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Ordena TEPJF al INE endurecer el control sobre observadores electorales y cruzar datos locales

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CIUDAD DE MÉXICO — La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó por unanimidad el acuerdo INE/CG574/2026 del Instituto Nacional Electoral (INE), al determinar que los filtros de verificación para la acreditación de observadores electorales resultan insuficientes para el proceso concurrente 2026-2027. La máxima autoridad electoral mandató al organismo nacional incluir los registros de servidores públicos de los órdenes estatal y municipal, fijar plazos procesales delimitados y regular la cancelación de acreditaciones en caso de irregularidades posteriores.

El fallo responde a las impugnaciones presentadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC). Ambos institutos políticos argumentaron que el INE limitó la revisión de impedimentos a la Base de Datos Federal de Servidores de la Nación, omitiendo a funcionarios locales y operadores de programas sociales de los estados y municipios, además de no establecer reglas claras ni plazos específicos para garantizar el derecho de audiencia cuando se detecten coincidencias.

A propuesta del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, el pleno declaró fundados los agravios al considerar que el impedimento legal abarca a los tres órdenes de gobierno. Por ello, el TEPJF dictaminó que el INE no puede restringir la compulsa a padrones federales y debe gestionar e incorporar las bases de datos locales correspondientes para dar efectividad a la restricción.

Asimismo, la sentencia obliga al INE a establecer un procedimiento claro con plazos concretos diferenciados tanto para la etapa de solicitud como para el periodo posterior a la entrega de la acreditación. En el mismo dictamen, el órgano jurisdiccional confirmó la idoneidad general del mecanismo institucional de verificación y desestimó las objeciones sobre su eficacia técnica.

El Instituto Nacional Electoral deberá modificar los lineamientos e incorporar las nuevas bases de consulta a más tardar en su última sesión ordinaria de octubre de 2026. La resolución vincula formalmente a las autoridades federales, estatales y municipales a proporcionar la información requerida, obligando al INE a notificar el cumplimiento de la sentencia dentro de las 24 horas siguientes a su ejecución.
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