CIUDAD DE MÉXICO.– Con la firme consigna de erradicar la impunidad y proteger a las mujeres en todo el territorio nacional, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó y envió al Congreso de la Unión una histórica iniciativa de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio. Esta iniciativa busca homologar la tipificación del delito, los protocolos de investigación y las sanciones en los 32 estados de la República Mexicana, asegurando que todas las fiscalías actúen bajo los mismos estándares de rigor y con perspectiva de género. "Esta ley general garantiza que todo eso pueda disminuirse al máximo y que realmente tengamos cero impunidad frente a los feminicidios", puntualizó la Jefa del Ejecutivo Federal durante su conferencia matutina "Las mañaneras del pueblo". Cárcel de por vida y cero tolerancia La propuesta de ley, detallada por la consejera jurídica Luisa María Alcalde Luján, establece un castigo severo de 50 a 70 años de prisión para quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Además, se contemplan las siguientes medidas implacables para los culpables: Pérdida de derechos: Perderán derechos sucesorios, la patria potestad, tutela y custodia de los hijos. Inhabilitación de funcionarios: Destitución inmediata de cualquier cargo público. Sin beneficios penales: Se prohíben las reducciones de pena, amnistías, conmutación de condenas o criterios de oportunidad. Imprescriptibilidad: El delito, su sanción y la reparación del daño nunca caducarán con el tiempo. Agravantes que aumentan la condena La ley define 19 agravantes que incrementarán la pena en una mitad (pudiendo superar los 100 años en la práctica) si: La víctima estaba embarazada o vivía con alguna discapacidad. La víctima era periodista, defensora de derechos humanos o migrante. Se presentan signos de violencia extrema, como ataques con ácido o sustancias inflamables. El delito fue cometido por un funcionario público. Investigación blindada y protección a víctimas Por su parte, Maribel Bojorges Beltrán, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, y la subsecretaria Ingrid Gómez Saracibar, explicaron los ejes de atención integral que incluye esta ley: Investigación obligatoria: Evitar que los feminicidios sean catalogados erróneamente como suicidios, obligando a realizar análisis de contexto de violencia desde el primer momento. Protección a la infancia: Creación del Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio para asegurar su bienestar, educación y apoyo integral. Derechos de las víctimas indirectas: Acceso gratuito a asistencia jurídica especializada, atención médica y psicológica de urgencia, traducción y la entrega digna y asistida de los cuerpos. Con esta iniciativa, el Gobierno de México —apoyado en su red nacional de mil Centros LIBRES, 85 Centros de Justicia y refugios— busca cerrar el paso a los vacíos legales y garantizar justicia expedita para las mujeres y sus familias en todo el país.
El diputado federal por el Partido Acción Nacional, César I. Damián Retes, solicitó formalmente a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, separarse temporalmente de su cargo para enfrentar las investigaciones en su contra. El legislador advirtió que, en caso de que la mandataria estatal no atienda la petición ciudadana de solicitar licencia al Congreso local, promoverá de manera inmediata un recurso de juicio político desde la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión. La exigencia legislativa surge tras la difusión de recientes grabaciones que, según el diputado, comprometen la seguridad nacional y constituyen una entrega irregular de información a agencias gubernamentales de los Estados Unidos sin la debida coordinación con el Ejecutivo Federal. Bajo este contexto, el representante panista urgió también a la gobernadora a renunciar a la presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para evitar que datos institucionales sensibles sigan siendo vulnerados durante el proceso de investigación. Finalmente, el legislador señaló que el actual panorama político ha desencadenado una severa crisis institucional que afecta de manera directa la seguridad de las familias bajacalifornianas. Manifestó que el retiro de visados estadounidenses a diversos funcionarios de la administración estatal y la presunta colusión de actores políticos locales en redes de extorsión comercial configuran un escenario crítico que requiere una intervención jurídica inmediata para restablecer la gobernabilidad en el estado.
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.– En un posicionamiento conjunto, el Consejo Coordinador Empresarial de Baja California (CCE BC) y el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California (CCSP BC) demandaron formalmente el esclarecimiento definitivo del homicidio de la maestra Minerva Pérez Castro, quien fuera presidenta de CANAINPESCA en el estado. A dos años de ocurrido el ataque en Ensenada, los organismos empresariales y ciudadanos señalaron que la falta de respuestas contundentes mantiene el caso como una asignatura pendiente en materia de procuración de justicia en la entidad. Un reclamo de unidad institucional El pronunciamiento del sector privado y de los representantes ciudadanos enfatiza que este llamado representa un mensaje de unidad y un acto de solidaridad tanto con la familia de la empresaria como con los integrantes del sector pesquero y acuícola de Baja California. Los representantes del CCE BC y del CCSP BC manifestaron que mientras no se cuente con una investigación robusta, presuntos responsables procesados y una sentencia firme por parte del Poder Judicial, el crimen continuará impactando negativamente la percepción de seguridad y el desarrollo de la comunidad. Exigencia de prontitud y coordinación Ante este escenario, se emitió una solicitud formal dirigida a las autoridades encargadas de la investigación para que agilicen los trabajos con prontitud y bajo un esquema de total coordinación institucional. El objetivo principal planteado por las cúpulas del estado es avanzar en las indagatorias para lograr la plena identificación, detención y procesamiento judicial de quienes resulten responsables del homicidio, estableciendo un precedente que prevenga la repetición de hechos violentos contra los sectores productivos de la región.
Hay cerrazón de sus dirigencia nacional y estatal de Guanajuato. La reciente "estampida" de cuadros juveniles en León, Guanajuato, dejó a este partido político sin líderes combativos para el 2027 y 2030. Las causas que provocaron la profunda caída que tiene a Acción Nacional al borde de que se lo lleve la "huesuda", son diversas, multifactoriales, pero por cuestión de espacio, no citaré todas las renuncias de los líderes juveniles que acaban de abandonar sus filas en León; de estas, hubo una que le llegó al corazón y llamó bastante la atención de El Monje, la del jóven dirigente Salvador Toledo, quien fue Director del IMJU, Capacitador y Secretario Estatal de Acción Juvenil. NUNTIUS AD GEORGIUM ROMERUM En su misiva realista dirigida a Jorge Romero y al CDE panista, quien militó por 16 años en el blanquiazul, sostuvo que renunció al PAN porque ese partido abandonó todas las causas; no hay una verdadera lucha social; mucho menos se está luchando contra el autoritarismo, y se están réplicando las mismas prácticas en Guanajuato. DESAPARECUNT ORGANISMI AUTONOMI Lamentó también que en GTO estén desapareciendo organismo autónomos, que se vulnera su Sistema Judicial colocando personas cercanas al PAN estatal. Ellos, los dirigentes, acusó, tienen un tremendo "pavor" a sostener un diálogo crítico con las personas que piensan diferente; este pavor ha llevado al PAN a las peores prácticas y al uso faccioso de los instrumentos del Estado para perseguir opositores políticos. En su pronunciamiento, Salvador Toledo le recriminó al PAN que haya dejado de promover la esperanza y ahora, solamente, "promueve el miedo"....al final de su mensaje el hora ex panista, instó a los guanajuatenses a no olvidar que aunque el "pacto social está rotó", hoy tienen una oportunidad de oro porque éste es el momento preciso para recomponerlo: "colocando las agendas y las causas ciudadanas de todas y de todos en el centro de las decisiones"; hoy, arengó el jóven dirigente renunciante a la ciudadanía: tenemos la oportunidad de cambiar la manera en que se hace política: siendo valientes, escuchando nuestras conciencias, y viviendo de frente ante el abismo y no parpadear.
Este artículo editorial critica la **insuficiente respuesta legal** ante el feminicidio de una joven en Guanajuato perpetrado por un menor de edad. Aunque el agresor fue condenado rápidamente, el texto denuncia que la **sentencia de tres años y medio** resulta desproporcionada frente a la gravedad del crimen cometido. El autor cuestiona la **Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes**, argumentando que su enfoque en la reinserción social prioriza los derechos del victimario sobre la seguridad de las mujeres. Se destaca una preocupante contradicción entre la **aplicación técnica de la ley** y la verdadera obtención de justicia para la familia de la víctima. En última instancia, la fuente advierte sobre un sistema que, al tratar con benevolencia crímenes atroces, perpetúa un estado de **impunidad legal y desamparo social**. Por: Equipo Editorial de Reporte México El municipio de León, Guanajuato, vuelve a ser el escenario de una tragedia que estremece, pero que también abre un debate urgente sobre los alcances y las limitaciones de nuestras leyes. Madeline Dhamar “N”, una joven con toda la vida por delante, fue asesinada por asfixia mecánica en la colonia Nuevo Amanecer. ¿El culpable? Un adolescente de iniciales U. Á. D. H., quien ya ha sido sentenciado formalmente. Hasta aquí, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato puede colgarse la medalla de una "resolución rápida" a través de un procedimiento abreviado. El agresor aceptó su culpa, se evitó un juicio largo y la sentencia quedó firme de inmediato. Sin embargo, es el contenido de esa sentencia lo que genera una profunda indignación y un amargo sabor a impunidad en la sociedad: tres años y seis meses de internamiento. Tres años y medio a cambio de una vida arrebatada con extrema violencia. El vacío de la Ley de Justicia para Adolescentes Para el ciudadano común, esta condena parece una burla frente a la gravedad de un feminicidio. Sin embargo, los jueces y fiscales tienen las manos atadas por la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Esta legislación, de corte garantista, prioriza la "reinserción social" y la "justicia restaurativa" sobre el castigo punitivo cuando se trata de menores de edad, limitando estrictamente los tiempos de reclusión sin importar la brutalidad del crimen. Esto nos obliga a plantearnos preguntas incómodas pero necesarias: ¿Está el sistema preparado para rehabilitar en solo 42 meses a un adolescente capaz de cometer un feminicidio por asfixia? ¿Garantiza esta ley la seguridad de las mujeres cuando estos agresores cumplan la mayoría de edad y regresen a las calles? ¿Sigue siendo justificable proteger el anonimato y la libertad a corto plazo de un criminal argumentando únicamente su fecha de nacimiento? Perspectiva de género en el papel, deuda en la realidad La autoridad estatal celebra que el caso se juzgó con "perspectiva de género". Y aunque es rescatable que la ciencia forense y el Ministerio Público acreditaran el delito como feminicidio y no como un homicidio simple, la realidad es que la perspectiva de género no sirve de nada si no viene acompañada de una justicia proporcional para la víctima y su familia. El caso de Madeline Dhamar no es un hecho aislado; es el síntoma de una descomposición social donde la violencia de género más radical está alcanzando a las nuevas generaciones a edades cada vez más tempranas. Mientras las leyes mexicanas sigan tratando con guantes de seda a menores que cometen crímenes de adultos, la justicia penal seguirá en deuda con las mujeres. Hoy, un adolescente pasará una corta temporada en un centro especializado; mañana saldrá libre. Mientras tanto, la familia de Madeline cargará con una sentencia de dolor que durará toda la vida. ¿Justicia? No. Solo el estricto e indolente cumplimiento de un papelito llamado ley.
La Fiscalía General de la República (FGR), aportó los datos de prueba para conseguir vinculación a proceso en contra de Juan "N" y Ramón "N", por su posible participación en un delito contra la salud en la modalidad de transporte de clorhidrato de cocaína, al ser detenidos junto con una tonelada 302 kilogramos 317 gramos de este narcótico. Además, el Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el CERESO de Acapulco, Guerrero, así como cuatro meses de plazo para la investigación complementaria. Estas personas fueron detenidas derivado de trabajos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, a través de elementos de la Secretaría de Marina (Marina), al realizar sus recorridos en la comunidad Arroyo Seco, municipio de Petatlán, Guerrero, sobre una embarcación encallada, con tres motores fuera de borda, sin ningún tipo de identificación. Al realizar una inspección fue que localizaron la droga distribuida en mil 296 paquetes, por lo que fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial, realizando las maniobras para trasladar la embarcación y el narcótico a la Octava Región Naval en Acapulco. A las personas mencionadas en este comunicado se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.
Onorio Tomás Juárez y María Juana Ramírez conquistaron el 21K en la espectacular Barranca de Sinforosa, poniendo el broche de oro a uno de los eventos de trail running más importantes de México. El Ultra Maratón de los Cañones 2026 llegó a su emocionante cierre en el Pueblo Mágico de Guachochi con la tradicional carrera de 21 kilómetros, disputada en el espectacular escenario natural de la Barranca de Sinforosa, donde corredores rarámuri reafirmaron su dominio en una de las competencias de trail running más emblemáticas de México. En la rama varonil, el triunfo fue para el corredor rarámuri Onorio Tomás Juárez, originario de la comunidad de Tatahuichi, municipio de Guachochi, quien cruzó la meta con un tiempo de 1:12:31, consolidándose como el ganador de la distancia. Por su parte, María Juana Ramírez, de la comunidad de Hormigueros, Guachochi, conquistó el primer lugar de la rama femenil al detener el cronómetro en 1:30:28. La atleta forma parte de una de las familias más destacadas del atletismo rarámuri: es hermana de la reconocida corredora Lorena Ramírez, mientras que su hermano Antonio Ramírez se proclamó campeón de la exigente prueba de 100 kilómetros durante la jornada del sábado. El segundo lugar de la rama varonil correspondió a Feliciano Roberto Contreras Romero, de la comunidad de Setepachi, Guachochi, con un tiempo de 1:16:03, seguido por Daniel Muni Chaparro, originario de Guadalupe y Calvo, quien finalizó en tercer lugar con 1:16:23. En la categoría femenil, la segunda posición fue para María Isabel Vélez, de Torreón, Coahuila, con un registro de 1:31:50, mientras que Gabriela Cortez Ortiz, de Guachochi, completó el podio al detener el reloj en 1:34:49. Con esta competencia concluyó una edición más del Ultra Maratón de los Cañones, considerado uno de los eventos de ultra trail más importantes del país y una plataforma que proyecta a Chihuahua como la Cuna del Trail Running, gracias a la riqueza de sus escenarios naturales, la fortaleza de la cultura rarámuri y el creciente prestigio internacional de esta competencia. El evento forma parte del Festival Internacional de Turismo de Aventura (FITA) Chihuahua, programa que este 2026 celebra 30 años impulsando el turismo de naturaleza, aventura y deportes extremos, consolidando al estado como uno de los principales destinos para este segmento a nivel nacional e internacional. Para más información sobre este y otros eventos, se invita a consultar las redes sociales oficiales @TurismodeChihuahua y @fita.chihuahua
Reporte México JUCHITÁN DE ZARAGOZA, OAX.– Una serie de videos filtrados, obtenidos tras el decomiso de teléfonos celulares en recientes cateos, ha puesto al descubierto una presunta red de complicidad y corrupción institucional en la región del Istmo. Las evidencias videográficas muestran de forma explícita a elementos en activo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca (FGJEO) —presuntamente adscritos al Grupo de Fuerza Especial de Reacción Inmediata (FERI)— entregando armamento de alto poder a células delictivas que operan en esta ciudad. De acuerdo con el material exhibido por el periodista Ignacio Santiago, los metrajes documentan el momento en que al menos tres agentes ministeriales arriban a un domicilio a bordo de una camioneta oficial. En la grabación se escucha a los uniformados coordinar la entrega de un arma larga utilizando la clave "¿Trajimos el dulce?", para posteriormente advertirle al civil que recibe el fusil: "No se te vaya a salir un tiro, chavo. ¿Quieres practicar?". Asimismo, ante el temor de quedar registrados, uno de los elementos sugiere abiertamente destruir la evidencia: "¿Le tumbo la cámara? Si quieres le tumbo aunque sea una". Señalan complicidad del Gobierno Estatal La denuncia periodística apunta de manera directa al Gobernador del Estado, Salomón Jara Cruz, acusando a su administración de "patrocinar" y empoderar a estos grupos criminales desde el inicio de su gestión bajo la narrativa de la denominada "Primavera Oaxaqueña". Según el comunicador, este armamento y respaldo institucional han provocado que Juchitán se posicione en el quinto lugar de incidencia delictiva a nivel nacional, sumida en una ola incontrolable de homicidios, ejecuciones y cobro de piso. "Temo por mi vida y por la de mi familia, pero la pluma no se vende. El gobierno entregó Juchitán a los delincuentes y hoy lo estamos exhibiendo de frente", sentenció el periodista Ignacio Santiago al hacer un llamado a la ciudadanía a romper el silencio y exigir que la delincuencia de cuello blanco también sea investigada y castigada.
CIUDAD DE MÉXICO.– El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) presentó ante el Senado de la República el informe de la consulta nacional para expedir la nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Si bien el discurso oficial argumenta que se trata de un avance histórico en materia de justicia social, la propuesta ha encendido las alarmas entre juristas, analistas y ciudadanos, quienes advierten que este tipo de legislaciones fragmenta el orden constitucional, fomenta un trato segregatorio y abre la puerta a graves irregularidades legales. El principal cuestionamiento jurídico radica en la posible inconstitucionalidad de la norma. El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece con total claridad que todos los mexicanos somos iguales ante la ley. Al crear un marco jurídico exclusivo y de carácter "especial" para ciertos segmentos de la población, el Estado mexicano corre el riesgo de vulnerar el principio de igualdad universal, creando ciudadanos de primera y de segunda categoría en lugar de integrarlos plenamente bajo el mismo cobijo constitucional que rige a toda la nación. A esta contradicción jurídica se suman profundas lagunas operativas y de discriminación inversa, particularmente en la definición de la identidad. Actualmente, el marco legal se sostiene en el principio de "autoadscripción" —donde basta con que un individuo se declare perteneciente a una comunidad para ser reconocido como tal—. Esta ambigüedad ha provocado incontables irregularidades, como la suplantación de identidades por parte de actores políticos para acceder a candidaturas reservadas (cuotas). Lejos de dignificar, mantener a estas comunidades bajo leyes de excepción perpetúa un trato diferenciado y paternalista, aislando el desarrollo de los pueblos originarios de la dinámica económica y legal del México moderno.
La diputada Hernández García (MC) plantea cambios a la Ley General de Población La diputada Laura Hernández García (MC) propuso adicionar el artículo 93 Bis de la Ley General de Población, a fin de garantizar el derecho al reconocimiento de la identidad de género autopercibida en México. Mediante una iniciativa, turnada a la Comisión de Gobernación y Población, establece que toda persona inscrita en el Registro Nacional de Población tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género autopercibida, y a la rectificación de sus datos registrales, incluyendo nombre e identificador de sexo o género, según corresponda, conforme a dicha identidad, sin discriminación alguna. Dicho derecho podrá ejercerse mediante un procedimiento administrativo, confidencial, ágil, gratuito, expedito y sin la exigencia de requisitos médicos, psicológicos, quirúrgicos ni judiciales. El procedimiento será accesible para todas las personas, incluyendo niñas, niños y adolescentes, conforme a su desarrollo evolutivo y capacidad progresiva, atendiendo al principio del interés superior de la niñez. La Secretaría de Gobernación, a través del Registro Nacional de Población, coordinará con las autoridades registrales, consulares y administrativas correspondientes, la implementación de los mecanismos necesarios para garantizar la actualización de los datos registrales, incluyendo la Clave Única de Registro de Población y cualquier otro identificador derivado, señala. Agrega que la negativa injustificada, dilación o condicionamiento indebido en el reconocimiento de la identidad de género autopercibida será considerada como un acto de discriminación, en los términos de la legislación aplicable. En su exposición de motivos, menciona que el reconocimiento jurídico de la identidad de género autopercibida implica superar las estructuras cisnormativas y cissexistas que históricamente han limitado el derecho de las personas trans y no binarias a vivir conforme a su identidad. Por ello, el reconocimiento de identidades no binarias resulta indispensable para garantizar los principios de igualdad y no discriminación Refiere que de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género 2021, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 65.2 por ciento de las personas cuyo género es distinto a su sexo asignado al nacer, no se identifican como transgénero o transexuales, sino dentro de expresiones de género diversas, incluyendo no binarias, fluidas, queer, agénero, entre otras. Puntualiza que la adición de un artículo 93 Bis a la ley referida, se fundamenta en la necesidad de garantizar el derecho al reconocimiento de la identidad de género autopercibida en todo el país. Asimismo, contribuye a la construcción de un marco jurídico coherente y respetuoso de los derechos humanos, promoviendo la igualdad sustantiva y la no discriminación en los registros poblacionales. Además, incorporar el reconocimiento de la identidad de género autopercibida garantizará que los datos registrales reflejen con veracidad y respeto la identidad de todas las personas, en consonancia con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos, contribuyendo a eliminar las barreras estructurales que generan discriminación y exclusión. Hace notar que la regulación de un procedimiento administrativo, confidencial, accesible, gratuito y respetuoso de los derechos humanos, fortalecerá la seguridad jurídica y la protección efectiva de las personas trans y no binarias, en particular de aquellas que, debido a su edad, situación económica o lugar de residencia, enfrentan mayores obstáculos para el ejercicio de dicha garantía. “La aprobación de esta iniciativa representará un avance indispensable en la consolidación de un marco jurídico respetuoso de la dignidad, la autonomía y la diversidad de todas las personas que integran nuestra sociedad, así como de su proyecto de vida”, resalta.
PÁTZCUARO, MICH.– Como parte de las acciones estratégicas del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció una histórica inversión de 300 millones de pesos (mdp) a través del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para fortalecer el Turismo Comunitario en la región de Pátzcuaro. La mandataria federal destacó que el objetivo fundamental es transitar de los modelos tradicionales de grandes cadenas hoteleras y playas hacia un esquema enfocado en la historia, el origen y el desarrollo directo de los pueblos originarios. "Aportamos estos recursos para que se pueda mejorar la experiencia del visitante y las comunidades puedan vivir dignamente de esto; buscamos impulsar el turismo de la gente, no el de las grandes corporaciones", afirmó. El millonario fondo se destinará a un paquete integral de obras de infraestructura y rescate ambiental consensuado con los habitantes de la zona. Entre las principales acciones destacan la rehabilitación de los muelles de las islas de Pátzcuaro, el reforzamiento del muro y andadores en el panteón de la isla de Janitzio, la restauración del templo histórico de San Juan Bautista y la instalación de la primera señalética inteligente del país. Asimismo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ejecutará un plan de saneamiento integral para el Lago de Pátzcuaro que contempla la intervención de ocho plantas de tratamiento de aguas residuales, la construcción de colectores de drenaje y la modernización de la red de agua potable regional. De manera paralela a la obra pública, la Secretaría de Turismo (Sectur) y Fonatur iniciaron el equipamiento de colectivos locales y cocineras tradicionales mediante la entrega de ecotecnias, mobiliario y herramientas para salvaguardar las recetas ancestrales. Con el respaldo de un decreto presidencial reciente que eleva el Turismo Comunitario a actividad de interés público, las autoridades entregaron 86 distintivos oficiales en Michoacán y sumaron 40 experiencias locales a un programa de capacitación internacional respaldado por la UNESCO, fortaleciendo la competitividad de un sector que ya registra un crecimiento del 5 por ciento en la entidad.
Acusan red de corrupción y acoso laboral en la Fiscalía de Delitos Ambientales de la FGJCDMX. Cinco de julio de 2026.- Personal de la Fiscalía de Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana de la FGJCDMX denunció públicamente que la fiscal Mitzi León Gómez y su asistente particular, Carlos Flores Cruz, ejercen de manera sistemática actos de hostigamiento y acoso laboral en contra de los trabajadores, sin que la titular de la dependencia, Bertha Alcalde, intervenga para frenar estas conductas. Los afectados señalan que León Gómez incurre en presuntos actos de corrupción al lucrar con carpetas de investigación del área de despojos, exigiendo dinero a cambio de la devolución de inmuebles, lo que ya motivó denuncias de despachos jurídicos ante la Unidad de Asuntos Internos. Asimismo, critican el ausentismo de la fiscal, quien suele iniciar su jornada laboral después de las 13:00 horas y retirarse temprano los viernes hacia Oaxaca, habiendo faltado recientemente por una semana y media consecutiva. Por su parte, Carlos Flores Cruz, cuyo cargo oficial es agente del Ministerio Público, es acusado de usurpar funciones al realizar actividades de índole administrativa que no corresponden a su cargo ni figuran en el Manual Administrativo de la dependencia. De igual forma, se le atribuye un mal manejo en los reportes de incidencias, generando descuentos indebidos en las remuneraciones del personal, además de proferir agresiones verbales, insultos y humillaciones hacia los empleados. A pesar de la gravedad de la situación, las denuncias e inconformidades presentadas formalmente ante la oficina de la fiscal general Bertha Alcalde —un oficio enviado en mayo y una denuncia interpuesta en junio— han sido ignoradas, sin que se hayan iniciado investigaciones al respecto. Lejos de sancionar estas conductas, durante la actual administración se ha despedido a un gran número de empleados por manifestar su desacuerdo ante los tratos despóticos, debido a que León Gómez presuntamente cuenta con el respaldo de Alcalde Luján y de Emilio Iruegas, coordinador general de Investigación Estratégica.