Ciudad de México, 18 de marzo de 2026 La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informa que, a través del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), impuso a la C. Belén Olvera Jiménez, una multa de 808 mil 248 pesos y una inhabilitación por un año y seis meses para participar, por sí o mediante intermediarios, en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la Administración Pública Federal. La sanción se impuso porque proporcionó información falsa durante la vigencia del pedido número D2P0245, celebrado el 25 de febrero de 2022, con el que resultó adjudicada, derivado del procedimiento de Adjudicación Directa Internacional Bajo la Cobertura de Tratados número AA-050GYR024-E63-2022, para la adquisición de medicamentos; consistente en cuatro certificados de análisis de producto terminado. La notificación de la sanción se realizó el 9 de marzo de 2026 y su publicación aparece hoy en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, la C. Belén Olvera Jiménez, ya fue inscrita en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que le impide participar en nuevas contrataciones con el Gobierno de México. Las medidas se emitieron conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta. La persona física tiene derecho a impugnar la resolución, y en caso de hacerlo, la Secretaría defenderá con firmeza la sanción, por haber sido impuesta con apego a derecho y en protección del interés público. Con estas acciones, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno refrenda su compromiso con la legalidad y la integridad de las compras públicas. Engañar durante la vigencia de contratos públicos tiene consecuencias.
El 25 de marzo de 2026 comenzará la veda para la pesca de todas las especies de camarón en aguas marinas del Alto Golfo de California 16 de marzo de 2026 La temporada de pesca concluirá hasta las 24:00 horas del día 24 del mes en curso. ultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA), informa que el próximo 25 de marzo iniciará la veda de todas las especies de camarón en aguas marinas del Alto Golfo de California —San Felipe, Baja California, y Golfo de Santa Clara, Sonora—. Esta medida se oficializó mediante la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que está disponible en https://bit.ly/40N1B0Q, por lo que la temporada de pesca concluirá hasta las 24:00 horas del día 24 del mes en curso. En el caso de los sistemas lagunarios estuarinos, marismas, bahías y aguas marinas del litoral del océano Pacífico, incluyendo el Golfo de California, la captura quedó restringida desde las 00:00 horas del 3 de marzo del año en curso. Las medidas se tomaron con base en las opiniones técnicas del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS), organismo adscrito a AGRICULTURA. Al iniciar la veda, de acuerdo con la publicación del DOF realizada en septiembre de 2025, quienes cuenten aún con existencia de camarón proveniente de la pesca —en estado fresco, entero, deshidratado, procesado, enhielado, congelado, cocido, seco o en cualquier otra forma de conservación y presentación para su comercialización al mayoreo o industrialización— deberán elaborar un inventario conforme al formato CONAPESCA-01-069, Inventario de Existencias de Especies en Veda, y presentarlo en las oficinas del organismo. Para transportar el camarón —en las mismas condiciones— desde las zonas litorales donde se encuentra la veda, las y los interesados deberán contar previamente con la Guía de Pesca emitida y validada por personal de las Oficinas de Representación de la Conapesca. Quienes requieran presentar denuncias relacionadas con la pesca ilegal o malas prácticas al respecto, está habilitada la línea telefónica 669 915 6913 durante las 24 horas de los 365 días del año.
l registro está abierto hasta el 31 de marzo en el Centro LIBRE más cercano o en www.mundia-llibres.mujeres.gob.mx El Mundial Mujeres Libres es gratuito y está dirigido a todas las mujeres mayores de 18 años, con o sin experiencia en el fútbol. La gran final nacional se celebrará el domingo 25 de octubre de 2026 Las mujeres mexicanas tienen 10 días para registrarse en el Mundial Mujeres Libres, el torneo nacional de fútbol 7 organizado por la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México, cuyo plazo de inscripción se amplió al 31 de marzo de 2026. El Mundial se celebra en un momento histórico para México: el país es sede de la Copa del Mundo y está encabezado por su primera mujer Presidenta. En ese contexto, este torneo es una invitación a que las mujeres sean también protagonistas de la cancha y del balón, reafirmando que son figuras principales en todos los espacios: en la política, en el deporte y en todos los ámbitos de la vida pública. El torneo está dirigido a todas las mujeres mayores de 18 años, con o sin experiencia futbolística. Las interesadas pueden inscribirse en el Centro LIBRE más cercano o en www.mundial-libres.mujeres.gob.mx, presentando CURP, carta compromiso y certificado médico de una institución de salud pública. A través de esta competencia, la Secretaría de las Mujeres propicia el encuentro de mujeres de todo el país en cuatro etapas: estatal, regional, nacional y gran final. Los partidos arrancan en junio y la gran final está programada para el 25 de octubre de 2026. El equipo campeón asistirá a un partido de fútbol femenil profesional y recibirá un paquete vacacional en un destino nacional. El comité organizador, integrado por la Secretaría de las Mujeres y las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF), priorizará la representación de mujeres indígenas, afrodescendientes, de la diversidad sexual y otros sectores. En todos los partidos se privilegiará la participación de mujeres árbitras.
Investigaciones del Inmegen muestran que la obesidad es resultado de la interacción genética, ambiente y procesos biológicos. Estudios en población mexicana identifican variantes genéticas que aumentan la susceptibilidad a la obesidad cuando interactúan en un ambiente obesogénico. Cientos de variantes genéticas influyen en la susceptibilidad a desarrollar obesidad en la población mexicana, aunque por sí solas no determinan que una persona padezca esta enfermedad, explicó la investigadora emérita y líder del Laboratorio de Inmunogenómica y Enfermedades Metabólicas del Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen), Lorena Orozco. En entrevista, la especialista señaló que diversos estudios científicos en los que participan investigadoras e investigadores del Inmegen han demostrado que la obesidad es el resultado de una interacción compleja entre factores genéticos, el ambiente y distintos procesos biológicos reguladores. De acuerdo con la investigadora, en la población mexicana se han identificado numerosas variantes genéticas que afectan la función de genes relacionados con el metabolismo y la homeostasis energética. Aunque estas variantes no “causan” obesidad por sí mismas, sí influyen en procesos fisiológicos clave, como el almacenamiento de energía, la regulación del apetito y las respuestas inflamatorias. Muchas de estas variantes son compartidas con otras poblaciones del mundo; sin embargo, algunas son particulares de la población mexicana. La doctora Orozco explicó que, desde una perspectiva evolutiva, durante miles de años los pueblos originarios enfrentaron periodos prolongados de escasez alimentaria, lo que favoreció la selección de variantes en genes que promueven el ahorro de energía, conocidos como “genes ahorradores”. En la actualidad, estas variantes interactúan con un entorno obesogénico caracterizado por el acceso generalizado a alimentos ultraprocesados de alta densidad calórica, el sedentarismo y el estrés, factores que incrementan la probabilidad de desarrollar obesidad. En este contexto, las investigaciones del Inmegen también han profundizado en el estudio de la epigenómica, disciplina que analiza cómo los factores ambientales, como la alimentación, la actividad física o el estrés pueden modificar la forma en que los genes se activan o se silencian, sin alterar la secuencia del ADN. La especialista explicó que estos cambios epigenéticos pueden influir en procesos como la inflamación crónica de bajo grado y en la regulación hormonal, lo que impacta el metabolismo en órganos clave como el tejido adiposo, el hígado y el páncreas. Otra línea de investigación relevante es el análisis del microbioma intestinal, el conjunto de billones de microorganismos que habitan en el aparato digestivo y que desempeñan un papel fundamental en la regulación del metabolismo, la inflamación y las señales de saciedad. Cuando ocurre una alteración en este ecosistema microbiano —conocida como disbiosis— se produce un desbalance en el procesamiento de energía y en las respuestas inflamatorias que favorece el aumento de peso. La doctora Orozco subrayó que la susceptibilidad genética no significa que una persona esté destinada a desarrollar obesidad, ya que las variantes genéticas incrementan el riesgo, pero requieren la exposición a un ambiente obesogénico para que la enfermedad se manifieste. Finalmente, la investigadora emérita, Lorena Orozco, resaltó que el Inmegen desarrolla investigaciones que buscan comprender por qué la población mexicana presenta una mayor vulnerabilidad a esta enfermedad y cómo generar soluciones basadas en la medicina genómica.
Tiríndaro, Michoacán, marzo de 2026. En la Plaza Comunal de esta comunidad, en la que se congregaron 574 autoridades comunitarias, jefes de tenencia, comisariados de bienes comunales y ejidales de 121 comunidades P’urhépechas, así como 40 dependencias de gobierno, se llevó a cabo la sexta Asamblea Regional del Plan de Justicia del Pueblo P’urhépecha. En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en el que el Gobierno de México ha invertido 4 mil 319 mdp para atender las demandas de restitución territorial, rescate de culturas y lenguas, fortalecimiento del gobierno tradicional y acciones para el bienestar integral de las comunidades p’urhépechas. En su mensaje de bienvenida, el jefe de Tenencia de la Comunidad de Tiríndaro, Martín Juárez Gaspar, afirmó que este Plan de Justicia del Pueblo P´urhépecha es el instrumento vivo “que estamos construyendo juntos para cerrar las brechas de desigualdad que nos han afectado por más de 500 años”. Reconoció la coordinación de todos los niveles de gobierno y el acompañamiento para resolver sus legítimas demandas, enfatizando que, mediante el diálogo en cada una de las mesas de trabajo “se siembra la esperanza y sueños colectivos para el bienestar de nuestras comunidades”. En plenaria, las autoridades federales presentaron a las autoridades comunitarias los avances más destacados, entre ellos los trabajos para el rescate del lago de Pátzcuaro; el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en su Componente Indígena y Afromexicano con una inversión de 198 mdp; la entrega de equipo táctico y patrullas a 31 comunidades, la apertura de 11 Centros Libre para la atención de las mujeres purépechas y la inversión de 301 mdp en proyectos de medicina tradicional. Se resaltó también la apertura del Comedor Escolar de la Niñez Indígena en Cheranástico; la próxima apertura de 20 Casas Comunitarias de Lengua Indígena (CALI) con una inversión de 5.7 mdp; el inicio de la pavimentación de 24 caminos artesanales en 26 comunidades indígenas, con una meta de 68.74 km y una inversión de 446.81 mdp. Además, 4,250 mujeres artesanas recibieron apoyos del Programa ApoyArte de Financiera para el Bienestar, por 101.77 mdp; en 2026 arrancó la entrega de materiales para la construcción de las primeras 1,900 Estufas Eficientes de Leña y se tradujeron los trámites más frecuentes del portal gob.mx al p’urhépecha. La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación resaltó su papel en la articulación interinstitucional, acompañando el diálogo entre el Gobierno de México y las autoridades comunitarias e impulsando proyectos para el avance del conocimiento en colaboración con las comunidades, como la Red Nacional de Investigación sobre Lenguas Indígenas y la Red de Historias Locales, que buscan recuperar y preservar de la memoria de los pueblos y su riqueza lingüística. Reconoció el trabajo que realizan en este marco los Centros Públicos de Investigación como el Instituto de Ecología A.C. (INECOL), y el Colegio de Michoacán (COLMICH), además de la estrecha colaboración con el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICTI). La coordinadora del Plan de Justicia, Violeta Vázquez Rojas, inauguró la Sexta Asamblea y agradeció el acompañamiento de dependencias federales y estatales para dar seguimiento a los compromisos, a casi un año del inicio de esta iniciativa del Gobierno de México. Recordó que el plan fue inaugurado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el 5 de abril del año pasado en Cheranástico, y destacó que los acuerdos se han construido de manera colectiva en las 11 mesas de trabajo. Por su parte, el director general del INPI, Adelfo Regino Montes destacó que hoy hay una nueva forma de hacer gobierno, que ya no es desde las oficinas: “ahora estamos escuchando, dialogando, estamos construyendo de manera conjunta este Plan. Este Plan de Justicia sólo se explica porque hay un proceso de construcción colectiva”, afirmó. Finalmente, se acordó que la próxima Asamblea se llevará a cabo el próximo 10 de julio, en la región de la Sierra de la Meseta Púrhépecha.
La visita de Olimpia Coral Melo a Baja California, no fue una "pasarela" de cortesía; fue un recordatorio dirigido a la conciencia y, en la era de la hiperconectividad, una llamada de atención a quienes imparten justicia en nuestro país, porque sigue siendo analógica, lenta y, en demasiados casos, ciega. "Lo virtual es real" no es una frase vacía; es una acción que causa heridas profundas a miles de mujeres. La activista puso el dedo en una llaga que supura impunidad, pues tenemos leyes de vanguardia en el papel, pero instituciones de la edad de piedra en la práctica. Es inadmisible que, a más de cinco años de haberse tipificado la violencia digital en México y Baja California, las sentencias condenatorias brillen por su ausencia. El cuello de botella no está en la redacción de la ley, sino en la ineficacia de la impartición de justicia. Es aquí donde la Ley Daryela cobra una relevancia vital. Si la Ley Olimpia es el escudo contra el abuso en la pantalla, la Ley Daryela es la espada contra la negligencia institucional. Es fundamental que los funcionarios se capaciten y entiendan que un clic puede destruir una vida con la misma eficacia que un arma mata lentamente. En tanto la información no llegue a la conciencia, todo curso de capacitación solo será de “relleno” y no una reingeniería del pensamiento; así, la Ley Olimpia seguirá siendo un adorno más en el marco jurídico. No podemos hablar de avances cuando una mujer violentada digitalmente llega a denunciar y se topa con un funcionario que le pregunta: "¿Para qué se tomó la foto?". Esa revictimización es el verdadero algoritmo de la impunidad. La activista con claridad meridiana en el Teatro del Estado afirmó : “Las mujeres no denuncian porque el sistema no castiga al agresor, sino que sentencia a la víctima a la revictimización social”. Esa "cifra negra" de delitos no reportados no es apatía; es el miedo fundado a un sistema que prefiere cuestionar la moral de la denunciante en lugar de rastrear la huella digital del criminal. Sin embargo, en este panorama de sombras, hay destellos de congruencia legislativa que no pueden ignorarse. La labor de la diputada Michel Sánchez Allende ha sido fundamental para que el estado no se quede solo en la narrativa. Ha empujado la armonización de la Ley Olimpia con el fin de que se entienda que la violencia digital es el preludio de la tragedia física. La presidenta Claudia Sheinbaum sigue haciendo esfuerzos para combatir el machismo y la violencia en todas sus formas contra las mujeres. Por su parte, en Baja California, tanto la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda como la fiscal Ma. Elena Andrade Ramírez han hecho el esfuerzo institucional; sin embargo, Olimpia Melo denuncia que en la entidad, hay 300 mercados digitales de explotación sexual donde el 90 por ciento del contenido íntimo carece de consentimiento. La exigencia de justicia es el mecanismo que hoy obliga a las instituciones a tratar cada caso con una perspectiva de género obligatoria, castigando la omisión de aquellos funcionarios que, por prejuicio o pereza, dejan a las mujeres a merced de sus agresores. El desafío, no obstante, crece a pasos agigantados. La irrupción de los deepfakes permite fabricar infiernos sexuales sin necesidad de una imagen real. ¿Cómo vamos a combatir esta violencia algorítmica si en Baja California la tasa de judicialización en delitos contra la intimidad sexual es un insulto y menos del 3% de las carpetas llegan ante un juez? A este cóctel de impunidad se suma el cinismo de las grandes plataformas tecnológicas. Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum impulsa convenios para frenar la viralización del dolor, plataformas como “X” se niegan a colaborar. Este desplante de la red de Elon Musk no es libertad de expresión; es una complicidad lucrativa que deja a las bajacalifornianas solas frente a términos y condiciones dictados en el extranjero. No bastan los foros ni las fotos de sororidad en el Congreso. La verdadera eficacia de la Ley Olimpia y su éxito se medirán cuando una víctima entre a una fiscalía y encuentre peritos con el software necesario para actuar; cuando la Ley Daryela se aplique con rigor para sancionar al primer funcionario que se atreva a minimizar una amenaza digital y el Estado deje de ser vanguardista en el discurso para comenzar a serlo en las sentencias.
Por: Obed Silva Al concluir la semana se registraron dos hechos que colocaron de nuevo a Baja California en el ojo nacional. El primero fue la propuesta de la Presidenta Sheinbaum para que los excesos en el presupuesto del Congreso de Baja California sean destinados para aliviar necesidades de la gente pobre de San Quintín. En respuesta, la Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda manifestó estar de acuerdo con la Jefa del Ejecutivo Federal, mientras que el diputado Jaime Cantón justificó los privilegios de los miembros del Congreso diciendo que son una herencia del prianismo. El joven diputado tiene razón ya que la dinámica de incrementar el presupuesto del Poder Legislativo surgió en 1998 cuando el Pan perdió la mayoría en el Congreso y la oposición de entonces (Pri/Prd) acordó con Don Héctor Teran Terán (QEPD) incrementar el presupuesto del Poder Legislativo a cambio de mantener la gobernabilidad. Al paso del tiempo, el acuerdo entre gobierno y oposición se convirtió en el mecanismo de control político de los gobernadores panistas sobre todos los diputados, incluidos los del Pan. Lo que olvida el diputado Cantón es que los morenistas son “los actores del cambio verdadero” y él en lugar de acabar con los privilegios del pasado, los defiende. El segundo hecho que pone a Baja California en el ojo nacional es una sentencia de la sala regional de Guadalajara del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial de la Federación que ordena sancionar a Netzahualcóyotl Jáuregui Santillán, Secretario de Bienestar del Estado. La sentencia dentro del expediente SG-JG 9/2026, es producto de una denuncia que presentó el Pri por actos anticipados de precampaña llevados a cabo en 2024 por el actual servidor público y procesada por el tenaz abogado Joel Blas Ramos. La sentencia de la sala regional dice que el priista pudo demostrar actos anticipados de precampaña al poder acreditar “la existencia de equivalentes funcionales de llamado al voto (propaganda electoral) y que las manifestaciones denunciadas trascendieron al conocimiento de la ciudadanía al haberse difundido”. De ésta forma, el citado tribunal sostiene que puede haber actos anticipados de precampaña aunque algún aspirante a candidato no haga “uso de las palabras sacramentales vota, rechaza o cualquier derivado o relacionado de estas”. En el análisis que hizo la sala regional del TEPJF, concluye que la coincidencia de las ideas en los mensajes plasmados en bardas, transporte público, redes sociales, medios de comunicación, anuncios en espectaculares y entrevistas, atribuibles a la persona (Netza) que hizo autopromoción para obtener la candidatura de Morena a presidente municipal de Mexicali en 2024, constituyeron en conjunto “acciones equivalentes funcionales de llamado al voto”. Cabe destacar que la sentencia del Tribunal se emitió en el momento que Morena convocó a la elección de quien “defenderá” a la 4T en el Estado, dando continuidad a los actos anticipados de precampaña que desde hace varios meses realizan cinco hombres y cinco mujeres militantes de ese partido. La sentencia dictada, es la primera emitida en contra de un destacado miembro del gabinete de nuestra Gobernadora, por lo que sienta un precedente en el ámbito nacional y abre la rendija por donde podrían colarse más denuncias por actos anticipados de precampaña que ejecutan varios servidores públicos miembros de Morena. *NOMAS POR JODER:* Trascendió, que existe una pasarela ante ricos empresarios de Tijuana por dónde caminan quienes buscan la candidatura de Morena a la gubernatura. ¿El poder del dinero seguirá marcando la pauta a los gobiernos morenistas?
Uno de los principales perpetradores tiene el control del brazo terrorista del régimen iraní, dijo el Comité Judío Estadounidense sobre Ahmad Vahidi, quien ha estado vinculado durante mucho tiempo al ataque terrorista contra el centro comunitario judío. Más de tres décadas después del atentado de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), un centro comunitario judío en Buenos Aires, los fiscales argentinos buscan procesar a 10 sospechosos, incluido Ahmad Vahidi, quien fue recientemente nombrado nuevo líder del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. El fiscal federal Sebastián Basso solicitó los procesamientos, según informó el _Buenos Aires Herald_ el 5 de marzo, en relación con el atentado que mató a 85 personas e hirió a más de 300 el 18 de julio de 1994. El ataque sigue siendo el incidente terrorista más mortífero en la historia de Argentina. Los investigadores argentinos concluyeron que el atentado fue perpetrado por el grupo terrorista libanés Hezbolá, respaldado por Irán, con el apoyo y la dirección del gobierno iraní. Entre los sospechosos se encuentra Vahidi, quien se desempeñó como comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán en 1994. Las autoridades argentinas afirman que desempeñó un papel en la planificación del ataque, y sigue siendo objeto de una notificación roja de Interpol emitida a solicitud de Argentina. Los 10 sospechosos —siete iraníes y tres ciudadanos libaneses— han sido considerados prófugos durante mucho tiempo. Argentina ha emitido órdenes de arresto internacionales y ha solicitado su extradición de Irán y Líbano, pero ninguno ha sido entregado para ser juzgado. Basso dijo que espera celebrar un juicio “en ausencia lo antes posible, y mostrar a la sociedad las pruebas reunidas por el Estado argentino durante los últimos treinta años”. El Comité Judío Americano (AJC) declaró que Vahidi “ha sido ampliamente identificado como una de las figuras clave detrás del ataque terrorista más mortífero contra judíos hasta el 7 de octubre”. “Desde ese atroz ataque terrorista de 1994, el AJC ha pedido justicia para las 85 personas asesinadas. Ahora, uno de los principales perpetradores tiene el control del brazo terrorista del régimen iraní”, afirmó el grupo. El AJC advirtió que las actividades terroristas de Irán “han llevado al asesinato de civiles inocentes desde Buenos Aires hasta Europa y en todo el Medio Oriente”. “Recordamos a las víctimas de la AMIA, seguimos buscando justicia para ellas y reafirmamos la necesidad urgente de que la comunidad internacional confronte la campaña de terror en curso del régimen”, afirmó el grupo.
15 de marzo de 2026.- En México es urgente que la protección ambiental garantice el reparto justo de los beneficios y la reparación de daños históricos, especialmente hacia quienes dependen directamente de los ecosistemas, es decir los Pueblos y Comunidades Indígenas. Hoy, el reto y la oportunidad son claros: las transiciones ecológicas y productivas sólo podrán ser exitosas si se construyen sobre justicia, equidad y el respeto irrestricto a los derechos de los Pueblos Indígenas y comunidades locales. La Federación Indígena Empresarial y Comunidades Locales de México (CIELO), concluyó lo anterior en el marco de un par de encuentros convocados con agrupaciones indígenas de cerca de diez estados de la república en los estados de Morelos y de Puebla. Dichos encuentros fueron: Territorio, Derechos y Pueblos Indígenas, Transición Justa Hacia Nuevos Modelos de Responsabilidad Empresarial en Tlayacapan, Morelos, así como La Transición Justa, Derechos Indígenas y Distribución de Beneficios en el Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla. CIELO estableció que, si bien el término "Transición Justa" surge con mayor fuerza en ámbitos climáticos y laborales, su importancia crece en la implementación del Convenio sobre la Diversidad Biológica, siendo uno de los ejemplos más claros el Objetivo 3, que estipula la "participación justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos". Lo anterior, añadió el organismo, introduce una dimensión de Justicia Distributiva esencial en cualquier proceso de transición justa, lo que impulsa a fomentar economías más limpias e inclusivas, “asegurando que nadie se quede atrás”, en la labor por “descarbonizar” la economía, promover la protección de empleos y comunidades, así como a una distribución equitativa de beneficios. Cabe decir que en el encuentro celebrado en Puebla se tuvo la participaron de las diputadas locales Esther Martínez Romano, presidenta de la Comisión de Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas, así como de Beatriz Manrique Guevara, presidenta de la comisión de Medio Ambiente, además de Xanath Rojas Mora, acompañante en diversos momentos del movimiento indígena en la sierra nororiental de dicha entidad. El presidente de CIELO, Cecilio Solís Librado, expresó que de acuerdo con el informe "Transición Justa y Empleo Verde en el marco de la protección de la biodiversidad en América Latina y el Caribe", en 2021 la región generó 64 millones de empleos directa o indirectamente ligados a la biodiversidad y los bienes naturales. El marco internacional, añadió, otorga un papel destacado a los derechos de los Pueblos Indígenas, ya que el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169) de la Organización Internacional del Trabajo, reconoce el derecho a la participación activa en proyectos de conservación, energía limpia, transición energética y mercados de carbono, así como a la propiedad y control sobre tierras, territorios y recursos. Otra pieza fundamental del andamiaje internacional es el Protocolo de Nagoya (2010), que implementa los principios de justicia y equidad en el uso de recursos genéticos, incluyendo beneficios monetarios y no monetarios, y subrayando los derechos de los Pueblos Indígenas y comunidades locales. Asimismo, el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal enfatiza principios como la participación plena e informada de los Pueblos Indígenas y comunidades locales, el respeto a los derechos humanos y la equidad intergeneracional. En el ámbito climático, el Acuerdo de París (2015) marca la primera inclusión del concepto de Transición Justa en su preámbulo, subrayando la importancia de crear empleo decente y de calidad durante la transición hacia economías sostenibles. La Declaración de Solidaridad y Transición Justa de Silesia, adoptada en la COP24, y el Programa de Trabajo de Transición Justa (JTWP) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), consolidan diálogos y mesas redondas ministeriales para definir caminos inclusivos y equitativos de transición justa a nivel global. Finalmente, el avance hacia un Mecanismo de Transición Justa emergida de la COP30 de la CMNUCC, representa finalmente un hito en la institucionalización de este enfoque, consolidando la cooperación internacional y el respeto a los derechos de los sectores más vulnerables en la acción climática, entre ellos los custodios y guardianes de la biodiversidad, los pueblos indígenas.
La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Distrito Metropolitano, y la Secretaría de Seguridad del Pueblo ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Tatiana “N”, como presunta responsable del delito de amenazas, cometida en agravio de una persona del sexo femenino de identidad reservada, por hechos ocurridos el 13 de julio de 2025 en Tuxtla Gutiérrez. De acuerdo con los hechos, la inculpada estuvo enviando mensajes de amenazas a la víctima a través de la red social Instagram. La indiciada fue puesta a disposición del órgano jurisdiccional, quien resolverá su situación jurídica. La Fiscalía General del Estado refrenda su firme compromiso con las y los chiapanecos para garantizar Cero Impunidad.
A doce meses del suceso que conmocionó a la comunidad, el caso de Alana Pérez permanece como una herida abierta y un recordatorio de los retos que enfrenta el sistema de justicia. Hoy, familiares, amigos y colectivos se reúnen para honrar su memoria y exigir avances concretos en las investigaciones que, a un año de distancia, parecen haber entrado en una etapa de silencio procesal. Durante este primer aniversario, las consignas no han cambiado: transparencia y celeridad. A pesar de los esfuerzos iniciales y la atención mediática que recibió el caso en sus primeras semanas, el entorno de Alana denuncia que el proceso se ha visto obstaculizado por burocracia y una aparente falta de seguimiento en las líneas de investigación principales. "No estamos aquí solo para recordar lo que pasó, sino para asegurar que no se olvide que aún no hay respuestas definitivas", mencionaron representantes durante el acto conmemorativo. El impacto social del caso Alana Pérez ha trascendido lo local, convirtiéndose en un símbolo de la lucha contra la impunidad. Mientras las autoridades aseguran que el expediente sigue abierto y bajo revisión, la sociedad civil mantiene la guardia en redes sociales y espacios públicos, asegurando que el nombre de Alana siga presente hasta que se dicte una sentencia clara.
Santiago/Washington, D.C./Ginebra, 4 de marzo de 2026 (OPS/OMS)– La Organización Mundial de la Salud (OMS), junto con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), felicita a Chile por convertirse en el primer país de las Américas —y el segundo a nivel mundial— en ser oficialmente verificado por la eliminación de la lepra. La lepra (enfermedad de Hansen) fue registrada históricamente en Chile a fines del siglo XIX en Rapa Nui (Isla de Pascua). En el territorio continental, la enfermedad tuvo presencia limitada, con introducciones esporádicas que fueron contenidas mediante medidas de aislamiento y tratamiento en la isla, donde los últimos casos secundarios fueron manejados hacia fines de la década de 1990. Desde entonces, Chile no ha notificado ningún caso autóctono de lepra durante más de 30 años; el último se detectó en 1993. Sin embargo, la enfermedad nunca fue retirada de la agenda de salud pública del país. Se mantuvo como condición de notificación obligatoria, bajo vigilancia mediante reporte mandatorio, sistemas integrados de vigilancia y preparación clínica continua en todo el sistema de salud. “Este logro histórico en salud pública es una poderosa demostración de lo que pueden alcanzar el liderazgo, la ciencia y la solidaridad”, señaló el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS. “La eliminación de la lepra en Chile envía un mensaje claro al mundo: con compromiso sostenido, servicios de salud inclusivos, estrategias integradas de salud pública, detección temprana y acceso universal a la atención, podemos dejar atrás enfermedades ancestrales”. La verificación reconoce más de tres décadas de acción sostenida en salud pública, vigilancia robusta, compromiso político de largo plazo y un sistema de salud que se mantuvo alerta incluso en ausencia de transmisión local. “El logro de Chile demuestra que eliminar la lepra es posible y requiere construir sistemas de salud sólidos capaces de detectar, responder y brindar atención integral a las personas afectadas por la enfermedad, incluidas aquellas que viven con una discapacidad crónica”, afirmó el Director de la OPS, doctor Jarbas Barbosa. “Ser el primer país de las Américas en confirmar la eliminación de la lepra envía un mensaje poderoso a la Región: las enfermedades estrechamente vinculadas a poblaciones en situación de vulnerabilidad pueden eliminarse, contribuyendo a romper el círculo vicioso entre enfermedad y pobreza”, añadió. A solicitud del Ministerio de Salud de Chile, la OPS y la OMS convocaron en 2025 a un panel independiente de expertos para evaluar si la eliminación se había alcanzado y si podía sostenerse en el tiempo. El panel realizó una evaluación exhaustiva que incluyó el análisis de datos epidemiológicos, mecanismos de vigilancia, protocolos de manejo de casos y planes de sostenibilidad. Sus conclusiones confirmaron la ausencia de transmisión local y validaron la capacidad de Chile para detectar y responder a eventuales casos futuros en población no autóctona. “Esta es una gran noticia que nos llena de orgullo. Chile ha recibido la verificación de la eliminación de la lepra, siendo el primer país de las Américas y el segundo en el mundo en alcanzar este reconocimiento”, señaló la doctora Ximena Aguilera, ministra de Salud de Chile. “Este hito refleja décadas de trabajo sostenido en salud pública, con estrategias de prevención, diagnóstico oportuno, tratamiento efectivo y seguimiento continuo, junto al compromiso de los equipos de salud en todo el territorio. También reafirma nuestro deber de mantener una vigilancia activa y garantizar siempre un trato digno, sin estigmas ni discriminación”, subrayó. Capacitación, vigilancia y atención integral sostenidas en un contexto de baja incidencia Entre 2012 y 2023, Chile notificó 47 casos en todo el país, ninguno de ellos autóctono. El modelo integrado de Chile garantiza la detección temprana y la atención integral: los centros de atención primaria constituyen la puerta de entrada para los casos sospechosos, con derivaciones oportunas a servicios especializados de dermatología para diagnóstico, tratamiento y seguimiento. Los equipos clínicos reciben capacitación alineada con la estrategia de la OMS “Hacia cero lepra”. El sistema prioriza la intervención temprana, la prevención de discapacidades y la atención integral, incluyendo fisioterapia y servicios de rehabilitación, asegurando que cualquier persona afectada reciba apoyo continuo tanto para sus necesidades agudas como de largo plazo, promoviendo su recuperación plena e inclusión social. Un hito para la región de las Américas El logro de Chile abre camino para otros países, demostrando el impacto de la voluntad política, la colaboración intersectorial y la planificación adaptada a contextos de baja incidencia. Desde 1995, la OPS, en coordinación con la OMS, ha proporcionado gratuitamente la terapia multimedicamentosa (TMM) a los países de las Américas, incluido Chile. Este acceso ininterrumpido al tratamiento, junto con los sistemas nacionales de suministro, ha sido esencial para curar a los pacientes, prevenir discapacidades e interrumpir la transmisión. La OPS también ha apoyado a Chile en la alineación de la vigilancia con estándares internacionales, el fortalecimiento de la capacidad de laboratorio y el mantenimiento de la experiencia clínica en un contexto de baja incidencia, donde muchos profesionales de la salud pueden no encontrarse nunca con un caso a lo largo de su carrera. Garantizar acceso y cobertura para todas las personas La eliminación de la lepra en Chile se logró en el marco de un entorno jurídico y social más amplio que protege los derechos humanos, promueve la inclusión y previene la discriminación. La legislación nacional garantiza igualdad en el acceso a la atención de salud, la protección social y los servicios para personas con discapacidad, asegurando que quienes se vean afectados por la lepra reciban atención sin estigma ni exclusión. El sistema de salud mixto, público–privado, con sólida regulación estatal, fortalece además el acceso equitativo, incluyendo a personas migrantes y otras poblaciones en situación de vulnerabilidad. Sostener la eliminación En consonancia con la estrategia “Hacia cero lepra” de la OMS y la Iniciativa de Eliminación de Enfermedades de la OPS, la experiencia de Chile demuestra que la eliminación no se define únicamente por la ausencia de casos, sino por la existencia de un sistema de salud capaz de detectar, responder y brindar atención integral cada vez que aparezca un caso. En la fase posterior a la eliminación, se alienta a Chile a continuar notificando a la OMS, mantener una vigilancia sensible y asegurar que la experiencia clínica se preserve tanto para casos esporádicos futuros como para aquellos adquiridos fuera del país. El panel de verificación también recomendó designar formalmente un centro de referencia y aprovechar la capacitación en línea de la Academia de la OMS para trabajadores y personal de salud, fortaleciendo la capacidad y preparación a largo plazo. Lepra La lepra, también conocida como enfermedad de Hansen, es una enfermedad infecciosa crónica causada por la bacteria Mycobacterium leprae. Afecta principalmente la piel, los nervios periféricos, la mucosa del tracto respiratorio superior y los ojos. Si no se trata, puede provocar daño nervioso permanente, discapacidades y estigmatización social. Sin embargo, la lepra es completamente curable con terapia multimedicamentosa, y la detección temprana previene complicaciones. Como enfermedad tropical desatendida, la lepra persiste en más de 120 países, con más de 200.000 nuevos casos anuales en todo el mundo. La eliminación de la lepra se define como cero nuevos casos autóctonos durante al menos tres años consecutivos, tras haber interrumpido la transmisión durante al menos cinco años. La Iniciativa de Eliminación de Enfermedades de la OPS busca eliminar la lepra y otras enfermedades transmisibles y afecciones relacionadas en las Américas para 2030, mediante el fortalecimiento de la vigilancia, el acceso al tratamiento y la participación comunitaria. Enfermedades tropicales desatendidas Las enfermedades tropicales desatendidas constituyen un grupo diverso de 21 afecciones asociadas con graves consecuencias sanitarias, sociales y económicas. Afectan a mil millones de personas en el mundo y su carga recae principalmente en comunidades empobrecidas de zonas tropicales. Las metas de salud pública para el control, eliminación y erradicación de estas enfermedades están establecidas en la hoja de ruta sobre enfermedades tropicales desatendidas 2021–2030. Solo en 2025, nueve países fueron validados, verificados o certificados por la OMS por alcanzar estos objetivos. Con la verificación de la eliminación de la lepra, Chile se convierte en el país número 61 a nivel mundial y el sexto en las Américas en eliminar al menos una enfermedad tropical desatendida, junto con Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala y México. Chile es el segundo país del mundo, después del Reino Hachemita de Jordania, en lograr la eliminación de la lepra. La OPS, establecida en 1902, es la organización internacional de salud pública más antigua del mundo. Trabaja con sus países miembros para mejorar la salud y la calidad de vida de los pueblos de las Américas. Actúa como la Oficina Regional de la OMS para las Américas y es el organismo especializado en salud del Sistema Interamericano (OEA). Para más información acerca de la OPS y su trabajo, visite: www.paho.org Siga a la OPS en X, Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn.