MARTÍN LAZO CUEVAS: El peso de la ley sin dobleces

Resguardar al ciudadano de bien como prioridad innegable del Estado

Por: Martín Lazo Cuevas

Nuestra sociedad atraviesa un periodo de profunda frustración e indignación. Día con día, el debate público se ve inundado por reclamos enérgicos sobre la garantía de los derechos humanos de quienes quebrantan la ley, ejecutan actos de violencia o despojan a otros de su vida y patrimonio. Frente a esta escena, surge una pregunta que clama por una respuesta categórica: ¿en qué momento la balanza procesal comenzó a inclinarse hacia la protección del agresor, mientras el dolor de la víctima quedaba relegado a un segundo plano?

La respuesta no radica en desmantelar el Estado de derecho, sino en corregir una miopía institucional que ha invertido el orden natural de las cosas. La verdadera impartición de justicia no empieza en el banquillo de los acusados ni en el expediente de la defensa; nace en la realidad material e irreversible del daño provocado.

El error medular del sistema procesal contemporáneo es tratar el delito como una abstracción técnica o una controversia simétrica. Ignorar la génesis de la agresión es una forma de violencia institucional. Entre el victimario y la víctima existe una frontera moral e insalvable. Por un lado, el criminal ejerce su voluntad: quien decide cometer un delito actúa con cálculo, avanza un paso a la vez y cruza conscientemente la línea de la legalidad. Al hacerlo, asume el riesgo de destruir a otros y acepta implícitamente la responsabilidad de responder ante la ley. Por otro lado, la víctima no elige: es arrastrada por la fuerza o la perversidad ajena a una condición de sufrimiento que jamás buscó. Su pérdida, su angustia y la fractura de su proyecto de vida no son hipótesis de trabajo, sino hechos consumados.

Tratar la audiencia como si la historia comenzara en el momento del arresto revictimiza a quien padeció la atrocidad. El daño causado debe ser el sello permanente y la carátula ineludible que guíe cada etapa de la diligencia judicial. Frente al enfoque burocrático tradicional que prioriza el formalismo procesal y la cobertura legal inmediata para el detenido, la verdadera justicia imparcial exige el reconocimiento del hecho material y la protección prioritaria a quien sufrió el delito.

Esta distorsión ha dejado al descubierto una falla estructural aún más grave: el diseño mismo del Estado se encuentra mutilado e incompleto. Se ha erigido un robustado aparato penitenciario e institucional volcado exclusivamente a procesar, resguardar y juzgar al imputado, pero se ha olvidado de edificar una institución simétrica y con la misma fuerza presupuestal dedicada en cuerpo y alma a la protección, cobijo y alivio de las víctimas. Si el Estado invierte recursos y estructura en procesar al acusado para determinar su responsabilidad o libertad, tiene la obligación innegable de crear un verdadero sistema nacional de respuesta para las víctimas. Un sistema que garantice sus derechos humanos, vele por sus garantías individuales y le brinde la defensa, el sustento y el alivio integral ante el dolor, la pérdida o el quebranto que un tercero le infligió. La justicia no puede consistir únicamente en construir cárceles para el victimario mientras se deja en la orfandad institucional a quien padeció el crimen.

Para que el mensaje sea pedagógico y el aparato estatal recupere su legitimidad ante una sociedad hambrienta de certidumbre, la política criminal y el marco de derechos deben reestructurarse bajo principios claros. En primer lugar, la centralidad y prioridad de la víctima debe traducirse en la creación de esta institucionalidad de atención integral y reparación, evitando que sea tratada como un mero trámite secundario. En segundo lugar, debe existir proporcionalidad en la sanción, pues el sistema no puede responder con tibieza ante quien actuó con plena indiferencia hacia los derechos ajenos; la pena debe ser severa, efectiva y directamente proporcional a la gravedad de la conducta. En tercer lugar, la responsabilidad y la ética comunitaria exigen que la verdadera empatía social empiece con el reconocimiento del agravio, orientando cualquier respaldo institucional hacia la búsqueda de la verdad, el alivio y la restitución del quebranto ocasionado.

El reto de nuestra época es librar al sistema de la insensatez y la ceguera. Los derechos humanos no pueden operar como un escudo de impunidad ni como una patente de corso para la perversidad. Una sociedad respetuosa de la ley exige que el Estado cumpla su función primordial: resguardar a los ciudadanos de bien y asegurar que el peso de la ley caiga, sin dobleces, sobre quienes deciden destruirla.