BAJA CALIFORNIA: Así opera el “Cártel de los Profesores” en Tijuana; acusan fraude millonario con cuotas escolares

TIJUANA, B.A. – Lo que inició como una solicitud individual de rendición de cuentas por parte de una madre de familia ha terminado por destapar una presunta y compleja red de corrupción incrustada en el Sistema Educativo Estatal de Baja California. Denominado de manera local como el “Cártel de los Profesores”, este esquema de desvío de recursos opera presuntamente bajo la imposición de cuotas obligatorias de inscripción que los propios afectados comparan, por su nivel de exigencia, con un "cobro de piso" institucionalizado.

El epicentro de la denuncia pública se localiza en la Secundaria Número 102, ubicada en la comunidad de Ojo de Agua, en la Zona Este de Tijuana. Sin embargo, testimonios apuntan a que esta práctica podría estar replicándose de forma sistemática en planteles de todos los niveles de la educación pública en la entidad.

El "Contralor": El recolector clave de la operación
De acuerdo con los datos recabados, el esquema cuenta con una figura central: el Contralor del plantel. Esta persona es el encargado directo de recibir el dinero en efectivo que las familias entregan bajo el concepto de “cuota de inscripción”, una suma que actualmente asciende a 450 pesos por alumno. Con una matrícula aproximada de mil estudiantes y operando bajo esta modalidad desde hace al menos cuatro años, se estima que el monto del presunto fraude en esta sola institución podría alcanzar los dos millones de pesos.

El principal agravante radica en que el manejo de dicho efectivo viola abiertamente el Instructivo para la Contraloría de las Escuelas Secundarias de la propia Secretaría de Educación.

Según el marco normativo vigente del estado:

Uso de recibos oficiales: El Artículo 1 dictamina que todo ingreso debe estar amparado bajo recibos oficiales autorizados por la Inspección Escolar.

Prohibición de talones: El Artículo 2 prohíbe explícitamente recibir dinero mediante talones informales, obligando a entregar copias al carbón foliadas y ordenadas progresivamente.

Falta de transparencia: El Artículo 3 detalla que los recibos impresos por la imprenta autorizada deben contener obligatoriamente el sello de la escuela, la firma del contralor, el nombre del destinatario, el concepto claro y la cantidad con letra y número. Ninguno de estos filtros se cumple rigurosamente en las recaudaciones señaladas.

Cuentas mancomunadas en el olvido
El reglamento estipula además, en su Artículo 16, que el dinero no debe permanecer en manos de un individuo, sino que se debe aperturar una cuenta bancaria a nombre del plantel con tres firmas mancomunadas indispensables: la del Director, el Subdirector y el Contralor, siendo la del director invariable para cualquier retiro.

La comunidad escolar señala que lo ideal —y legal— es que los padres de familia realicen sus depósitos directamente en una institución bancaria para transparentar los recursos, eliminando por completo la recaudación manual del Contralor.

Red de complicidades y opacidad institucional
La opacidad del caso se extiende hacia los altos mandos del plantel. Actualmente, la Secundaria 102 carece de directivo, luego de que el exdirector fuera removido y trasladado a otra institución educativa en la región, donde presuntamente ya se registran nuevas inconformidades y protestas por parte de los padres debido al manejo administrativo. Los denunciantes advierten que el nivel de protección de este esquema sugiere la colusión de la supervisión escolar e instancias superiores dentro del Sistema Educativo Estatal.

A pesar de que la solicitud formal de rendición de cuentas fue interpuesta desde el pasado 12 de mayo, las autoridades educativas han guardado hermetismo absoluto y no han emitido respuesta alguna. De igual forma, las denuncias públicas no han provocado la intervención de la Fiscalía General del Estado para deslindar responsabilidades penales.

Reporte México mantendrá abierta la investigación de este caso, exigiendo el derecho a la transparencia y a una educación pública verdaderamente gratuita y libre de extorsiones para las familias de Baja California.

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