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Choque en San Lázaro por reformas al Código Penal y Ley de Propiedad Industrial; la oposición advierte censura y el oficialismo lo niega

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CIUDAD DE MÉXICO — Diputadas y diputados de las seis bancadas en la Cámara de Diputados debatieron en tribuna sobre el dictamen que modifica el Código Penal Federal y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. El proyecto busca ampliar las sanciones en materia de propiedad intelectual, combatir el fraude digital y armonizar la legislación nacional con los compromisos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Durante el debate, legisladores de los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Verde Ecologista (PVEM) aseguraron que las modificaciones no buscan coartar la libertad de expresión ni perseguir la sátira política o las manifestaciones en redes sociales. Representantes del oficialismo argumentaron que los cambios legales castigan conductas a escala comercial como la falsificación, la piratería, la suplantación de identidad institucional y el uso ilícito de dominios oficiales para cometer fraudes.

Por su parte, las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) adelantaron su voto en contra y sostuvieron que la redacción del dictamen, en particular la del artículo 403 Bis, resulta ambigua. Integrantes de la oposición manifestaron que la norma podría utilizarse como un mecanismo de intimidación o persecución contra periodistas, moneros, creadores de contenido y ciudadanía crítica.

Representantes del PRI señalaron que durante el trabajo en comisiones solicitaron incluir un párrafo explícito que salvaguardara la parodia, el periodismo y la caricatura política de cualquier sanción penal, propuesta que no fue incorporada al texto final. En tanto, diputados de Movimiento Ciudadano calificaron la iniciativa como una medida que genera inhibición y anunciaron la réplica de su voto en contra, tal como ocurrió previamente en la Cámara de Senadores.

Legisladores del grupo mayoritario reiteraron que la reforma garantiza la certeza jurídica para autores y emprendedores al sustituir el criterio de ánimo de lucro por el de escala comercial, con el objetivo de establecer parámetros objetivos para la persecución de delitos informáticos y de derechos de autor.
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