráneo es localizado por elementos de la fgr en tijuana, baja california Ciudad de México, a 31 de mayo de 2026. Un túnel con una longitud aproximada de 265 metros y 6.30 metros de profundidad, además de infraestructura operativa (iluminación y ventilación), así como la adaptación de un mecanismo electrónico deslizante en ambos sentidos de México a Estados Unidos de América, fue localizado gracias a trabajos de inteligencia de elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), en la ciudad de Tijuana, Baja California. Con el apoyo técnico y el trabajo coordinado con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de esta FGR, como parte de la indagatoria radicada con el Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Federal en Baja California, ejecutaron un cateo en un domicilio en la colonia Nueva Tijuana, por la violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y a la Ley General de Salud. Por lo anterior, el personal se estableció en el inmueble referido y se percató que posiblemente funcionaba como centro de almacenamiento, logística y tráfico de armas, explosivos y sustancias ilícitas, luego de localizar cartuchos, posible metanfetamina y marihuana, además de teléfonos celulares y documentación diversa. Cabe destacar que de acuerdo con las investigaciones, el túnel probablemente conecta con una calle conocida en San Diego, California. Esta acción representa un golpe directo a la operación, rutas de traslado y esquemas logísticos utilizados para el tráfico de drogas, fortaleciendo las líneas de investigación y las capacidades institucionales para combatir a las organizaciones delictivas dedicadas a este tipo de actividades ilícitas. Los indicios y el inmueble quedaron bajo resguardo y puestos a disposición del MPF en Baja California, el cual continuará con la investigación de Ley.