Este artículo fue publicado originalmente en R3D Autor/a: R3D Licencia: Reutilizado bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 Jul 30, 2026 Después de cuatro años de litigio en búsqueda de obtener las versiones públicas de los contratos del spyware Pegasus, adquirido por la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito confirmó la sentencia que ampara a R3D contra el incumplimiento de entrega de los contratos celebrados en 2018 y 2019 con Comercializadora Antsua S.A. de C.V., relacionados a dicho sistema. El Tribunal Colegiado reconoció las consideraciones del Juez de Distrito en donde señala que ha transcurrido en exceso el plazo fijado para cumplir con la resolución vinculante, definitiva e inatacable del INAI, emitida en enero de 2023. En dicha resolución, el INAI revocó la respuesta en donde la Sedena alegaba la inexistencia de los contratos y ordenó entregar versiones públicas de la información. No obstante, la Sedena reservó en su totalidad los documentos y desacató la resolución del INAI, por lo que R3D interpuso una demanda de amparo, que fue concedida por el Juez Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México en 2024. El ejercicio ciudadano del derecho de acceso a la justicia por desclasificar estos documentos se remonta a 2022, cuando la investigación Ejército Espía demostró la existencia de al menos dos contrataciones (DN-10 SAIT-1975/P/2019 y DN-10 SAIT-1938/P/2018) para la adquisición del “Servicio de Monitoreo Remoto de Información”, por más de 140 millones de pesos, que habían sido previamente negadas por la Sedena en solicitudes de acceso a la información. En respuesta al amparo concedido por el Juez de Distrito en junio de 2024, la Sedena promovió un recurso de revisión para impugnar la sentencia, bajo argumentos procesales y la “imposibilidad de proporcionar versión pública sobre la información clasificada en su totalidad como reservada”. Por esa razón, el asunto fue estudiado por el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, que desestimó los argumentos de la Sedena por no atender a las consideraciones del Juez de Distrito relativos al incumplimiento de la resolución del INAI y la vulneración del derecho de acceso a la justicia y de acceso a la información de R3D. El Tribunal Colegiado retomó que el Pleno del INAI “advirtió información pública oficial relativa a los contratos de interés, la cual debe ser entregada” y que “no pueden argumentar que dicha información tiene el carácter de reservada o sostener alguna cuestión para impedir el acceso a la misma” después de que el órgano garante (INAI) ya resolvió al respecto. Por lo tanto, el Tribunal confirmó la sentencia que ordena a la Sedena cumplir la resolución del INAI. Este amparo confirma la importancia de transparentar la información sobre contratos de adquisición de tecnologías de vigilancia (spyware) por parte de las autoridades federales y estatales. R3D ha desarrollado recomendaciones técnicas para que México cuente con una regulación efectiva de los procesos de adquisición de equipos y sistemas de vigilancia, la cual contempla registro de proveedores, requisitos de inscripción y controles en los procesos de adquisición. Desde R3D, celebramos esta decisión del Poder Judicial en defensa de la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la justicia. Esperamos que esta decisión judicial ayude a la sociedad a esclarecer los abusos perpetrados para sancionar a los culpables, reparar el daño a las víctimas y establecer mecanismos regulatorios para la no repetición del espionaje ilegal. Firman
La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República solicitó a la Suprema Corte atraer cuatro revisiones extraordinarias promovidas por autoridades del gobierno de Enrique Peña Nieto para impugnar la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Décimo Noveno Circuito que ordenó la creación de la “Comisión para la Investigación y la Verdad en el Caso Iguala” en 2018. La Suprema Corte ejerció su facultad de atracción, abriendo la posibilidad de revisar los efectos de una resolución definitiva, poniendo en tensión el principio de cosa juzgada. Lejos de contribuir al esclarecimiento del caso, la atracción implica un nuevo retraso para el cumplimiento de una sentencia firme que reconoció la necesidad de contar con una investigación autónoma y con la participación activa de las víctimas. Ciudad de México, 7 de julio de 2026. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió ejercer su facultad de atracción, en la Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción (SEFA) 331/2026, respecto de cuatro amparos en revisión extraordinarios promovidos contra la sentencia emitida en mayo de 2018 por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, en los amparos en revisión 203/2017 y otros, abriendo así la posibilidad de revisar los efectos de una sentencia definitiva, lo que contraviene el principio de seguridad jurídica. La sentencia de 2018 constituye uno de los precedentes judiciales nacionales más relevantes del caso. Cabe recordar que el 4 de junio de 2018 el Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer la resolución del Tribunal Colegiado que ordenó reponer la investigación del caso Ayotzinapa ante las graves irregularidades detectadas, ordenando la creación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala (Comisión de Investigación), como un mecanismo extraordinario para garantizar una investigación independiente y efectiva. Entre otros aspectos, el fallo concluyó que la investigación que condujo a la llamada “verdad histórica” —la versión de que los jóvenes habrían sido privados de la vida y sus cuerpos calcinados en el basurero de Cocula— había estado afectada por violaciones graves a derechos humanos, incluida la práctica de tortura. El fallo también destacó que no se exploraron otras líneas de investigación que apuntaban a la participación del Ejército, ni se investigó adecuadamente la tortura denunciada; por el contrario, se privilegió el uso de pruebas que apoyaban la mencionada versión oficial. Los juicios de amparo de los que deriva la resolución fueron directamente iniciados por los acusados. Los padres y las madres de familia de los normalistas desaparecidos no fueron parte procesal y sus representantes no se apersonaron ni promovieron en el mismo. Por el contrario, uno de los efectos del amparo es que las familias de los estudiantes desaparecidos sean reconocidas como víctimas indirectas en los mismos, razón por la cual son parte ante los recursos atraídos el día de hoy. Lejos de dar cumplimiento a la sentencia, después de su publicación, diversas autoridades de la administración del entonces presidente Enrique Peña Nieto promovieron revisiones extraordinarias con el argumento de que debieronhaber sido llamadas al juicio. Aunque esos recursos fueron presentados desde 2018, permanecieron pendientes de trámite durante varios años y comenzaron a admitirse hasta octubre de 2025. En 2026, la actual Consejería Jurídica de la Presidencia de la República solicitó a la Suprema Corte atraer las cuatro revisiones extraordinarias, al argumentar que era necesario definir la viabilidad jurídica y material para cumplir la sentencia, al considerar que existía una imposibilidad para crear la Comisión para la Investigación y la Verdad, sosteniendo esencialmente los mismos argumentos presentados por la administración del Presidente Peña Nieto y que mantuvo el Presidente López Obrador en su momento. Lamentablemente, en sesión del Pleno y sin una discusión sobre las implicaciones, la Suprema Corte determinó por unanimidad atraer estos recursos extraordinarios. Previo a la votación, la Ministra Sara Irene Herrerías Guerra se excusó de conocer del asunto en tanto la investigación penal relacionada con el caso, depende de una Unidad Especial a cargo de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos de la que fue titular. Esta decisión permite reabrir la discusión sobre el alcance de una resolución firme que no sólo desmontó la versión de la llamada “verdad histórica” en sede judicial nacional, sino que abrió la oportunidad de crear un mecanismo de investigación extraordinario, con la participación de la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las víctimas. Adicionalmente, más allá de este caso, la decisión de atraer estos asuntos plantea serios cuestionamientos en materia de seguridad jurídica y cosa juzgada, pues permite revisar una sentencia definitiva dictada hace ocho años. Esta revisión extraordinaria no está prevista expresamente en la Constitución ni en la Ley de Amparo y, en los hechos, implica una revisión de una sentencia firme emitida en un amparo en revisión. Ello genera incertidumbre sobre la firmeza de las resoluciones judiciales y debilita la certeza que deben brindar las sentencias definitivas. A poco más de dos meses de que se cumplan 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes, el caso continúa sin ser plenamente esclarecido. En ese contexto, la decisión de la Suprema Corte difícilmente contribuirá a acelerar el acceso a la verdad y la justicia; por el contrario, prolonga la incertidumbre jurídica sobre una resolución relevante para el caso, a la vez que los obstáculos identificados en la investigación persisten, como la opacidad de las Fuerzas Armadas ante la negativa a entregar la información de inteligencia faltante y los pendientes en las extradiciones prioritarias, en particular la del entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal.
MÉRIDA, Yucatán — La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este sábado en el Centro de Convenciones Siglo XXI, en Mérida, un informe sobre la aplicación de Programas para el Bienestar que benefician a 781 mil 215 habitantes de Yucatán con un presupuesto superior a los 17 mil millones de pesos, como parte de la gira nacional “Honestidad y Resultados”. Durante la presentación del reporte estatal, la Jefa del Ejecutivo detalló la distribución de los apoyos sociales en la entidad. La Pensión para Adultos Mayores concentra 269 mil 857 beneficiarios, seguida de la Pensión Mujeres Bienestar con 62 mil 666 y la Pensión para Personas con Discapacidad con 40 mil 754 apoyos. En el sector agrícola y pesquero, el programa Producción para el Bienestar registra 35 mil 962 receptores, Fertilizantes Gratuitos suma 26 mil 426 e incentivos de Bienpesca llegan a 12 mil 398 personas. En materia educativa y laboral, los padrones registran 79 mil 932 alumnos con beca Benito Juárez, 13 mil 694 con beca de Educación Superior, mil 243 de nivel básico y 13 mil 208 vinculados a Jóvenes Construyendo el Futuro. A través del programa La Escuela es Nuestra se atiende a 997 planteles de educación básica y 100 de educación media superior, en conjunto con la estrategia de visitas domiciliarias Salud Casa por Casa. Respecto a la infraestructura médica, la mandataria anunció la contratación de 600 profesionales de la salud para el nuevo Hospital General “Dr. Agustín O’Horán” del IMSS Bienestar, así como la construcción de 244 nuevos consultorios del Servicio Universal de Salud entre octubre y diciembre del presente año. También confirmó la edificación de 29 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) del IMSS, la puesta en marcha de la UMF “Francisco de Montejo” y la UMF del ISSSTE en Tixkokob. En el rubro de obra pública y energía, el informe integró la construcción de la Línea de Carga del Tren Maya, mantenimiento de la Red Federal de Carreteras, dos plantas de Ciclo Combinado de la CFE y un proyecto de agua potable para la zona metropolitana de Mérida. En materia educativa superior, se contempla el desarrollo de la Universidad del Mar y un campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Kanasín. Para el sector vivienda, se proyecta el inicio de 72 mil 770 acciones del programa Viviendas para el Bienestar, la entrega de 6 mil escrituras y la reestructuración de créditos que abarca a 142 mil 500 familias. Asimismo, el plan incluye la asignación de recursos directos a comunidades indígenas y afromexicanas, junto a la edificación de 45 Centros LIBRE para mujeres. Por su parte, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, señaló la coordinación con la administración federal en proyectos como la modernización del Puerto de Progreso, el esquema de seguridad regional y el incremento en las metas locales de vivienda. La visita a Yucatán corresponde a la décimo sexta entidad dentro de la gira de la presidenta, la cual contempla concluir el próximo 27 de septiembre en la Ciudad de México.
CDMX, 14 de septiembre de 2026.- Las ocho organizaciones sociales que integran El Capítulo México de la Liga Internacional de la Lucha de los Pueblos, (ILPS por sus siglas en inglés), anunciaron la realización de un plantón indefinido a partir del 21 de septiembre frente a las instalaciones de la Secretaria de Gobernación en la capital del país, con el fin de exigir a su titular, Rosa Icela Rodríguez, una audiencia para que conozca sus diversas problemáticas, mismas que no han sido atendidas por las vías oficiales y convencionales. Asimismo, acusaron en conferencia de prensa que el gobierno de la Cuarta Transformación practica una “atención selectiva” que rechaza el derecho de recepción y atención que tienen las organizaciones que no le son afines o cómodas. A continuación, el comunicado de prensa presentado a los medios durante dicha conferencia A los medios de comunicación A las organizaciones sociales y sindicatos verdaderamente democráticos y del pueblo El Capítulo México de la Liga Internacional de la Lucha de los Pueblos, (ILPS por sus siglas en inglés) organización que como su nombre lo dice, es de carácter internacional con presencia en más de 40 países, entre ellos México; cuya militancia en este capítulo está integrada por los compañeros del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui MULT, de la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto, del Movimiento Ciudadano del Sur, del Frente de Colonos Urbano Popular 8 de Junio, del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras del Gobierno del Estado SITTGE, Comunidades Unidas de Matamoros CUMAT, el Frente Campesino y Popular de Chiapas FCPCH y la Coordinadora del Movimiento Amplio Popular CMAP; nos dirigimos a ustedes para informar que a pesar de nuestros intentos de sostener un diálogo con el Gobierno Federal, hemos encontrado atención omisa a los planteamientos de todas las organizaciones arriba mencionadas. Las organizaciones que militamos en este Capítulo México de la ILPS hemos buscado encontrar solución a las diferentes demandas de todos nuestros compañeros, las cuales van desde la necesidad de regularización de tierras hasta la exigencia de justicia por asesinatos y desapariciones forzadas sistemáticas en algunas regiones de nuestro País, además de respeto a derechos laborales, libertad para compañeros presos políticos entre muchas otras, que como pueden percibirse, no son prerrogativas sino exigencias de cumplimiento de derechos legítimos y resguardados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que ante la cerrazón de las instituciones de la Patria hemos acordado instalar un plantón permanente a partir del día 21 de septiembre del presente, frente a las instalaciones de la SEGOB con la exigencia de audiencia constitucional con la Secretaria Lic. Rosa Icela Rodríguez. Las demandas específicas de cada organización serán enumeradas por cada uno de nuestros compañeros dirigentes de las diferentes organizaciones participantes, en el marco de la conferencia de prensa que llevaremos a cabo para anunciar el itinerario de la jornada de lucha, que iniciará, como lo hemos mencionado, el próximo día 21 de septiembre de 2026. ¡Por solución a las demandas del pueblo! ILPS Capítulo México
CDMX, 13 de septiembre de 2026.- En un acto realizado en las instalaciones del Congreso de la Ciudad de México, fue inaugurado el curso “Formación de intérpretes y traductores de lenguas indígenas en los procesos del sistema judicial con enfoque intercultural”, con el objetivo de consolidar la justicia intercultural, esta iniciativa fortalecerá el perfil profesional de los intérpretes y traductores de lenguas indígenas. El plan formativo abarca herramientas técnicas de traducción e interpretación, el estudio de los sistemas normativos de los pueblos indígenas y el funcionamiento del sistema de justicia penal en la Ciudad de México, afirmó el Lic. Guillermo Alejo, integrante del Consejo Directivo de la Organización de Traductores, Interpretes Interculturales y Gestores en Lenguas Indígenas AC, promotor y uno de los coordinadores del curso. Explicó que este curso será impartido en 17 sesiones en un periodo de cuatro meses, desde OTIGLI en coordinación con el Instituto Formación Profesional y Estudios Superiores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México FGJCDMX, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas INALI, la Universidad de Lenguas Indígenas de la Ciudad de México ULIM, y la Secretaría de Pueblos, Barrios y Comunidades Indígenas Residentes SEPI. En el acto inaugural, que se realizó en el Salón Luis Donaldo Colosio del Congreso capitalino, estuvieron presentes representantes de las instituciones, autoridades comunitarias, representantes de organizaciones, intérpretes y traductores además de legisladores de la Ciudad de México. Cabe destacar que por iniciativa de los integrantes de los pueblos indígenas, desde hace más de dos décadas, la Organización de Traductores, Interpretes Interculturales y Gestores en Lenguas Indígenas AC, OTIGLI, se constituyó como un espacio de dialogo, construcción, encuentro, lucha y reconocimiento de los derechos lingüísticos y los sistemas normativos de los pueblos indígenas en el ámbito de procuración e impartición de justicia y con esto acceder de manera efectiva a la jurisdicción del Estado en la Ciudad de México. En el evento inaugural realizado en el Congreso de la Ciudad de México, el Lic. Guillermo Alejo, expreso también, que ante la eminente necesidad de contar con interpretes de lenguas indígenas capacitados “Nuestra comunidad ha tenido la necesidad de formar profesionalmente a los intérpretes y a peritos en el ámbito de procuración de justicia en coordinación con diversas instituciones con la finalidad de construir un dialogo intercultural y buscar mecanismos para atender la diversidad cultural y lingüística en esta Ciudad de México”. Después de reconocer la conformación de un equipo interciplinario para la gestión y la implementación de programas de capacitación en el interior de OTIGLI, finalmente expresó su confianza en que las acciones emprendidas en la CDMX para fortalecer la profesionalización de intérpretes y traductores de lenguas indígenas se hagan extensivas a las demás entidades federativas, favoreciendo así la consolidación de la justicia y el Estado de derecho en el país.
POR: MARTÍN LAZO CUEVAS FECHA: 7 de septiembre de 2026 En la larga historia de los colectivos de autoayuda y los anexos en México existe una sentencia popular que resuena como una advertencia inevitable: “Los grupos los abre Dios y los cierra un pendejo”. La frase sintetiza cómo iniciativas nacidas desde la necesidad, la fe o la solidaridad comunitaria terminan dinamitadas por la soberbia, el espectáculo y el desprecio por la ley. Para dimensionar el daño del presente hay que mirar la dignidad del origen. En los anales de los centros de rehabilitación en Baja California resalta la figura de Daniel López Flores, pionero e impulsor del primer centro en el noroeste de México. Bajo principios de profundo respeto a los derechos humanos y la reconstrucción personal, su legado consolidó instituciones que suman más de tres décadas de labor ininterrumpida. De ese esfuerzo germinaron redes nacionales que han dado respuesta real al dilema del alcoholismo y la drogadicción, sanando no solo a la persona con adicción, sino devolviendo la paz a sus familias y a la sociedad. Por ello, resulta un imperativo histórico señalar que las acciones deplorables de unos cuantos no representan a la totalidad de los cientos de directores, fundadores y promotores que hoy operan con ética. El impacto de los actos cometidos por el pastor Alexis, Jesús Ignacio “El Chiquilín”, la clínica Jireh y la llamada “Patrulla Espiritual” daña una causa legítima y mancilla el esfuerzo de un gremio noble. El contraste: Del rescate con dignidad al homicidio El caso de la clínica Jireh en Tijuana ha dejado de ser un fenómeno viral de TikTok para convertirse en una trama criminal que exhibe las grietas del sistema de salud y justicia en la entidad. Lo que comenzó mediáticamente con transmisiones en vivo de “levantones espirituales” terminó trágicamente con la muerte de “Richard”, un joven de 28 años cuyo cuerpo fue entregado por el Servicio Médico Forense con más de 40 lesiones y signos de asfixia mecánica. Dos encargados del lugar ya han sido detenidos, pero limitar la justicia a los ejecutores materiales sería un acto de ceguera institucional. La figura del garante: La responsabilidad del mando Desde la trinchera del análisis jurídico, la cúpula de la Patrulla Espiritual no puede deslindarse del homicidio argumentando que "ellos no soltaron los golpes". El Código Penal para el Estado de Baja California es claro respecto a la comisión por omisión y la posición de garante. Al asumir voluntariamente la custodia de una persona —más aún cuando el internamiento se ejecuta de manera coercitiva—, los directores del centro adquieren la obligación legal de tutelar su vida e integridad física. Entregar el control de los internos a “padrinos” sin formación, tolerar castigos corporales como método disciplinario y lucrar con el hacinamiento configura una omisión directa. El pastor Alexis y “El Chiquilín” son jurídicamente garantes de lo que ocurrió en esas habitaciones. Soberbia, agresiones y el fin de la impunidad viral A la tragedia del homicidio se suma la reacción de los líderes ante la intervención de las autoridades y la cobertura de la prensa local. Lejos de asumir responsabilidad o colaborar con las investigaciones, la respuesta de la Patrulla Espiritual fue el amedrentamiento y la agresión contra reporteros y la fuerza pública. Se asumieron por encima del Estado y al margen de la ética que instauraron los verdaderos pioneros del movimiento. Hoy, las acciones de Coepris, la Fiscalía estatal y las fuerzas federales han derivado en la clausura del inmueble y el aseguramiento de armas en el entorno del establecimiento. La fiscalía tiene en sus manos el precedente para ir más allá: aplicar la responsabilidad civil solidaria para la reparación del daño a los deudos y tipificar la privación ilegal de la libertad inherente a su modus operandi. La historia de Jireh no representa el modelo de rehabilitación fundado por figuras como López Flores; es el retrato de cómo la búsqueda de fama digital y la ausencia de regulación convierten a un centro en zona de impunidad. La ley en Baja California tiene las herramientas para sentar un precedente definitivo: la fe y las redes sociales no eximen de la responsabilidad penal ni del respeto irrestricto a los derechos humanos. Martín Lazo Cuevas Análisis y Opinión basado en derechos humanos y garantías individuales | Reporte México
Este artículo fue publicado originalmente en ARTICLE 19 Autor/a: ARTICLE 19 Artículo original: ARTICLE 19 Estado cubano hostiga a periodistas independientes y a su familia Licencia: Reutilizado bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 Ciudad de México 8 de septiembre de 2026.- ARTICLE 19 México y Centroamérica se une a las exigencias del Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP y condena los actos de hostigamiento contra los periodistas independientes Yunia Figueredo Cruz y Frank Correa, y expresa su profunda preocupación por la reciente extensión de las agresiones a su hija mayor. Según la información del ICLEP, la pareja ha sido objeto de al menos 22 actos de hostigamiento en poco más de un año. Esto incluye actos de vigilancia en su domicilio, cortes selectivos de telecomunicaciones, así como detenciones arbitrarias, citaciones extrajudiciales, entre otras. Recientemente el ICLEP reporta la visita de agentes de seguridad a la facultad universitaria de su hija para advertirle sobre “su futuro académico”- Estos actos demuestran procesos de hostigamiento no sólo contra quienes ejercen su labor periodística, sino contra sus familias. Estos patrones violentan de manera flagrante el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que garantizan el derecho a buscar, recibir y difundir información sin injerencia del Estado. El seguimiento en un espacio de educación superior como instrumento de coacción política contra un familiar no vinculado al ejercicio periodístico es particularmente inaceptable y constituye una forma de castigo colectivo y vulnera no sólo el derecho a la libertad de expresión, sino que puede provocar un impacto en el derecho a la educación. En vista de lo anterior, ARTICLE 19 se une al llamado del ICLEP y: Exige a las autoridades cubanas el cese inmediato de toda forma de vigilancia, hostigamiento y represalia contra Figueredo, Correa y su familia. Exhorta a la comunidad internacional, incluidos los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas y del sistema interamericano, a dar seguimiento urgente a este caso.
Por Redacción CIUDAD DE MÉXICO. La Arquidiócesis Primada de México conmemora 496 años de su erección canónica. Fundada originalmente como Diócesis de México el 2 de septiembre de 1530 por la bula Sacri Apostolatus del Papa Clemente VII, la institución eclesiástica cumple casi cinco siglos como eje espiritual, histórico y social en el país. Nueve años después de la caída de Tenochtitlan, el fraile franciscano fray Juan de Zumárraga asumió como el primer obispo de esta jurisdicción. Años más tarde, el 12 de febrero de 1546, el territorio fue elevado al rango de Arquidiócesis, convirtiendo a Zumárraga en su primer arzobispo y consolidando a la Catedral Metropolitana como su sede litúrgica. En la actualidad, la demarcación acompaña pastoralmente a millones de fieles en la capital mexicana. Su fisonomía territorial ha experimentado reestructuraciones recientes para garantizar una atención comunitaria más cercana, como la creación en 2019 de las diócesis de Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco, las cuales conforman, junto a la Sede Primada, la Provincia Eclesiástica de México. Bajo el liderazgo de su actual arzobispo primado, el Cardenal Carlos Aguiar Retes, la comunidad diocesana inicia una etapa de preparación pastoral en el marco de la ruta rumbo a su quinto centenario en 2030. Las celebraciones conmemorativas reafirman el compromiso de la Iglesia local con la asistencia social, la labor comunitaria y el diálogo social en la Ciudad de México.
XALAPA, VERACRUZ. La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió 12 medios de impugnación durante su sesión pública del 9 de septiembre, correspondientes a seis juicios de la ciudadanía, cuatro juicios generales y dos juicios de revisión constitucional. El pleno determinó sustancialmente fundada la omisión del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY) respecto a la falta de emisión de la resolución sobre el pago de dietas al comisario municipal de Kantirix, en el municipio de Yaxcabá (SX-JDC-291/2026). El órgano jurisdiccional instruyó al tribunal local a culminar la sustanciación y emitir la sentencia correspondiente, tras constatar una dilación procesal sin justificación objetiva. En contraste, declaró infundados los señalamientos de omisión contra el mismo tribunal local respecto al seguimiento de las medidas de apremio solicitadas en el caso (SX-JDC-295/2026), debido a que solo transcurrieron cuatro días hábiles entre la emisión de las medidas y la demanda federal. En materia de violencia política por razón de género, la Sala confirmó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) que sancionó al exsecretario municipal y al exsecretario de la comunidad del Centro de Mazatlán Villa de Flores (SX-JDC-293/2026). Las sanciones quedaron firmes al haber sido calificadas previamente como leves y encontrarse los infractores inscritos en el registro de personas sancionadas. En otros asuntos del estado de Oaxaca, el magistrado confirmó el libramiento del TEEO que desechó la demanda sobre omisiones en el desempeño de regidoras en Santa Lucía del Camino (SX-JDC-299/2026), por falta de interés jurídico de la promovente. Respecto a la redistribución del financiamiento público para el segundo semestre de 2026 aprobada por el IEEPCO ante el registro de dos nuevos partidos (SX-JRC-10/2026 y acumulado), el tribunal ratificó la validez del acuerdo impugnado por Nueva Alianza Oaxaca y el PRD. En relación con el estado de Veracruz, la Sala confirmó la sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) sobre el pago de remuneraciones a una autoridad auxiliar del Ayuntamiento de Acultzingo desde el 1 de mayo de 2026 (SX-JDC-300/2026), tras verificar que el órgano local sí analizó la pretensión y ordenó la cobertura de los adeudos previa modificación presupuestal. Finalmente, el pleno revocó la resolución del Tribunal Electoral de Tabasco relacionada con una sanción al PRD por actos anticipados de campaña atribuidos al presidente de su Comité Ejecutivo Estatal (SX-JG-88/2026 y acumulado), y revocó parcialmente un acuerdo del Tribunal Electoral del Estado de Campeche (SX-JG-86/2026) para ordenar el reencauzamiento de un escrito desechado. Asimismo, confirmó la resolución del Tribunal Electoral de Quintana Roo que revocó medidas cautelares dictadas contra la alcaldesa de Isla Mujeres por la aparición de menores en redes sociales (SX-JG-87/2026).
CIUDAD DE MÉXICO. La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen que modifica la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas. El órgano legislativo, presidido por la diputada Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna, validó el documento durante su sesión ordinaria para permitir la integración coherente del ordenamiento al sistema jurídico. La resolución busca corregir errores de numeración, delimitar las porciones normativas reformadas, ajustar la sintaxis de la ley y eliminar un artículo transitorio. La modificación legal no establece nuevas competencias para las autoridades, no altera las obligaciones sustantivas de las instituciones existentes ni implica la asignación de recursos presupuestarios adicionales. En la misma jornada, la comisión desechó seis iniciativas de modificación a diversos marcos normativos al votar sus respectivos dictámenes en sentido negativo. Entre las propuestas rechazadas se encontraba un proyecto para reformar la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, enfocado en prevenir la discriminación hacia el personal del Sistema Nacional de Salud. De igual forma, el grupo parlamentario desestimó cuatro iniciativas vinculadas a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas. Dichas propuestas contemplaban el establecimiento de mecanismos de investigación rápida, procedimientos de búsqueda inmediata para mujeres, adolescentes y niñas, así como modificaciones a los artículos 5, 12 Duodecies Bis, 89 y 89 Bis del citado cuerpo legal. Por último, los legisladores votaron en sentido negativo la propuesta de reforma a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la cual planteaba el reconocimiento a colectivos y personas dedicadas a la búsqueda de personas no localizadas.
El incremento constante de los casos de suicidio en México se ha consolidado como un problema crítico de salud pública. Durante la última década, las cifras de lesiones autoinfligidas han mantenido una tendencia al alza, transformándose en una crisis social que afecta prioritariamente a las generaciones más jóvenes del país. Las estadísticas oficiales reflejan una concentración alarmante en sectores específicos de la población. La tasa más alta de muertes por suicidio se registra en el grupo de 15 a 29 años, ubicándose como la segunda causa de muerte en este rango de edad. Las personas de más de 65 años representan el segundo grupo con mayor nivel de riesgo, impactados principalmente por el aislamiento, la soledad y el padecimiento de enfermedades crónicas. Respecto a la brecha de género, los hombres concentran aproximadamente el 80% de los decesos consumados, mientras que las mujeres registran una mayor frecuencia en intentos de suicidio no fatales. Especialistas señalan que el fenómeno es multifactorial y responde a una combinación de presiones emocionales, psicosociales y económicas. Destacan los trastornos de salud mental no atendidos como la depresión profunda y la ansiedad severa sin diagnóstico ni tratamiento adecuado, frecuentemente acompañados por el abuso de sustancias. A esto se suma la presión socioeconómica por la precariedad laboral, la falta de oportunidades de desarrollo académico o profesional y la inestabilidad financiera. Asimismo, las dinámicas sociales influyen de manera determinante a través de conflictos familiares, episodios de violencia, acoso escolar o cibernético, rupturas amorosas y la pérdida del sentido de pertenencia por el aislamiento digital. Reconocer a tiempo las manifestaciones de riesgo en un familiar o conocido es determinante para prevenir una tragedia. Entre las principales pautas de comportamiento se encuentran las expresiones verbales con afirmaciones frecuentes sobre la desesperanza, la inutilidad o el deseo de desaparecer, utilizando frases como "estaría mejor sin mí" o "ya no voy a ser una molestia". En el ámbito conductual, es común observar un aislamiento repentino de amigos y familiares, abandono de actividades habituales, la regalía inexplicable de pertenencias valiosas o la búsqueda de métodos letales. En el aspecto emocional, destacan las modificaciones drásticas en el estado de ánimo, caracterizadas por una tristeza profunda o una repentina e injustificada calma tras un periodo depresivo. Finalmente, en el plano físico se suelen presentar desórdenes severos en los hábitos de sueño y cambios drásticos e inexplicables en el peso o la alimentación. Si detectas alguna de estas señales en ti o en alguien cercano, puedes comunicarte de manera gratuita y confidencial a las líneas de atención abiertas las 24 horas. La Secretaría de Salud pone a disposición la Línea de la Vida en el 800 911 2000, el apoyo psicológico de SAPTEL en el 55 5259 8121, así como el número general de emergencias 911.
Contempla incrementos en educación de 10.7 por ciento; en ciencia de 13 por ciento; salud de 11.3 por ciento; seguridad de 11.5 por ciento, y en campo de 20.6 por ciento. Además, se garantizan todos los Programas para el Bienestar 09 de septiembre de 2026 “Es un Paquete Económico responsable. No se está endeudando al país, como luego quieren decir. No hay nuevos impuestos, como luego también estuvieron informando hace unos días, eso es falso. Sencillamente evitar la evasión fiscal y seguir garantizando el presupuesto para la gente”, puntualizó El Paquete Económico contempla cinco pilares: crecimiento de más de 2 por ciento; protección a los Programas para el Bienestar y proyectos prioritarios e inversión pública; fortalecimiento de los ingresos con medidas para combatir a las factureras y la evasión fiscal; se avanza con la austeridad republicana; y reducción paulatina y responsable del déficit La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que el Paquete Económico 2027 contempla finanzas públicas responsables para garantizar el bienestar del pueblo de México; por ello, no contempla nuevos impuestos, ni gasolinazos, mantiene los incentivos del Plan México y prevé mecanismos para evitar la evasión fiscal. “Es un Paquete Económico responsable. No se está endeudando al país, como luego quieren decir. No hay nuevos impuestos, como luego también estuvieron informando hace unos días, eso es falso. Sencillamente evitar la evasión fiscal y seguir garantizando el presupuesto para la gente. Ese es el Paquete Económico”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”. Explicó que continúan los estímulos para mantener el precio de la gasolina y el diésel, en caso de que sigan creciendo los precios del petróleo. Además, está garantizado el pago a los trabajadores del Gobierno, incluidos los organismos autónomos, y se aumenta el presupuesto en la inversión en beneficio de las mexicanas y mexicanos: en educación, 10.7 por ciento; en ciencia, 13 por ciento; salud, 11.3 por ciento; seguridad, 11.5 por ciento, y en campo 20.6 por ciento. Asimismo, puntualizó, se garantiza el presupuesto para todos los Programas para el Bienestar con un incremento por encima de la inflación. Destacó que en el gobierno de Enrique Peña Nieto la deuda de Pemex se incrementó de 64.3 a más de 113 mil millones de dólares (mdd) para apalancar el gasto público, lo que dejó de hacerse a partir de la llegada del expresidente Andrés Manuel López Obrador y continúa actualmente, lo que ha permitido reducir los pasivos de la petrolera en más de 20 mil mdd, mantener finanzas sanas, una reducción paulatina del déficit y garantizar la inversión. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, detalló que el Paquete Económico 2027 está conformado por cinco pilares: Meta de crecimiento de más de dos por ciento que fortalece la generación de empleo y el bienestar de las familias mexicanas. Se protegen: los Programas del Bienestar, proyectos prioritarios y la inversión pública. Se garantizan participaciones a entidades federativas y pago de la deuda. Se fortalecen los ingresos con medidas para combatir a las factureras y la evasión fiscal. Gasto más eficiente: Se avanza con la austeridad republicana, se priorizan recursos hacia los proyectos y programas de mayor impacto social y económico. Disciplina fiscal: Reducción paulatina y responsable del déficit. Destacó que hay un crecimiento, en términos reales, de 3.9 por ciento en los ingresos presupuestarios; de 5.9 por ciento en los ingresos tributarios; de 3.7 de los no tributarios; de 0.7 por ciento en el gasto neto total; de 1 por ciento del gasto programable; de 0.2 en el no programable; y de 0.5 por ciento en el Balance Primario. A su vez se destina más de un billón de pesos en los Programas para el Bienestar, el déficit disminuyó a 3.9 por ciento del PIB y la deuda se mantiene estable hasta el 2030. El titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, explicó que ayer 8 de septiembre se envió la iniciativa de ingresos al Congreso de la Unión en la que se contempla: el combate a las factureras y a la evasión fiscal; controles específicos contra la evasión del pago del Impuesto sobre la Renta (ISR); mecanismos de control del IEPS de gasolinas y diésel; continuidad del Programa de Regularización Fiscal y simplificación fiscal para micro y pequeñas empresas. Informó que para este 2026, el cierre representa 15.4 por ciento en relación al Producto Interno Bruto (PIB), el mayor porcentaje obtenido de todos los ingresos tributarios; asimismo, mencionó que del 2019 al 2026, sin reforma fiscal, hubo un incremento de 2.7 billones de pesos, contrario a lo que sucedió del 2013 al 2018, periodo en el que el aumento fue de 1.5 billones de pesos con reforma fiscal, por ello, señaló que el Gobierno de México ha sido contundente en combatir la evasión fiscal, simplificar el sistema tributario y en promover la justicia fiscal, derivado de esto se han alcanzado montos históricos de recaudación sin condonaciones y sin reformas fiscales. El director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Jorge Alberto Mendoza Sánchez, puntualizó que para el 2027 se estiman ingresos tributarios y no tributarios por 6 billones 995 mil millones de pesos, lo que permitirá que el Gobierno de México tenga un presupuesto de 3 billones 493 mil millones de pesos, de los que 1.1 billones de pesos se proyectan destinar a Programas para el Bienestar; en tanto que 3 billones 502 mil millones de pesos se estiman para pensiones, intereses, pago de la deuda y participaciones de los estados. Informó que en el Paquete Económico 2027 se pondrá más énfasis en lo que se gasta, por ello se buscará que haya menos duplicidades y más recursos a prioridades; pensiones sostenibles a través de una revisión de los esquemas; y asegurar que los recursos se manejen de la mejor manera. Al mismo tiempo se continuará trabajando para mejorar las condiciones financieras de la deuda y reducir la presión que representa para las finanzas públicas. Anunció que se implementa el Plan de Inversión de Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar que contempla 5.7 billones de pesos de 2026 a 2030, de los cuales más de la mitad están destinados a energía, pero también se invertirá en trenes, carreteras, puertos, obras de agua, salud y vivienda. Finalmente, señaló que México está reduciendo sus necesidades de financiamiento, se estima un crecimiento de 1.5 a 2.5 por ciento en 2027, por lo que aseguró que con el Paquete Económico 2027 se busca tener finanzas públicas sanas para crecer, invertir y mejorar el bienestar de las familias mexicanas.