GRUPO MINARETE condena “manejo mediático” en detención de Ernesto Ruffo; exige frenar uso político de la justicia

REPORTE MÉXICO. 18 de julio de 2025.— El Grupo Minarete, una de las agrupaciones civiles de empresarios y profesionistas más influyentes en Baja California, emitió un enérgico posicionamiento oficial tras la detención y procesamiento del exgobernador Ernesto Ruffo Appel. El bloque acusó a las autoridades de violar el debido proceso a través de una exhibición pública desproporcionada y exigió que el caso no sea utilizado con fines electorales o como cortina de humo.

A través de un documento firmado por sus integrantes fundadores y líderes de opinión en el estado, la agrupación plural fijó una postura contundente dividida en cuatro ejes principales de exigencia legal:

1. Violación a la presunción de inocencia
El organismo reprochó severamente la difusión y el manejo que las autoridades federales le dieron a la captura y traslado de Ruffo Appel. Señalaron que el presentarlo mediáticamente bajo una supuesta condición de culpabilidad transgrede los principios de legalidad y equidad procesal. "Lo que debe prevalecer en todo momento es el principio de presunción de inocencia", apuntaron.

2. Incumplimiento de jurisprudencia de la Suprema Corte
Grupo Minarete recordó que existen precedentes obligatorios dictados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que prohíben estrictamente a las corporaciones policiacas y fiscalías exponer a los detenidos ante la opinión pública. Calificaron de "burda exposición" las imágenes y reportes de su traslado, acusando que se violaron los protocolos internacionales de conducción de detenidos.

3. Exigencia de debido proceso
Hicieron un llamado para que la procuración e impartición de justicia en el caso penal se efectúe de manera profesional, con estricto apego a los derechos humanos y en un marco de equidad que garantice la debida defensa del exmandatario.

4. No al uso de las instituciones como herramientas de persecución
La agrupación demandó que las leyes se apliquen de manera igualitaria para toda la ciudadanía, advirtiendo el riesgo de que la justicia sea manipulada con sesgos políticos. Exigieron de forma directa evitar el uso de las instituciones de procuración de justicia como "instrumentos de persecución o de distracción".

Alerta por crisis de confianza institucional y selectividad
En el cuerpo de su manifiesto, la organización advirtió que tanto Baja California como México atraviesan una delicada crisis en materia de credibilidad pública y confianza institucional. Por ello, instaron a las fiscalías a actuar con la misma diligencia, rapidez e imparcialidad en otros asuntos de alto perfil e interés público, particularmente aquellos donde existen señalamientos e investigaciones de carácter internacional que involucran a servidores públicos que hoy se encuentran en funciones.

"Hacemos un llamado para que este asunto no desvíe la atención de otros casos de alta relevancia que también demandan una actuación pronta y objetiva por parte de las autoridades competentes. Rechazamos toda práctica selectiva de la procuración de justicia".

El posicionamiento se encuentra respaldado formalmente por la coordinadora de la agrupación, Lic. Hilda Margarita Salcido Moreno; el tesorero, Lic. Mario Favela; así como notables figuras del ámbito empresarial, académico y político del estado, entre quienes destacan el exalcalde Héctor Osuna Jaime, Juan Marcos Gutiérrez, Carolina Aubanel, René Mendívil, Carlos Barbosa, David Moreno y Pedro Ochoa Palacio, entre otros firmantes.