Después de un mes de conflictos con Irán en Oriente medio, con la destrucción de las fábricas de misiles y el 92% de la capacidad bélica de Irán creo que al final se va a imponer USA y ya hay muestras claras del predominio bélico y sobretodo del manejo de medios norteamericano, el anuncio del secretario de guerra Pete Hegseth de LA GRAN NORTEAMÉRICA que abarcaría desde Groenlandia pasando por México y llegando hasta Cuba habla de un blindaje militar económico y comercial desde una visión si se quiere ver hasta patriarcal de USA pq no pidieron permiso y lo están anunciando y eso creo que es bueno para México y toda américa latina, es decir con estos acontecimientos y la firma de hace un mes de 17 países latinoamericanos, la captura de Maduro en Venezuela, la intervención pendiente de los países de corte socialista como Bolivia, Colombia, Nicaragua, Cuba y sobretodo México nos habla de una nueva configuración política y económica del continente Americano y por consiguiente del mundo, es la reinvención de la Doctrina Monroe a la nueva doctrina Donroe para decirle al mundo que "América es para los americanos", entendiendo como papa de América al tío Sam y por nuestra posición geografica no hay nada que hacer, ni podemos resistirnos ni llevar la contra a menos que seas tan pueril como nuestra presidenta Sheimbaum y no entiendas las señales a nivel mundial que a ella le indican que debe seguir apoyando al Che Guevara, de risa loca y de primaria. Mientras el mundo se debate con posicionamientos globales y avances tecnológicos de primer mundo, la Presidente de México se enorgullece de presentar una planta de embolsado de frijoles de los años 60s. Necesitamos un piloto de fórmula 1 y en lugar de eso tenemos un cochero de una diligencia tresvecijada del siglo 17, lo bueno es que México está querramos o no en los planes de Donald Trump y Marco Rubio y ellos ya tienen a su candidato para México y este será impuesto por así convenir a sus intereses y de paso y sin querer al llevar a cabo sus planes estarían arreglando los internos de México que son muchos, muy urgentes y muy variados. Al tiempo...
*Que Diosito nos agarre confesados y comulgados, ya se supo, los calderonistas están metiendo la "manota" en las próximas elecciones de chihuahuita, está bien claro: quieren "huesos carnudos"....Jordy Herrera, quien fue funcionario de primer nivel del calderonismo, .anda metido a fondo para fabricar el próximo Gobernador de Chihuahua. Quiere meter con "calzador" al actual Secretario de Gobierno, Santiago de la Peña. Esto es terrible porque con su grilla ya dividió al panismo y con esto echara abajo el trabajo realizado con mucha anticipación por los aspirantes del blanquiazul; por lo pronto, el famosito Jordy ya le lavó el cerebro a De la Peña con su estrategia de "divide y vencerás", pero por si el panismo chihuahuense desconoce la trayectoria del ex funcionario de PEMEX en el sexenio del "Hijo Desobediente", lean por piedad el libro de Lilia Arellano: "Chalecos Azules Manos Negras, ahí vienen las andanzas del también ex Secretario de Energía...la pregunta obligada es: ¿la Gobernadora Maru Campos estará enterada de la embestida o tolera las piedras que Jordy y su jefe de control político le están poniendo a la sucesión? BONILLA GRATIA APUD GUBERNATOREM EXCIDIT *De última hora, nuestra reportera estrella, "Concha", se enteró que ya se "calentó" la plaza en las filas blanquiazules chihuahuitas debido al grave enfrentamiento que hay entre los secretarios estatales Santiago de la Peña y Rafael Loera, quienes no se pueden ni ver; para colmo de males Marú anda enojada con Marco Bonilla, al grado que ya no está en su ánimo para la gubernatura...o sea, que del plato a la boca se le cayó la sopa al alcalde y su equipo, que andaban muy creciditos...ojalá que la Gober declare "non grato" a Jordy y lo regrese a la CDMX para evitar más complicaciones...¿Lo hará? MORENA AZCAPOTZALCO PERDET *Graves problemas tiene Nancy Marlene Núñez en Azcapotzalco, la Alcaldesa morenista, cercana a Clara Brugada, no ha podido "meter en cintura" a su maridito Gerardo Trejo, quien sin tener "oficialmente" ningún puesto en esa administración, por sus pistolas cobra mensualmente hasta 1 millón de pesos a 6 mil 120 comerciantes de vía pública, lo que anualmente le significan la friolera nada despreciable de 12 millones de pesos, y por si esto no bastara: es autoritario y tiene fama bien ganada de prepotente; para colmo de males, también forma parte de la Real Fuerza Aérea de Azcapotzalco: es "aviador" el muchacho...pero Marlén no se da por enterada y mucho menos le pone un alto, deja abusar a sus anchas al susodicho quien seguramente se sirvió a sus anchas con los cobros al sufrido comercio de vía pública durante la pasada Semana Santa....por cierto, ya le giré instrucciones a la justiciera"Conchita" para que tenga bien "vigiladas" a esas dos joyitas de Azcapotzalco...ojalá que doña Clara los ponga en su lugar antes de que Morena pierda la plaza en 2027. Urge que dé un "manotazo" en la mesa para que haya timón de mando en la demarcación. PLURA PECCATA PRAETORIS URBIS *Constantemente, la alcaldesa y su gobierno han sido denunciados por organizaciones de comerciantes, entre otras, el Comité Organizador del Partido del Comerciante Popular y Trabajador no Asalariado; *entre otras acusaciones, destacan: extorsión, robo de mercancía, agresiones verbales al personal de Vía Pública y abuso de poder. Pero aún hay más: *También, la ciudadanía pidió su REVOCACIÓN de mandato por "ineficiencia" y la no instalación de mesas de diálogo para solucionar problemas; recientemente, en este 2026, sin decir agua va, destituyó a funcionarios, entre ellos a Azucena Narváez, su Directora de Gobierno y Jurídico; pero ahí no para esto, en 2025 la alcaldía pagó medio millón de pesos en la compra de tamales, lo que provocó críticas por mal empleo de recursos públicos....con estas cartas de presentación hasta el más santo pierde una elección, alerta Morena.....
Contiene grupos bacterianos desbalanceados, algunos aumentados y otros disminuidos, dijo Cuauhtémoc Licona Cassani quien con Marion Brunck y su equipo científico llevan a cabo un estudio en la materia Cuando las madres presentan sobrepeso u obesidad, la composición de la leche materna cambia; este alimento es un líquido biológico altamente cargado de nutrientes, de mensajes inmunológicos que muestran la salud de ellas, aseguró el investigador del Instituto de Biotecnología (IBt), Cuauhtémoc Licona Cassani. Junto con Marion Brunck -inmunóloga quien analiza con su equipo en el Instituto de Investigaciones Biomédicas las células inmunes de la leche materna- elaboraron un estudio clínico con mamás sanas, con obesidad y sobrepeso, al igual que con sus bebés de quienes tomaron muestras de su leche y del copro en tres momentos: Durante las primeras horas posteriores al parto, al primer y tercer mes de vida. La investigación se llevó a cabo en un hospital de alta especialidad de Nuevo León. “Hay varias etapas de la leche materna, y el calostro -que se da dentro de las primeras 48 o 72 horas después del parto- es el primer mensaje que recibe el tracto gastrointestinal de un neonato. Al estudiar el calostro observamos que las mamás con obesidad o sobrepeso tienen reducidos ciertos grupos bacterianos”, explicó el integrante del Departamento de Ingeniería Celular y Biocatálisis del IBt. Algunos se conocen como “primeros colonizadores” y son importantes porque ayudan a preparar el tracto digestivo para que, cuando cambie la leche materna, lleguen otras bacterias como los lactobacilos, entre otros microorganismos benéficos. Si no hay una buena cantidad, el terreno no se prepara de manera adecuada y ello perjudica la colonización secundaria de aquellas que conocemos como benéficas; eso puede tener consecuencias que afecten la salud del neonato. “Eso es justo lo que nosotros estamos tratando de entender”, subrayó el experto universitario. En principio -prosiguió- estudiaron los componentes del calostro y los cuantificaron, a fin de ver cuáles tienen más presencia: bacterias, oligosacáridos humanos, metabolitos, compuestos que están libres, secreciones de las bacterias o de células humanas y citocinas que son mensajes inmunológicos, entre otros. Luego efectuaron correlaciones de cuáles de estos y en qué cantidad se encontraban en el calostro de las mamás con obesidad, y lo compararon con el de aquellas con índice de masa corporal y composición adiposa considerados como “normal”. Con muestras de las copro de los bebés observaron lo que pasa en su tracto gastrointestinal cuando toman leche materna “desbalanceada”. Si pudiéramos sacar fotografías de la colonización del tracto gastrointestinal de un neonato en condiciones sanas, veríamos que ciertos grupos bacterianos llegan en determinadas cantidades y tiempo, y que esta trayectoria de colonización se rompe drásticamente en quienes tienen obesidad, detalló. El especialista en Análisis de Diversidad Genética, Metabólica y Microbiana de Ambientes con Aplicaciones Biotecnológicas, añadió: Los primeros colonizadores son microorganismos que pertenecen al filum de Bacillota, especialmente Enterobacteriaceae, Staphylococcus y Streptococcus, entre otros, los cuales son importantes porque consumen el oxígeno elevado en el tracto gastrointestinal con el objetivo de preparar el terreno para las siguientes bacterias “buenas”. Expuso que diversos trabajos muestran que el tracto digestivo es determinante para el desarrollo del sistema inmunológico, y se sabe que los descendientes de mamás con diabetes gestacional, al ser adultos, tienen un porcentaje más elevado de padecer desbalances metabólicos, obesidad y diabetes. Licona Cassani mencionó que la lactancia materna sigue siendo la mejor opción para gozar de buena salud, ya que contiene bacteria y una multitud de factores nutricionales e inmunológicos. Los lineamientos de salud en México y los de la Organización Mundial de la Salud son claros: es esencial que la lactancia sea exclusiva los primeros seis meses, remarcó.
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) conoció el informe que rindió la Secretaría Ejecutiva relativo a las organizaciones de la ciudadanía que presentaron solicitud de registro para constituirse como partidos políticos nacionales en el periodo 2025–2026. De acuerdo con el informe, durante este proceso se presentaron 91 notificaciones de intención, de las cuales 2 fueron extemporáneas. De las 89 recibidas en tiempo y forma, 82 resultaron procedentes y 7 no procedentes. Posteriormente, se registraron 31 desistimientos, por lo que finalmente 5 organizaciones de la ciudadanía presentaron su solicitud formal de registro en febrero de 2026 ante el INE. Las organizaciones que presentaron solicitud de registro son: • Interacción y Empatía para Todos, A.C. (Partido Interacción Empática) • Construyendo Sociedades de Paz, A.C. (Partido PAZ) • México Tiene Vida, A.C. (México Tiene Vida) • Personas Sumando en 2025, A.C. (Somos México) • Agrupación Política Nacional Que Siga la Democracia (Que Siga la Democracia) El INE, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, será responsable de verificar el cumplimiento de los requisitos y del procedimiento de constitución establecidos en la legislación electoral, así como de formular el proyecto de dictamen correspondiente para su resolución por parte del Consejo General. Entre los requisitos que deben acreditar las organizaciones solicitantes se encuentran: contar con documentos básicos; acreditar un número mínimo de personas afiliadas equivalente al 0.26 % del Padrón Electoral federal (256,030 personas para este proceso); y demostrar la celebración de asambleas en al menos 20 entidades federativas o 200 distritos electorales, entre otros. A partir de la sesión del Consejo General celebrada este día, inicia el cómputo del plazo de 60 días hábiles para resolver sobre las solicitudes de registro, el cual transcurrirá del 31 de marzo al 25 de junio de 2026. En caso de resultar procedente el registro, éste surtirá efectos a partir del 1 de julio de 2026. El Instituto Nacional Electoral reitera su compromiso de conducir este proceso con apego a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, garantizando condiciones equitativas y transparentes para todas las organizaciones participantes. El INE garantiza que el proceso de constitución de nuevos partidos políticos se realice con estricto apego a la ley, fortaleciendo la vida democrática del país mediante reglas claras, procedimientos verificables y decisiones fundadas en criterios técnicos y objetivos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizó diversas reformas relacionadas con la organización y funcionamiento de los poderes judiciales locales en distintas entidades del país. Al respecto, el Máximo Tribunal concluyó que, si bien los estados cuentan con un margen para adecuar su normativa, este debe ejercerse en concordancia con las bases previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el caso del estado de Nayarit, la Suprema Corte determinó la validez del artículo 84, fracción IV, párrafo segundo de la Constitución Política local, que incrementa de dos a tres el número máximo de postulaciones para personas juzgadoras. No obstante, invalidó el mecanismo de evaluación y aprobación de candidaturas a través de un Comité Estatal de Evaluación único, al considerar que contraviene el modelo de la Constitución Política Federal, que exige que cada poder cuente con su propio comité de evaluación. En ese sentido, se invalidaron por ser parte del mismo sistema normativo, diversas disposiciones que remiten al Comité único. Además, el Pleno reconoció la omisión del Congreso local de incorporar la insaculación y paridad de género, conforme los cuales cada Poder, según el cargo, debe integrar listas de entre seis y diez personas. Con relación al estado de Durango, la SCJN reconoció la validez de las normas que establecen la duración (3 años) y el mecanismo de designación (por la totalidad en pleno) de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia. Sin embargo, invalidó las disposiciones que fijaban nueve años como duración del cargo para personas magistradas y tres años el de la Presidencia del Tribunal de Disciplina Judicial, ya que el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que deben durar seis años y dos años, respectivamente. De igual forma, se invalidó la norma que fija que las sesiones de dicho tribunal serían privadas y excepcionalmente públicas. Para el caso del estado de Guerrero, el Pleno validó normas de la Constitución del Estado que establecen el mecanismo de insaculación como solución para resolver empates, al considerar que existe libertad configurativa para regular este aspecto. Mientras que, invalidó la forma de elegir internamente por única ocasión para 2027 la Presidencia del Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial, pues resulta contraria al modelo federal. Además, validó la norma que establece que las personas magistradas no pueden percibir una remuneración mayor a la correspondiente a la persona titular del poder ejecutivo estatal porque cada entidad federativa puede establecer su límite, siempre que se garantice que esta no exceda de la remuneración que percibe la persona titular del Poder Ejecutivo Federal. Con estas decisiones, la SCJN reitera que, aunque los estados pueden diseñar sus propios modelos judiciales, deben hacerlo siempre en apego a los principios y reglas previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Acciones de Inconstitucionalidad 92/2025, 97/2025 y su acumulada 102/2025, así como 98/2025 y su acumulada 106/2025. Resueltas en sesión de Pleno el 23 de marzo de 2026.
Una persona impugnó las decisiones del Tribunal Electoral de la Ciudad de México relacionadas con los proyectos del presupuesto participativo en la Alcaldía Miguel Hidalgo. El Tribunal local había señalado que, antes de acudir a la autoridad jurisdiccional, debía agotarse un procedimiento de aclaración ante la propia Alcaldía. Al analizar el caso, la Sala Regional Ciudad de México determinó que esto no es correcto, ya que ese procedimiento de revisión solo es aplicable a quienes propusieron los proyectos, cuando estos fueron considerados “no viables”, pero no a la ciudadanía en general que cuestiona la viabilidad de los proyectos que se someterán a consulta. Por ello, la Sala resolvió que el Tribunal local debía analizar directamente el caso, sin enviarlo a otra instancia. En consecuencia, se dejaron sin efectos las decisiones impugnadas y todos los actos posteriores. ¿Qué significa esta decisión para la ciudadanía? Esta resolución garantiza que la ciudadanía, habitante de la unidad territorial específica, pueda acudir directamente a los tribunales electorales para cuestionar la idoneidad de los proyectos y, con ello, asegurar el ejercicio efectivo del derecho a participar en la consulta del presupuesto participativo. Sala Regional Ciudad de México revoca acuerdos del Tribunal local sobre presupuesto participativo en Miguel Hidalgo La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el juicio de la ciudadanía SCM-JDC-38/2026, promovido para controvertir los acuerdos del Tribunal Electoral de la Ciudad de México que reencauzó los medios de impugnación al Órgano Dictaminador de la Alcaldía Miguel Hidalgo, relacionados con el presupuesto participativo 2026 y 2027. En el caso, el Tribunal local determinó que las impugnaciones eran improcedentes al no cumplir con el principio de definitividad, por lo que ordenó remitir los escritos al procedimiento de aclaración previsto en la convocatoria. Al analizar el asunto, la Sala Regional consideró que el Tribunal local sí era competente para conocer directamente de la controversia y no debió reencauzar los medios de impugnación. La Sala explicó que el procedimiento de aclaración previsto en la convocatoria únicamente está dirigido a las personas proponentes de los proyectos dictaminados como no viables, la cual no debe ser agotada por la ciudadanía habitante de la Unidad Territorial correspondiente que busca cuestionar los dictámenes positivos. Asimismo, señaló que el Tribunal local no podía crear una instancia previa obligatoria, ni ampliar los supuestos de impugnación fuera de lo previsto en la normativa, bajo el argumento de suplir deficiencias. En ese sentido, la Sala determinó que no existe una instancia previa que debiera agotarse en este caso. Finalmente, precisó que aun cuando el Órgano Dictaminador hubiera iniciado el procedimiento de aclaración o incluso emitido un nuevo dictamen, ello no impide resolver el fondo del asunto, pues la controversia se centra en la indebida actuación del Tribunal local. En consecuencia, la Sala Regional revocó los acuerdos impugnados y, en vía de consecuencia, todos los actos derivados de estos.
Por: Redacción Reporte México 05 de Abril, 2026 CIUDAD DE MÉXICO. — En un mensaje que ha encendido las alarmas entre organismos civiles y defensores de derechos humanos, el senador Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), arremetió contra el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), calificando su reciente informe sobre México como "inaceptable, tendencioso e injerencista". Las declaraciones del legislador surgen tras la decisión del Comité de la ONU de solicitar que su reporte sobre la crisis de desapariciones en territorio mexicano sea remitido con urgencia a la Asamblea General de las Naciones Unidas, debido a la gravedad y persistencia de la problemática en el país. El ataque a la fiscalización internacional Mediante un comunicado oficial del Senado de México, Mier acusó al organismo internacional de mantener un "silencio cómplice" ante conflictos bélicos en Gaza, Ucrania y Líbano, utilizando estos escenarios para descalificar el escrutinio sobre la situación interna de México. "La ONU emite informes con una miopía alarmante... Menos retórica tendenciosa y más coherencia con la paz mundial", publicó el senador, sugiriendo que la ONU no tiene autoridad moral para señalar las fallas del Estado mexicano. Un sesgo hacia el autoritarismo Analistas y críticos señalan que la postura de Mier no es solo una defensa política, sino una señal peligrosa de una visión totalitaria. Al calificar de "injerencia" un informe de un comité al que México pertenece voluntariamente por tratado internacional, el senador parece proponer un Estado que no rinde cuentas a nadie, ni siquiera ante las evidencias de una crisis que supera las 100,000 personas desaparecidas. El uso de conflictos internacionales para desviar la atención de las fosas comunes y la impunidad en México es visto por colectivos de búsqueda como una falta de respeto a las víctimas. El dato ignorado Mientras el senador pide "seriedad", el informe de la ONU —que él tilda de tendencioso— se basa en datos recabados en territorio mexicano que apuntan a una impunidad estructural de entre el 94% y 98% en los casos de desaparición. El intento de silenciar la crítica internacional bajo el argumento de la soberanía es una táctica histórica de regímenes que buscan evadir el control de los derechos humanos, alejando a México de la transparencia democrática y acercándolo a un aislamiento institucional preocupante.
Ginebra (17 de mayo de 2022) - Las 100,000 desapariciones registradas oficialmente en México son una muestra del prolongado patrón de impunidad en el país y de la tragedia que sigue ocurriendo cada día, advirtieron expertas y expertos en derechos humanos de la ONU. El Comité contra la Desaparición Forzada (CED por sus siglas en inglés) y el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias expresaron hoy su profunda preocupación por el creciente número que alberga el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas de México. Las y los expertos emitieron la siguiente declaración: “Más de 100,000 personas desaparecidas registradas oficialmente en México es una tragedia desgarradora. La cifra habla por sí sola y es una advertencia inequívoca. El Comité contra la Desaparición Forzada y el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias están profundamente preocupados por esta terrible situación. También notamos que, en muchos casos, las desapariciones no se denuncian, por lo que la magnitud de esta tragedia puede incluso ir más allá de lo que actualmente se registra. Tanto el Comité como el Grupo de Trabajo han visitado México para examinar las desapariciones forzadas en el país. Como destacó el Comité en su informe tras su visita a México en noviembre de 2021, “La desaparición de personas en México es un problema de todos: de la sociedad en su conjunto y de toda la humanidad” Estas 100,000 personas registradas como desaparecidas no son las únicas víctimas: sus familiares y personas allegadas también sufren. Todos son víctimas. Con profundo dolor nos enteramos de esta cifra confirmada el día de hoy. A pesar de todos los esfuerzos realizados por las víctimas, sus allegados y las organizaciones que las acompañan, así como por algunas autoridades del Estado, las desapariciones continúan ocurriendo a diario en México, reflejando un patrón crónico de impunidad. Cuando el Grupo de Trabajo visitó México en 2011, las cifras oficiales mostraban más de 5,000 personas reportadas como “desaparecidas” o “ausentes” en ese año. Al 26 de noviembre de 2021, último día de la visita del CED a México, 95,000 personas estaban oficialmente registradas como desaparecidas. De ellas, más de 100 desapariciones habrían tenido lugar durante la visita de 16 días del Comité. Diez años después del informe del informe del Grupo de Trabajo y su posterior informe de seguimiento, y unas semanas después de la adopción del informe de visita del Comité, los dos mecanismos especializados de las Naciones Unidas se unen para resaltar la urgencia de prevenir y erradicar las desapariciones y combatir la casi total impunidad que persiste en este flagelo. Reiteramos nuestra total solidaridad con las víctimas, familiares y organizaciones que las acompañan. Urgimos a México a implementar las recomendaciones contenidas en nuestros respectivos informes para cumplir con sus obligaciones internacionales y atender prioritariamente las demandas de las decenas de miles de familiares y amigos de personas desaparecidas en el país.”
GINEBRA (12 de abril de 2022) – Servidores públicos y el crimen organizado son responsables del creciente número de desapariciones forzadas en México, dijo el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU en sus hallazgos publicados hoy. El Comité instó a acciones inmediatas para acabar con la impunidad absoluta y a una política nacional para prevenir esta tragedia humana. “La delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones en México, con diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos”, dijo el Comité en un informe que concluyó la visita de su delegación* a México en noviembre. “Los Estados parte son responsables de las desapariciones forzadas cometidas por los servidores públicos, pero también pueden ser responsables de las desapariciones cometidas por organizaciones criminales”, subrayó el Comité. El informe detalla las tendencias recientes, las causas fundamentales y los desafíos actuales de las desapariciones forzadas. Había 95,121 personas registradas como desaparecidas al 26 de noviembre. De esas, se agregaron 112 desapariciones durante la visita del Comité. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, hubo 8.000 casos nuevos cada año en los últimos cinco años**. El Comité destacó la importancia del Registro Nacional, que da una idea de la magnitud de las desapariciones en México. “Las desapariciones siguen afectando principalmente a hombres de entre 15 y 40 años. No obstante, las cifras oficiales muestran un aumento notable de las desapariciones de niños y niñas a partir de los 12 años, así como de adolescentes y mujeres, tendencia que se agudizó en el contexto de la pandemia de la enfermedad por coronavirus”, constató el Comité. “Víctimas y autoridades también reportaron desapariciones que tenían por objetivo la trata y explotación sexual”. El Comité mostró preocupación por la situación de los defensores de los derechos humanos, algunos de los cuales han sido desaparecidos por su participación en búsquedas y lucha contra las desapariciones. También mostró preocupación por las desapariciones de más de 30 periodistas entre 2003 y 2021, ninguno de los cuales ha sido localizado. Durante la visita, el Comité también escuchó alegaciones de desapariciones ocurridas en prisiones y centros de migración. El Comité tomó nota de los obstáculos que impiden a las personas privadas de libertad contactarse con el exterior e informar sobre su paradero. El Comité también recibió alegaciones de que a los migrantes detenidos ilegalmente en lugares desconocidos los perpetradores les quitaron los celulares y luego les exigieron dinero a las familias, a veces con el apoyo o la aquiescencia de servidores públicos. El Comité encontró que la alarmante tendencia al aumento de las desapariciones forzadas fue facilitada por la impunidad casi absoluta. Hasta noviembre del año pasado, solo un porcentaje muy pequeño de los casos de desaparición, entre el 2 y el 6 por ciento, habían resultado en procesos penales, y solo se habían dictado 36 condenas en casos a nivel nacional. “La impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro y causa zozobra a las víctimas, a quienes defienden y promueven sus derechos, a los servidores públicos que buscan a las personas desaparecidas e investigan sus casos y a la sociedad en su conjunto”, dijo el Comité. El Comité también expresó su profunda preocupación por la crisis forense que enfrenta el país. Según datos públicos, más de 52,000 personas fallecidas no identificadas se encuentran en fosas comunes, instalaciones de los servicios forenses, universidades y centros de custodia y almacenamiento forense. Además, el Comité tomó nota de que, a pesar de los avances institucionales y legales, el Plan Nacional de Búsqueda no se ha implementado para llevar a cabo búsquedas e investigaciones. En sus recomendaciones, el Comité identificó medidas que el Estado parte debería tomar para implementar una política nacional para prevenir y erradicar las desapariciones forzadas. El Comité urgió a México a fortalecer los procesos de búsqueda e investigación, brindar apoyo humano y financiero adecuado a la Comisión Nacional de Búsqueda y a las comisiones locales, y asegurar la coordinación sistemática y efectiva de todas las instituciones involucradas en el proceso de búsqueda, investigación, reparación y acompañamiento a las víctimas. El Comité también hizo un llamado a México para que elimine los obstáculos en la persecución penal, preste la debida atención a las desapariciones de migrantes y aborde la crisis forense en el contexto de una Política Nacional para la prevención y erradicación de las desapariciones forzadas. “Para que en México la desaparición deje de ser el paradigma del crimen perfecto, la prevención debe ser el centro de la política nacional para la prevención y erradicación de las desapariciones forzadas”, concluyó el Comité. “La desaparición forzada en México es un problema de todos: de la sociedad en su conjunto y de toda la humanidad”. El Comité reitera su compromiso inquebrantable de apoyar los procesos desarrollados para prevenir y erradicar esta tragedia humana. * Una delegación de cuatro miembros del CED visitó México del 15 al 26 de noviembre de 2021, de conformidad con el artículo 33 de la Convención. La delegación visitó 13 estados, sostuvo reuniones con más de 85 instituciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como con organismos autónomos, se reunió con cientos de víctimas y decenas de organizaciones de la sociedad civil.
GINEBRA – El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) ha decidido solicitar al Secretario General de las Naciones Unidas que remita urgentemente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General de las Naciones Unidas para que esta considere medidas destinadas a apoyar al Estado Parte en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen. En su decisión, publicada hoy en virtud del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el Comité concluyó que la información que ha recibido parece contener indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, basándose en su evaluación de que se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y en diferentes partes del país. El procedimiento de carácter preventivo tiene por objeto movilizar la atención y el apoyo internacionales, más no de establecer la responsabilidad penal individual. En virtud del artículo 34 de la Convención, el Comité no actúa como una comisión de investigación y no está obligado a llegar a una conclusión fáctica. Sin embargo, debe determinar, sobre la base de indicios bien fundados, si ha recibido información detallada y precisa de una fuente fidedigna de que han ocurrido hechos que caen dentro de su competencia. Su decisión se basa en la información presentada por la sociedad civil, la respuesta del Estado Parte en septiembre de 2025 a su solicitud de información sobre la situación, y la información recopilada por el Comité desde 2012, entre otras cosas a través de exámenes periódicos, su visita al país en 2021 y las solicitudes de acción urgente presentadas por las víctimas. El Comité también ha tomado nota de la información presentada por el Estado Parte y la sociedad civil tras la adopción de su decisión. En vista de lo anterior, si bien toma nota de que la «guerra contra las drogas» a nivel nacional en México ha contribuido a las condiciones en las que se han producido tales ataques a nivel local, el Comité subrayó que no encontró pruebas de una política a nivel federal para cometer desapariciones forzadas —ya sea mediante acción deliberada u omisión deliberada— en el sentido del Estatuto de Roma. El Comité también subrayó que ni la Convención ni el Estatuto de Roma exigen que tales ataques se produzcan en todo el territorio de un país, o que se originen en los más altos niveles del Gobierno, para que se consideren crímenes de lesa humanidad. A este respecto, el Comité tomó nota de la postura de México de que muchas desapariciones en el país son perpetradas por grupos delictivos y no por agentes del Estado y, por lo tanto, no deben clasificarse como desapariciones forzadas con arreglo al artículo 2 de la Convención. Sin embargo, el Comité destacó que, en algunos de los casos denunciados, ha recibido información fundamentada que apuntaba a la participación directa de funcionarios públicos, o a su autorización, apoyo o aquiescencia. Además, subrayó que, a la luz del artículo 5 de la Convención y del artículo 7 del Estatuto de Roma, del que México también es Estado Parte, las desapariciones forzadas como crimen de lesa humanidad también pueden ser cometidas por una «organización», incluidos ciertos actores no estatales organizados, cuando «formen parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra la población civil». «El derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las más altas esferas del Gobierno. Lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil», afirmó Juan Albán-Alencastro, presidente del Comité. En cuanto a la magnitud de la crisis en todo México, el Comité señaló que, si bien el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Desaparecidas contiene casos de «personas desaparecidas», aún no ofrece una imagen clara de cuántos de los casos registrados podrían corresponder a desapariciones forzadas. No obstante, la magnitud de los casos registrados pone de relieve la gravedad de la situación. El Comité también citó el continuo hallazgo de fosas clandestinas en el país, estimando que se han encontrado más de 4.500 fosas, que contienen más de 6.200 cadáveres y 4.600 restos humanos, además de unos 72.000 restos humanos no identificados. En general, el Comité advirtió que, a pesar de las medidas adoptadas desde su visita al país en 2021, la situación no ha mostrado una mejora sustancial, según los datos oficiales y públicos disponibles. Las autoridades siguen desbordadas por la magnitud de la crisis, y siguen siendo urgentemente necesarias reformas estructurales para prevenir las desapariciones y garantizar la rendición de cuentas. Por lo tanto, basándose en toda la información disponible, el Comité tomó la medida excepcional, en virtud del artículo 34, de señalar la situación en México a la atención de la Asamblea General, solicitándole que considere la posibilidad de adoptar medidas para proporcionar la cooperación técnica, el apoyo financiero y la asistencia especializada que el país requiere para la operaciones de búsqueda, análisis forense e investigación exhaustiva de las desapariciones forzadas y de los vínculos entre funcionarios públicos y el crimen organizado. Asimismo, pidió que se estableciera un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad y prestar asistencia y protección a las familias, las organizaciones y los defensores que buscan a los desaparecidos. «El Comité reafirma su compromiso de seguir cooperando con México a través de sus distintos procedimientos. El procedimiento previsto en el artículo 34 tiene por objeto facilitar una cooperación y un apoyo oportunos para que el Estado Parte pueda reforzar su respuesta, proteger a las víctimas y a sus familias, y evitar que la situación se deteriore aún más», declaró Albán-Alencastro.
La diputada Irma Juan Carlos (Morena) plantea adicionar el Código Penal Federal A fin de sancionar de cuatro a ocho años de prisión y multa de 400 a mil días a quien, utilizando imágenes de otras personas, las manipule digitalmente mediante inteligencia artificial (IA) u otras herramientas informáticas para alterarlas, la diputada Irma Juan Carlos (Morena) busca adicionar un párrafo al artículo 199 Septies del Código Penal Federal. La iniciativa, enviada a la Comisión de Justicia, sugiere incorporar disposiciones que sancionen de manera específica y ejemplar a quienes manipulen imágenes de otras personas para hacerlas parecer desnudas o involucradas en actividades sexuales explícitas, y las distribuya, comercialice o almacene con conocimiento del hecho. Hace mención que, si bien México ha avanzado en la lucha contra la violencia digital con medidas como la Ley Olimpia, es evidente que estas no son suficientes para abarcar todas las formas de violencia facilitadas por tecnologías emergentes como la inteligencia artificial. Por ello, se pretende cerrar esta brecha normativa al incluir como delito la manipulación de imágenes con fines sexuales, equiparando su penalidad con las sanciones establecidas para quienes soliciten o distribuyan contenido sexual explícito de menores o personas vulnerables. La diputada Irma Juan Carlos argumenta que la reforma es necesaria para garantizar que el orden jurídico responda adecuadamente a las realidades actuales, y se envíe un mensaje claro de rechazo a estas prácticas y proporcione justicia a las víctimas. Relata que en los últimos años se ha presenciado un incremento alarmante en el uso indebido de tecnologías digitales para atentar contra la integridad, privacidad y dignidad de las personas, en particular de mujeres y menores de edad. Menciona que una de las prácticas más preocupantes es la alteración de imágenes de personas mediante herramientas de inteligencia artificial o software de edición, por lo que se debe legislar para que dichas conductas sean reconocidas y castigadas con severidad, de modo que se protejan los derechos fundamentales. Puntualiza que la proliferación de casos de manipulación de imágenes personales mediante inteligencia artificial o herramientas digitales pone en evidencia una grave laguna jurídica que permite que estas conductas permanezcan impunes. “En un contexto donde el uso indebido de estas tecnologías afecta principalmente a mujeres, menores de edad y otros grupos vulnerables, es fundamental fortalecer el marco legal para garantizar la protección de sus derechos a la privacidad, dignidad e integridad personal”, añade.
Forman parte del Programa Nacional de Infraestructura Carretera 2025- 2030 que tiene como meta construir 135 caminos artesanales en beneficio de 11 estados ● Las infraestructuras se llevan a cabo, tanto en la zona de la Montaña como en la Sierra guerrerense con mano de obra local Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | 03 de abril de 2026 | Comunicado Caminos artesanales El Programa de Caminos Artesanales en Guerrero avanza en beneficio de las comunidades que más lo necesitan. El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informa que el Programa de Caminos Artesanales en Guerrero avanza en beneficio de las comunidades que más lo necesitan. Al momento se han concluido 51 caminos artesanales de un total de 83 que se tienen programados en la entidad. Las 32 obras restantes están a punto de finalizar. Estas labores se realizan en áreas de difícil acceso con el apoyo de los habitantes de la región, lo que implica el empleo de mano de obra local, tanto de mujeres como de hombres. En la zona de la Montaña hay 46 caminos artesanales concluidos y 25 que están en proceso, mientras que, en la Sierra, cinco ya están terminados y siete se encuentran en desarrollo. Estas obras de infraestructura, que se llevan a cabo en Guerrero, forman parte del Programa Nacional de Infraestructura Carretera 2025-2030 que contempla la construcción de 135 caminos artesanales en los estados de Guerrero, Oaxaca, Durango, Chiapas, Nayarit, Sonora, Jalisco, Veracruz, Puebla, Colima y Zacatecas. El objetivo es construir 432 kilómetros de caminos artesanales con una inversión de 3 mil millones de pesos. Los trabajos se realizan en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, bajo el esquema de colaboración comunitaria. Con estas acciones, la SICT refrenda su compromiso de generar empleos locales, mejorar los accesos para las comunidades de la zona de la Montaña y de la Sierra de Guerrero y de esta manera atender el rezago social, así como fortalecer la economía regional.